Una Convención Fiscal de la ONU para ponerle freno a la evasión y financiar el desarrollo sostenible

Las reglas fiscales globales actuales no son efectivas para evitar, desarticular o sancionar las maniobras abusivas que llevan adelante las grandes empresas y las personas de elevados patrimonios. A lo largo de las últimas décadas, los flujos financieros ilícitos registraron un crecimiento exponencial, pero la coordinación global para resolver este problema sigue siendo insuficiente. Cada día los países pierden más de 1.000 millones de dólares en ingresos fiscales debido a los abusos por parte de corporaciones multinacionales y la élite. Esto perjudica más a los países en desarrollo, pero no se equivoquen: el abuso fiscal nos hace a todos perdedores.

Muchos países enfrentan una importante falta de recursos para el financiamiento de servicios públicos de calidad, incluyendo infraestructura, educación, cuidados y atención médica. Los ingresos fiscales son cruciales para obtener los recursos necesarios para financiar estos servicios que salvan vidas. En un momento en que las ganancias corporativas y la riqueza de la élite están aumentando, ¿por qué es tan difícil para nuestros países obtener recursos adecuados?

La evasión fiscal y los flujos financieros ilícitos ocurren debido a una falta de cooperación internacional. Los paraísos fiscales, junto con los facilitadores de las maniobras tributarias y financieras abusivas, erosionan la capacidad de recaudación de los países alrededor del mundo. Uno de los principios centrales de la justicia fiscal, basado en la soberanía de los estados, es que la política fiscal de un país no debe minar los ingresos fiscales. La ausencia de cooperación internacional para abordar el desvío de beneficios que llevan adelante las multinacionales y los flujos financieros ilícitos significa que esos actos continúan con impunidad.

Necesitamos un cambio. Nunca ha sido más urgente avanzar hacia la coordinación internacional en las reglas fiscales globales.

En noviembre de 2023, más de 50 países africanos nucleados en el denominado Grupo de África impulsaron una resolución en el marco de la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas (ONU) para comenzar a negociar en el organismo multilateral la elaboración de una Convención Marco sobre Cooperación Fiscal Internacional. La resolución fue aprobada con una gran mayoría, a pesar de la oposición de los estados miembros de la OCDE. Las negociaciones han reunido a todos los estados miembros de la ONU para discutir desde un impuesto a la riqueza hasta la justa asignación de los derechos de recaudación fiscal. La Convención Fiscal de la ONU presenta una oportunidad histórica para que la arquitectura fiscal internacional ponga un freno, en lugar de facilitar, los abusos fiscales.

Los países volverán a reunirse del 29 de julio al 16 de agosto en la sede de la ONU, en Nueva York, para terminar de acordar el plan de trabajo para avanzar en la redacción de las nuevas reglas fiscales internacionales que no atenten contra los países y promuevan el financiamiento del desarrollo. Sin reglas fiscales globales adecuadas que cierren las lagunas y eliminen las maniobras elusivas de las grandes empresas y los abusos de los individuos con elevados patrimonios, los países del Sur Global continuarán con capacidades limitadas para movilizar los recursos internos que se necesitan para cumplir con los derechos humanos básicos y el desarrollo económico.

Décadas de trabajo por parte de los países en desarrollo y la sociedad civil para exigir cooperación fiscal internacional nos han llevado a este momento. Desde la Alianza Global para la Justicia Fiscal, una coalición de organizaciones de la sociedad civil que impulsa políticas fiscales progresivas y redistributivas, junto con el amplio movimiento por justicia fiscal y económica, estamos convencidos de que las organizaciones de la sociedad civil, los movimientos sociales, el movimiento obrero/sindical organizado, los feminismos y los movimientos indígenas, campesinos y afrodescendientes de América Latina y el Caribe tienen la capacidad de convertirse en actores determinantes para impulsar a los gobiernos de la región junto con los países de la Unión Africana y el G77 a respaldar la iniciativa.

Los países ricos han luchado para mantener las reglas fiscales globales en plataformas exclusivas como la OCDE y el G20. Son distracciones que no han hecho nada para abordar adecuadamente la gravedad del problema. Y el “club de países ricos” de la OCDE ciertamente no es la plataforma para que todos los estados participen en igualdad de condiciones. Los países en desarrollo han sido históricamente marginados, o completamente excluidos, de las conversaciones patrocinadas por el Norte Global que han estructurado las reglas fiscales globales inadecuadas como las conocemos hoy.

La OCDE ha creado un llamado “Marco Inclusivo sobre la Erosión de las Bases Imponibles y el Traslado de Beneficios” (BEPS, por sus siglas en inglés) para establecer reglas fiscales globales. Pero está plagado de tantas excepciones, o “exclusiones”, que parece que fue escrito por las mismas corporaciones multinacionales que evaden impuestos alrededor del mundo. A pesar de más de una década de negociaciones a puertas cerradas, la OCDE no ha logrado cumplir ninguna de sus promesas. Peor aún, los estados miembros de la OCDE, como los Estados Unidos, ni siquiera han firmado los estándares mínimos propuestos por la organización. Estos son los mismos estándares que los miembros de la OCDE están presionando a los países en desarrollo para que adopten.

No obstante, en las negociaciones de la Convención Fiscal de la ONU, los estados miembros de la OCDE han argumentado en contra de la “duplicación” del trabajo. El problema no es que la organización haya desarrollado este Marco Inclusivo; sería una necedad replicar en Naciones Unidas un trabajo que ha sido efectivo. El problema es que estas reglas no son efectivas y, mucho menos, democráticas. Todos los estados miembros de la ONU pueden reunirse durante las negociaciones de la Convención Fiscal de la ONU y discutir los méritos de las propuestas de los estados miembros de la OCDE y, si se acuerda, incluirlas en la Convención Fiscal de la ONU.

Necesitamos que los estados se presenten, de buena fe, a una Convención Fiscal de la ONU. Se necesita una Convención Fiscal de la ONU para crear un mecanismo intergubernamental que sea transparente, responsable, equitativo y donde todos los países puedan estar en igualdad de condiciones. Al tener estas negociaciones en la ONU, la política fiscal también puede vincularse con acuerdos existentes en la ONU, como los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). La Convención Fiscal de la ONU es importante para poner fin a la competencia de “carrera hacia el fondo” entre países y garantizar la cooperación internacional para un sistema fiscal global que permita a los países movilizarse en financiamiento crítico.

En un escenario de crisis global en la que se profundizan las desigualdades, las reglas fiscales globales vigentes son una herramienta que agudiza el deterioro en la distribución del ingreso. Todos los países tienen la oportunidad de sentar colectivamente las bases para crear nuevas reglas fiscales globales que funcionen. El liderazgo del Grupo de África en la ONU nos ha llevado a este momento y su continua unidad con el G77 es crucial para reescribir las reglas fiscales globales. A medida que se reanudan las negociaciones este julio, debemos insistir en hacerles saber a nuestros negociadores la importancia de este momento.