Eficiencia, derecho y ética: claves para la democracia

La eficiencia en el derecho y la democracia son dos conceptos que, aunque aparentemente dispares, están intrínsecamente vinculados. La eficiencia en el derecho refiere a la capacidad de las normas jurídicas para ser aplicadas y cumplidas en la práctica; y del sistema legal para resolver disputas instrumentando la justicia de manera rápida, equitativa y económica. Mientras que la democracia es un sistema político cuya forma de gobierno se basa en el ejercicio del poder de los ciudadanos a través de sus representantes, elegidos mediante el voto, en elecciones libres y periódicas; requiriendo instituciones que protejan los derechos individuales y promuevan la igualdad ante la ley.

Por ello, en un sistema democrático, la eficiencia en el derecho es crucial permitiendo que los ciudadanos tengan acceso a la justicia de manera oportuna y equitativa. Esto, a su vez, fortalece la confianza pública en las instituciones legales y promueve la estabilidad social. Tal como el Banco Mundial en el 2004 señaló, los sistemas de derecho eficientes son esenciales para el desarrollo económico y social, ya que garantizan la protección de la propiedad y el cumplimiento de los contratos.

Aquí observamos una mutuamente reforzante relación entre eficiencia en el derecho y democracia. Un sistema legal eficiente fortifica la democracia al garantizar que los ciudadanos puedan ejercer sus derechos y resolver sus disputas de manera justa y rápida. Y una democracia sustantiva promueve la eficiencia en el derecho al asegurar que las instituciones legales sean transparentes, responsables y accesibles para todos. Reciprocidad que, en las democracias vigorosas, según James Melton y Tom Ginsburg, tiene como factor relevante la influencia de la ciudadanía en tanto presión pública para demandar sistemas judiciales eficientes.

Ahora bien, entre las principales causas que contribuyen a la ausencia de la eficiencia en el derecho se encuentran la insuficiencia de recursos, de capacitación y tecnología, más la complejidad procesal. Pero, sobre todo, la corrupción.

Claramente la saturación de los tribunales en su capacidad operativa resulta en retrasos significativos en la resolución de disputas. Incluso en el viejo continente, según el informe del Consejo de Europa sobre Calidad y Eficiencia en la Justicia (2018), muchos de sus países experimentan una acumulación de casos debido a la falta de recursos humanos y tecnológicos, tal como jueces, fiscales, defensores públicos y personal administrativo capacitado. Todo lo cual conlleva un aumento en la duración de los procesos judiciales y una reducción en la calidad de las decisiones. Esto, sumado a las conclusiones de la American Bar Association (2016), subrayando la importancia, aunque insatisfactoria capacitación profesional continua, es otra barrera significativa para mejorar la eficiencia en el derecho.

Además, los procedimientos excesivamente complejos ralentizan el sistema judicial. La burocracia y la falta de claridad en las normativas legales dificultan la rápida gestión judicial y frecuentemente conlleva errores y la necesidad de apelaciones y revisiones adicionales, prolongando aún más los procesos judiciales. Según el estudio de Simeon Djankov, Rafael La Porta, Florencio Lopez-de-Silanes y Andrei Shleifer (2003), los países con procedimientos legales más simplificados tienen sistemas judiciales más eficientes en todo sentido, en accesibilidad, equidad, rapidez, transparencia y costos económicos. Y esto aplica también a la rigidez estructural y procesal de las instituciones que dificultan la adaptación a nuevas circunstancias y necesidades. Douglass North ya demostró en 1990 que la resistencia al cambio y la falta de flexibilidad en los sistemas judiciales perpetúan prácticas ineficientes y obsoletas.

Países como Singapur y Estonia, cuyos sistemas judiciales son considerados entre los más eficientes del mundo, han sido pioneros en la implementación de tecnología judicial. Sistemas de gestión electrónica de casos, tribunales y audiencias virtuales, digitalización de documentos y seguimiento de casos en línea con una base de datos centralizada facilitando el intercambio de información entre diferentes entidades judiciales, ha permitido una administración más rápida y transparente reduciendo significativamente los tiempos y costos procesales.

Alemania implementó varias reformas aumentando la eficiencia judicial, incluyendo la simplificación de procedimientos legales y la reorganización de tribunales para optimizar la gestión. Además, creó tribunales especializados en áreas como propiedad intelectual y derecho comercial para asegurar un manejo más eficiente de casos complejos, todo lo cual fortaleció la confianza pública en las instituciones.

Chile realizó una reforma significativa en su sistema de justicia penal pasando de ser inquisitivo a acusatorio. Esta reforma incluyó la creación de jueces de garantía y tribunales orales en lo penal, así como la implementación de audiencias públicas y procesos más transparentes y expeditivos.

Pero el factor más gravitante que afecta a la eficiencia del derecho es la corrupción. Los sobornos, el favoritismo y la influencia indebida distorsionan el proceso judicial, haciendo no sólo que la justicia sea inaccesible o desigual, sino que erosiona la confianza pública y socava el estado de derecho, tal como destaca Transparency International (2019).

La corrupción se encuentra a su vez relacionada con la ética social basada en los principios y valores que rigen el comportamiento de los individuos dentro de una sociedad, promoviendo la justicia, la equidad y el bien común. Y si acorde a John Rawls, la justicia como equidad es fundamental para la estructura básica de la sociedad, y un sistema judicial eficiente es esencial para alcanzar esta equidad, debemos construir una sociedad donde la equidad y la justicia sean valores centrales que se reflejan en la rapidez, transparencia e imparcialidad judicial. Esto fomenta una cultura de respeto por la ley y la justicia reestableciendo la confianza pública en el sistema.

Pero este círculo virtuoso y mutuamente reforzante entre eficiencia en el derecho y democracia robusta no se satisface sólo con una reforma procesal o tecnológica judicial sino con un simultáneo cambio de la ética social. De lo contrario, toda reforma por mejor planeada que estuviese, será contaminada con la corrupción y nunca cumplirá con su objetivo.

Claramente hace falta mayor inversión tecnología, reformas estructurales, procesales y capacitación en el sistema judicial. Desde hace poco menos de una década, el CIPPEC, la Comisión Nacional de Justicia y otros organismos, han emitido informes indicando que los tiempos de resolución de casos en Argentina son muchos más prolongados que el estándar en otras democracias debido a la saturación de casos por juez, la falta de recursos adecuados e inversión, sumado a interminables complejidades legales y procedimientos burocráticos.

Pero todas estas mejoras instrumentales, sin un cambio en el paradigma cultural y ético social, sólo servirá para desviar los fondos hacia otros destinos o su implementación sesgada, argumentando no poder avanzar en la eficiencia en el derecho por las ya acostumbradas excusas de turno, dado que las malas prácticas serán las mismas, guiadas por la corrupción.

Argentina, como otros países, enfrenta desafíos cruciales para romper el círculo vicioso de corrupción, ineficiencia en el derecho y democracia meramente nominal.

No sólo falta implementar medidas para eficientizar el acceso y la obtención de justicia sino también para cambiar la cultura y la ética social, comenzando el círculo virtuoso y sustentable resultando en una democracia sustantiva. En términos de Herbert Hart, las normas sólo son consideradas parte del sistema jurídico si son obedecidas y aplicadas por las autoridades, constituyendo un derecho viviente como dice Eugen Ehrlich, cuando las normas son practicadas en la vida cotidiana, voluntariamente o por miedo a la sanción. Por ello, ninguna medida instrumental aislada constituirá una solución sin el simultáneo cambio ético.