El peligro de flexibilizar las restricciones para la tenencia legal de armas y bajar de la edad de la imputabilidad

Transcurría el segundo debate presidencial, durante la campaña electoral. Era 8 de octubre de 2023. Patricia Bullrich y Javier Milei se acusaban mutuamente de promocionar la libre portación de armas, con el consiguiente peligro de un incremento de la violencia. “A las mamás y los papás les digo que si se liberan las armas van a estar a mano de los narcotraficantes. Las armas van a terminar masacrando chicos en las escuelas”, dijo la entonces candidata del PRO. El candidato a presidente Milei contestó: “Señora Bullrich, vive aferrada a las mentiras que le arman sus equipos de campaña, nosotros proponemos que se respete la ley de armas tal como existe”. ¿Qué cambió desde entonces para que el actual Presidente y su ministra de Seguridad den rienda suelta a su fantasía armamentista, al presentar un proyecto de Ley para regularizar y favorecer a los “legítimos usuarios de armas de fuego”? Es decir que cualquiera puede portar armas.

Los argentinos y las argentinas asistimos a los intentos por instalar ideas que no son nuevas, pero sí muy peligrosas. Cada tanto, estos sectores políticos encuentran terreno fértil para plantear la flexibilización de las restricciones a la tenencia legal de armas y la baja de la edad de la imputabilidad. El relato de este gobierno y su tonalidad, de estirpe agresiva e indolente, es el marco propicio para que los discursos y las políticas de criminalización de la protesta y de los sectores populares busquen algún asidero. Más peligroso aún es cuando logran traspasar el terreno de las ideas e implementan políticas claramente regresivas y dañinas para los más humildes. El deleite con el aparato represivo continúa con la Resolución 2024-704, donde el Ministerio de Seguridad, con el argumento de que “resultan imprescindibles en situaciones en las que las armas tradicionales representarían un exceso o que significarían un grave riesgo para otras personas” habilitan además de pistolas de descargas eléctricas, el uso de gases con componentes venenosos, que en otros países están prohibidos. Lo paradójico es que las movilizaciones masivas realizadas en los últimos seis meses fueron de naturaleza ordenada y pacífica, me refiero a la marcha de la CGT del 24 de Enero y la del 1 de Mayo y a la marcha federal universitaria del 23 de abril de 2024, fueron grandes marchas organizadas por trabajadores y por estudiantes universitarios. Todas esas movilizaciones fueron pacíficas, y tienen un elemento en común: no participaron las fuerzas de Bullrich en los operativos de seguridad. Es la ministra Patricia Bullrich quien busca cambiar la naturaleza de estas peticiones populares, generando un clima violento que le sea favorable.

Por otro lado pero en relación con lo anterior, vemos por estos días agresiones sistemáticas de parte del ejército de trolls que, con altos sueldos pagados con fondos públicos, se dedican a perseguir y amedrentar a quienes se expresan de modo contrario a las ideas de Milei y su gobierno.

Sean personas de su propio pensamiento como López Murphy, Cachanosky o Melconian, como la estigmatización de los dirigentes sociales como Grabois, Miño, Belliboni o Diputados o Senadores. El caso del ex diputado nacional Alejandro “Topo” Rodríguez, que recibió violentas amenazas con fotos de armas “dedicadas” a él, no es un episodio aislado. Por el contrario, expresa una metodología agresiva y con impacto en el clima político en una sociedad que no tiene ninguna motivación de andar armada. Esta dinámica de la amenaza y el hostigamiento traspasa las redes y llega a los hogares y familias de quienes osan expresar críticas. Me pregunto si ese “ciberpatrullaje” que busca implementar la ministra Bullrich puede cruzarse con estos individuos que trabajan desde las sombras alentados por el poder.

Recientemente, el gobierno nacional otorgó por decreto fondos reservados por 100.000 millones de pesos a la ex Agencia Federal de Inteligencia, hoy Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE). Nos recuerda a los peores momentos de connivencia entre el poder político y judicial, con el espionaje interno a dirigentes opositores y también del propio espacio partidario. Esto significa un claro retroceso para nuestras instituciones y para nuestra democracia, que cumplió 40 años ininterrumpidos. Hay que defenderla y detener estos avances antidemocráticos.

Con la flexibilización de las condiciones para tener armas, con la baja de la edad de la imputabilidad, con la estimulación a la portación de armas de parte de funcionarios de presidencia, buscan instalar la idea de que los “buenos” y “decentes”, tienen derecho a armarse para defenderse de los sucios, malos y feos. La violencia sólo genera más violencia, esto está probado por la historia de la vida en sociedad. El gobierno debe tomar conciencia de eso y, lejos de estimularla, debe ser un factor que propicie mayores canales de diálogo y resolución pacífica de los conflictos. “La venta de armas es la mayor plaga del mundo”, señaló el Papa Francisco en su visita a África. Es tiempo de puentes, de diálogo, de mayor inclusión, y no de armas, violencia y amenazas.

Respecto de la iniciativa del oficialismo que propone bajar la edad de imputabilidad, hago mías las palabras del Vicario General y Obispo auxiliar de Buenos Aires Gustavo Carrara: “Las estadísticas revelan los números de adolescentes que cometen delitos gravísimos son muy bajos. La propuesta debería ser un régimen penal juvenil verdaderamente humano y abierto a la esperanza. La mirada tiene que ser integral. Por otro lado muchas veces hay claramente armas que tienen los adolescentes, pero el tráfico de armas no lo genera el mundo adolescente sino que somos los adultos los responsables de que eso suceda, hay distintos grados de responsabilidad pero a veces se corta por lo más delgado y se pone la mirada en los jóvenes de 13 años que ya se los va a mirar de una determinada manera cuando hay que mirar el mundo adulto que estamos fallando cotejando la vida de los jóvenes y adolescentes con las decisiones que tomamos”. La sociedad argentina está reclamando que cuidemos a nuestros niños, que no desaparezcan, que no sean objeto de trata.

“¿Donde está Loan?” le dicen a la ministra de Seguridad. Cuide las fronteras, que no nos roben nuestros niños, que haya justicia. El obispo brasileño don Helder Cámara en su brillante estudio El espiral de la violencia sintetiza que la violencia de arriba genera la violencia de abajo”. Ojalá eso no suceda en nuestra amada Argentina.