La Universidad Pública agoniza por la motosierra a los salarios

En marzo de este año las universidades públicas debieron lanzar una campaña para advertir que peligraba su funcionamiento si no se modificaba la partida de recursos asignados por el Estado nacional, ya que estaban funcionando con un presupuesto elaborado en septiembre de 2022.

Las autoridades nacionales atacaban a las universidades públicas al calificarlas como centros de adoctrinamiento, mientras las desfinanciaba por dos vías. Por un lado, no giraban los fondos para poder pagar los servicios y mantener la infraestructura existente. Simultáneamente, no actualizaban los salarios de sus trabajadores, que representan más del 87% del presupuesto total de las casas de estudio.

Esto derivó en un conflicto, en el que la inmensa mayoría de la sociedad (entre el 80 y el 90% de ella, según todos los sondeos de opinión) mostró un repudio a las decisiones gubernamentales. Luego de varias semanas, el punto de quiebre del conflicto fue una masiva manifestación que superó el millón doscientas mil personas expresando su apoyo a las universidades, en todas las ciudades del país. El gobierno debió tomar nota de esta realidad y anunció un reajuste de las partidas de gastos de funcionamiento.

Además, modificó su discurso público, que pasó del hostigamiento al reconocimiento de la excelencia de las universidades nacionales. Ante la enorme muestra de apoyo social, los voceros oficiales y no oficiales del gobierno se deshicieron en elogios a la educación pública. El propio Presidente de la Nación cuando ofrecía un discurso para convencer a posibles inversores extranjeros en el Instituto Milken en Los Ángeles expresó: “Tenemos también la ventaja comparativa más importante de todas: capital humano de primera categoría, recursos formados en universidades locales que son líderes en la región”.

Este cambio de postura pública, no tuvo la correspondiente actualización de los salarios de los trabajadores docentes y no docentes. Si comparamos los salarios de noviembre de 2023 contra los de junio de 2024, la baja de su capacidad de compra alcanza el 45%. Es el doble que el ajuste que recibió el resto de los empleados estatales. Es una cifra escandalosa que empuja a quienes hacen la universidad pública todos los días por debajo de la línea de la pobreza, cuando en cualquier otra parte del mundo son profesionales reconocidos y están entre los mejores pagos. ¿Por qué el gobierno tiene este encono con ellos?

Recordemos que en el caso de la Universidad de Buenos Aires, nos estamos refiriendo a recursos humanos con la más alta calificación que dictan clases a 340.000 estudiantes y producen conocimiento en 72 Institutos reconocidos internacionalmente. Y también a profesionales de la salud que atienden en 6 hospitales universitarios. El de Clínicas, el más prestigioso hospital universitario de América Latina, el Odontológico que atiende a más de 250.000 pacientes al año, el Ángel Roffo que atiende a miles de pacientes con patologías oncológicas, el de alta complejidad Alferdo Lanari, el de Ciencias Veterinarias y el Instituto de Tisioneumonología Raúl Vaccarezza.

Las consecuencias de la asfixia salarial son más evidentes sobre quienes la sufren directamente, pero alcanzan al conjunto de la sociedad. Las universidades privadas se benefician al contar en sus planteles docentes a profesores formados en la universidad pública, y por supuesto también las empresas privadas nacionales y extranjeras en las que se destacan sus egresados. Las actividades de investigación, tan necesarias en un mundo cada vez más sofisticado tecnológicamente demanda de capacidades que solamente la Universidad Pública posee. ¿Cómo se puede avanzar, involucionando así? ¿Cómo podemos recuperar la igualdad social perdida con una estructura educativa que pierde calidad y masividad, a la vez?

Las universidades públicas invierten en carreras estratégicas para el país, como no lo hace ninguna otra institución. Por ejemplo, el 77% de los médicos, el 97% de los físicos y los matemáticos, el 90% de los odontólogos y el 91% de los veterinarios de nuestro país estudiaron allí. ¿Alguien puede suponer que la Argentina va a estar mejor si renuncian docentes en estas facultades? Si al día de hoy cuesta cada tanto conseguir turnos con profesionales de la salud, imaginémonos qué pasaría si estas facultades se vacían de profesores e investigadores.

Un Estado que maltrata a sus docentes con sueldos por debajo de la línea de pobreza emite una señal para toda la sociedad, de que el conocimiento y la formación científica son despreciados por las autoridades. El gobierno intentó cerrar la universidad pública de un solo golpe, y la sociedad reaccionó y le hizo llegar su desaprobación. No se ha rendido, tal su tozudez ideológica, y ahora la quiere someter a una muerte lenta, asfixiándola. Debemos volver a reclamar por la actualización salarial de los docentes, no docentes e investigadores, porque sin ellos no hay universidad pública. Y sin universidad pública no hay futuro para la Argentina.