![Un mural que replica el pedido unánime de justicia por las víctimas del atentado](https://www.infobae.com/new-resizer/ZQ3wPDG8bQ-E7IPT7b6FPpu0uzs=/420x236/filters:format(webp):quality(85)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/infobae/HV4WQ3D57FAEBAMCTOCOUCU6HE.jpg 420w)
Treinta años de aquel 18 de julio de 1994 en el que el reloj se detuvo a las 9.53 al estrellarse un coche bomba contra la sede de la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) en Buenos Aires, dejando 85 víctimas fatales y más de 300 heridos; y sembrando primero terror e incertidumbre y, luego, impunidad y vidas truncadas para siempre. Era el segundo atentado en tan solo dos años, luego de que en 1992 explotaran la Embajada de Israel en Argentina -con idéntico modus operandi- dejando 22 muertos y cientos de heridos.
El ataque a la AMIA fue, como surge de la prueba recogida en la causa, un acto terrorista organizado y dirigido por el régimen iraní, que perdura en la memoria y en el reclamo constante de justicia de cada uno de los argentinos. Un recuerdo, un dolor que no se borra y una herida que no se cierra.
En abril pasado, la Cámara Federal de Casación Penal, responsabilizó expresamente al Estado iraní por la masacre, declarándolo “Estado terrorista” y calificando el acto llevado adelante en nuestro país como un crimen de lesa humanidad, o sea, imprescriptible. Pocas semanas después, la Corte Interamericana de Derechos Humanos -a instancias de una asociación de familiares de las víctimas-, responsabilizó al Estado argentino por no haber adoptado medidas razonables para prevenir el ataque, por no haber cumplido con su deber de investigarlo y por haber participado de su encubrimiento.
Sin dudas, es hora de poner fin a décadas de impunidad, en las que las propias autoridades argentinas no dejaron de vulnerar derechos de los ciudadanos afectados, denegando el derecho a la verdad, inventando pistas falsas, desviando la investigación y utilizando fondos públicos para cometer delitos. Todo esto agravado por la aprobación en el 2013, de un disparatado “memorándum de entendimiento” para ser firmado conjuntamente con el país cuyos líderes fueron parte del plan terrorista; y con la única finalidad de cubrir a los acusados. A ello se le suma el magnicidio del fiscal Alberto Nisman en el 2015, a horas de declarar en el Congreso sobre el rol de Irán en el atentado a la AMIA.
Al día de hoy no existe condena firme para los culpables. Los partícipes de la conexión local fueron beneficiados por los actos de corrupción cometidos por funcionarios del gobierno de turno y los magistrados a cargo de la investigación. En cuanto a los instigadores y ejecutores del ataque -entre los que están imputados altos funcionarios, personalidades y ex funcionarios del régimen iraní- se han negado sistemáticamente a presentarse en la causa para estar “a derecho”, por lo cual para poder juzgarlos es necesario incorporar el juicio en ausencia en nuestro derecho interno.
Llevamos treinta años de una lucha sin justicia, en los cuales el régimen de Irán nunca ha puesto a disposición de la investigación a los citados como imputados, sino todo lo contrario. Incluso, los acusados, funcionarios y ex funcionarios del régimen, burlan las circulares rojas emitidas en su contra y siguen viajando impunemente por el mundo, como ocurrió en 2022 cuando Mohsen Rezai asistiera a un acto oficial de Nicaragua.
El régimen teocrático, antisemita y fascista que gobierna Irán mata y asfixia a quienes se expresan con un pensamiento diferente. Sus tentáculos imprimen miedo y amenazan a todo aquel que denuncia y que aboga por un cambio verdadero. Actúa de forma organizada, con apariencia de legalidad, aprovechando las relaciones internacionales inter-estatales y su poderío. Es así como este régimen ingresa a los Estados las personas, la logística y hasta los insumos necesarios para llevar adelante los atentados; sirviéndose de grandes cuerpos diplomáticos, aparentes representantes culturales o de negocios e incluso, religiosos, y de organizaciones proxys (utilizadas de forma subsidiaria) como el Hezbollah; todos involucrados en el planeamiento de las acciones dirigidas a atacar al mundo democrático y cumplir con su cometido de expandir el fundamentalismo que pregonan.
De esta manera, el régimen ha exportado el terrorismo y el fundamentalismo no solamente a todo el Medio Oriente, sino también a nuestra región de América Latina, con aliados como Venezuela, Nicaragua, Cuba, y otros que hacen silencio. Ese fundamentalismo es el mismo que somete al pueblo iraní para que no se rebele en contra de los estrictos y muchas veces brutales mandamientos de sus gobernantes, especialmente, para con las mujeres.
30 años de impunidad. 30 años de infamia. El terrorismo sigue y la impunidad también. Hoy atravesamos tiempos complejos, donde las democracias están cada vez más agrietadas y en peligro, y con un mundo que cambió luego del atentado terrorista de Hamas a Israel, por eso es necesario alzar nuestra voz para defender la democracia, la libertad y la justicia en nuestra región y en cada rincón del mundo. Como decía Primo Levi: “si nosotros callamos, ¿quién hablará?”.