Mitos de gobierno

Los últimos días, marcados por las turbulencias en los mercados, los “ruidos” internos en el heterogéneo universo libertario, y los recurrentes conflictos externos, dejaron en evidencia que el gobierno de Milei se cierra sobre un relato oficial que ya se ha convertido, sin lugar a dudas, en un poderoso “mito de gobierno”.

Mito de gobierno que, según el Diccionario Enciclopédico de Comunicación Política de la Asociación Latinoamericana de Investigadores en Campañas Electorales (ALICE), es una potente herramienta simbólica de la comunicación gubernamental que permite crear consensos en torno a la construcción de una realidad que sustenta el objetivo político, operando así como una suerte de elemento unificador que da sentido a la dirección, la voluntad y las políticas de un gobierno, e insufla esperanza en los ciudadanos que lo sostienen.

Milei ha venido reforzando el carácter mesiánico de su liderazgo, convirtiéndose en el gran protagonista de una especie de “cruzada” contra la casta y la decadencia. Un esfuerzo titánico que requería de un profeta que guie al sacrificado pueblo en una travesía por el desierto yermo que dejaron los gobiernos anteriores rumbo a la prometida “tierra de la libertad”, y que demanda superar los múltiples obstáculos, conspiraciones y resistencias de quienes no se resignan a perder sus privilegios. Un storytelling que bien podría asociarse al mito bíblico de “David contra Goliat”, y que a la luz del éxito que le ha granjeado al presidente en estos siete meses, el gobierno parece decidido a profundizar, tanto en el plano político como en el económico.

Es en esta clave en la que deberían leerse algunos anuncios e interpretarse algunas acciones recientes. En el plano económico, fue evidente la funcionalidad de esta narrativa para justificar una política intervencionista en el mercado cambiario (dólares financieros), a priori muy alejada de los principios del “libre mercado”, pero que fue explicada apelando a la lógica conspirativa de actores del mercado coludidos con sectores políticos para generar una corrida y sabotear al gobierno. La misma lógica aplica para criticar a quienes “apuran” al gobierno con la salida del cepo, a quienes desde el oficialismo acusan de querer “forzar una devaluación”.

En el campo político, la evidencia más palmaria de la voluntad de profundizar la narrativa anticasta o, en una versión más amplia, la “batalla cultural”, es la asunción de Sturzenegger, a cargo de una agenda que incluiría iniciativas que van desde la “ley hojarasca” (la derogación de un conjunto de leyes presuntamente obsoletas), la “ley anticasta” que anunció Milei en marzo (cuyo contenido aún no se difundió), la desregulación del sector aerocomercial, la eliminación de decenas de organismos públicos, la reconversión de los planes sociales, cambios en el empleo público, entre otros temas alineados con la narrativa “anticasta”.

La idea detrás del demorado desembarco de Sturzenegger es retomar el control de la agenda a través de una hiperactividad en materia de anuncios y reformas alineadas con la narrativa oficial, que alimenten casi a diario las emociones de indignación y hastío de las amplias capas de la sociedad que sostienen al gobierno, desviando -en la medida de lo posible- la atención de los efectos de la crisis y la recesión.

En la Casa Rosada se entusiasman con el resultado de algunas encuestas de opinión que, según las terminales más cercanas a Milei que operan en Balcarce 50, la imagen presidencial habría repuntado, luego de haber caído unos puntos hacia finales de mayo, lo que demostraría -según este análisis- que las turbulencias económicas de las últimas semanas no han erosionado los consensos en torno a su gobierno.

Lo cierto es que se trata de una estrategia que aunque ha venido revelándose como altamente funcional a los objetivos del gobierno, no deja de estar exenta de importantes riesgos. En el plano político, la proactividad en la agenda de reformas “anti-casta” podría profundizar la brecha entre anuncios y realizaciones concretas, algo que ya quedó en evidencia durante el tortuoso tratamiento de la Ley de Bases, a la vez que evidenciar los manifiestos déficit de gestión, e incluso complicar algunos debates parlamentarios en los que el oficialismo ha cifrado altas expectativas, como la reforma electoral o la renovación de la Corte Suprema.

Y ello también impactaría en el complejo escenario económico, que muestra a un gobierno que, confiando en lo que supuestamente valoran sus votantes, se aferra a cómo dé lugar a la religión de la “inflación cero”, aún a costa de sacrificar en ese altar la concreción inmediata de otros objetivos como la salida del cepo, que podría acelerar una reactivación económica.

Así las cosas, el gobierno avanza aferrado a esta narrativa con un fervor casi religioso, un dogma de fe que no admite objeción ni crítica alguna, una temeraria actitud azuzada por una confianza casi ciega en el apoyo de un importante sector de la opinión pública, y que ignora los grandes interrogantes de los mercados respecto a la sustentabilidad de un plan que prolonga las restricciones cambiarias, que erosiona las reservas para sustentar su política de emisión e inflación cero, y que demora en consecuencia la reactivación económica que comience a dejar atrás la profunda recesión.