Julio ha sido el mes de la presidencia rotatoria de la Federación de Rusia en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Un agravio más a la ya existente indignación sobre el conflicto de intereses por el que los voceros del Kremlin participan y votan en los debates motivados por la guerra que mantienen contra Ucrania.
Pero, desde luego, la cuestión que más duda genera es la legalidad por la que Rusia ocupa el lugar y el derecho a veto de la Unión Soviética en el Consejo de Seguridad y todo el sistema de la ONU.
El segundo capítulo de la Carta de las Naciones Unidas diferencia entre sus Miembros originarios o fundadores, que son 51, y “todos los demás Estados amantes de la paz que acepten las obligaciones consignadas en esta Carta y que, a juicio de la Organización, estén capacitados para cumplir dichas obligaciones y se hallen dispuestos a hacerlo”. Sobre estos siguientes se dice así: “la admisión de tales Estados como Miembros de las Naciones Unidas se efectuará por decisión de la Asamblea General a recomendación del Consejo de Seguridad”.
El 21 de diciembre de 1991, los presidentes de 11 de las 14 repúblicas soviéticas se reunieron en Almá-Atá, Kazajistán, para reafirmarse en su voluntad de disolver la Unión Soviética creando en su lugar la Comunidad de Estados Independientes. Una de las primeras decisiones de la CEI firmadas aquel día hacía referencia a la membresía de las repúblicas en las organizaciones internacionales. Primeramente, en la consideración de aquella decisión, se establecía que “los miembros originarios de la ONU fueron la República de Belarús, la URSS y Ucrania”.
Es decir, Rusia (entonces, República Socialista Federativa Soviética de Rusia) no es un miembro originario de las Naciones Unidas. Sin embrago, el primero de los dos puntos de aquella decisión rezaba que “los Estados de la Comunidad apoyan a Rusia en que continúe la membresía de la URSS en la ONU, incluyendo la membresía permanente en el Consejo de Seguridad, así como en otras organizaciones internacionales”. El otro punto de la decisión fijaba que Belarús, Rusia (presumiendo su membresía) y Ucrania favorecerán la admisión a la ONU del resto de las repúblicas postsoviéticas que integran la CEI.
Lo cierto es que ese apoyo interno de la agrupación postsoviética al propósito de la “continuidad” rusa no pudo haber sustituido al antes citado régimen de admisión que fija la Carta de las Naciones Unidas.
En efecto, es una cuestión que debió haberse tratado en primera instancia en el Consejo de Seguridad, cuya presidencia rotatoria mensual entonces correspondía a... la Unión Soviética. Con pleno conflicto de intereses y desprecio por el procedimiento, en la reunión del 24 de diciembre de 1991, el representante permanente de la URSS ante la ONU, Yuli Vorontsov simplemente informó a los demás miembros del Consejo que en lo sucesivo deja de ser el embajador soviético y pasa a ser el embajador ruso. Así, horas antes de la Nochebuena, la bandera roja fue sustituida en la sede la ONU por el tricolor ruso.
Sin que se posibilitara discusión de ningún tipo, el asunto se cerró como un hecho consumado tan solo al amparo de la carta que ese mismo día 24 de diciembre de 1991, el presidente Boris Yeltsin envió al Secretario General de la ONU Javier Pérez de Cuellar afirmando que “la membrecía de la URSS en la ONU, incluyendo el Consejo de Seguridad, será continuada por la Federación de Rusia (R.S.F.S.R.)” y solicitando que “el nombre de Federación Rusa se utilice en las Naciones Unidas en vez del nombre Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas”. Tan solo al día siguiente, en la Navidad de 1991, Mijaíl Gorbachov dimitiría como presidente de la URSS.
El cinismo de esta actuación se vislumbra mejor comparando el que los rusos aplicaron para sí aquello que tan solo unos meses más tarde negarían a los yugoslavos.
En efecto, en 1945, la República Federal Socialista de Yugoslavia estuvo entre los fundadores de la ONU. Su capital era Belgrado. Pero, en 1992, con la separación de varias repúblicas, Belgrado se reconstituyó en la capital de la República Federativa de Yugoslavia. El cambio fue básicamente ideológico y de extensión territorial, pero Yugoslavia (R.F.) fue vedada de ocupar el asiento de Yugoslavia (R.F.S.) en las Naciones Unidas por decisión del Consejo de Seguridad y, de hecho, no fue admitida por la Asamblea General hasta el año 2000. Algo parecido ocurrió con Checoslovaquia: las repúblicas checa y eslovaca tuvieron que ser votadas como nuevos miembros.
Así, con la usurpación rusa del asiento soviético, cada uno de los miembros de las Naciones Unidas fue privado de la voz y el voto que le garantiza la Carta para decidir sobre un nuevo miembro de la organización y la configuración de la misma.
No es menos cierto que, en el aquel entonces, de hacerse las cosas conforme al derecho internacional, la Asamblea de la ONU no solo pudiera aceptar Rusia como miembro de la organización, sino también –por mayoría de dos tercios– hacerle miembro permanente del Consejo de Seguridad con una enmienda a la Carta que requeriría de la ratificación por los parlamentos nacionales. Pero, en tanto no se siguió el procedimiento que ordena nuestro sistema de seguridad mundial, la participación de Rusia en la ONU y, particularmente, su apropiación del derecho a veto en el Consejo de Seguridad es ilegítima.
Tres décadas después, sigue siendo un asunto espurio, toda vez que la Secretaría General de la organización no hace públicos los documentos obrantes de aquel año 1991. Particularmente, los informes de la Oficina de Asuntos Jurídicos al entonces Secretario General Javier Pérez de Cuellar sobre el único mecanismo legalmente posible para que un nuevo Estado adquiera la membrecía en la ONU: una votación en la Asamblea General.
En definitiva, la próxima vez que vean una imagen del letrero “Federación de Rusia” en la ONU, sepan: no está bien.
Si fuéramos a enmendar ahora esta situación, si nos propusiéramos algo tan revolucionario como cumplir el derecho internacional, la primera cuestión sería si se comprueban sobre ese país los requisitos que la Carta de las Naciones Unidas establece para la admisión como miembro. ¿Hay quien puede sostener en conciencia que Rusia, con su régimen agresor y genocida, es hoy un Estado amante de la paz que está dispuesto a cumplir con las obligaciones internacionales?
*Sergiy Kyslytsya, Embajador, Representante Permanente de Ucrania ante la ONU
*Oksana Dramaretska, Embajadora de Ucrania en México
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