Riachuelo: a 16 años del fallo judicial

Hoy se cumplen 16 años del fallo dictado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación que ordenó llevar adelante el saneamiento del Río Matanza-Riachuelo. Es un desafío político que involucra al Gobierno Nacional, la provincia de Buenos Aires y la Ciudad de Buenos Aires que aún no se ha cumplido en su totalidad.

Algunas personas consideran que es un tiempo muy acotado para concretar una tarea de esa magnitud. Pero, para las organizaciones ambientales y sociales que trabajamos desde el día uno por el cumplimiento del fallo, es un lapso demasiado prolongado para el cumplimiento de los objetivos señalados en la sentencia.

Desde la Fundación Ambiente y Recursos Naturales, como miembro del Cuerpo Colegiado, siempre hemos sostenido que el fallo dictado por la Corte Suprema aquel 8 de julio de 2008 constituyó un punto de partida significativo para el proceso de recuperación socioambiental de esta olvidada y degradada cuenca hídrica que abarca 14 municipios del Gran Buenos Aires y una parte importante de la Capital Federal.

A partir de la sentencia se iniciaron acciones inéditas: se limpiaron más de 1400 toneladas de residuos sólidos del espejo de agua y de los márgenes; se removieron el cúmulo de buques abandonados que conformaban ese “turbio fondeadero” que evoca el tango “Nieblas del Riachuelo”; se abrió la traza del camino de sirga, que comprende un borde de 35 metros del río que se encontraba totalmente ocupada e impedía el acceso, el control y la limpieza del río; se iniciaron obras de infraestructura cloacal para evitar que la mayor parte de los desagües cloacales terminen en el Riachuelo; y se realizaron evaluaciones integrales de salud en áreas de riesgo y la construcción de unidades de salud ambiental para posibilitar el diagnóstico y la atención sanitaria de patologías vinculadas a los problemas de contaminación y agravadas por las carencias habitacionales y económicas de las personas que habitan en los márgenes de los ríos y arroyos.

Pese a estos avances, todavía no se han cumplido la mayor parte de los objetivos señalados en la sentencia como la cesación de la contaminación de un origen industrial; el saneamiento de basurales; la limpieza de los márgenes del río; la expansión de la red de agua potable; la extensión del sistema de desagües pluviales y saneamiento cloacal; y el establecimiento de un plan sanitario de emergencia no han sido logrados.

Aunque se ha avanzado en varias de estas medidas, su grado de cumplimiento es sumamente bajo, muchos de los objetivos no superan ni el 50% de ejecución, tal como lo señalan los informes de los organismos encargados de monitorear las acciones de la Autoridad de la Cuenca Matanza Riachuelo (ACUMAR), el ente interjurisdiccional a cargo del cumplimiento del fallo.

En tal sentido, la calidad del agua del Riachuelo no ha mejorado, nuevos basurales clandestinos emergen hasta el día de hoy, el volumen de residuos sigue aumentando de manera significativa, sin contar con sistemas de gestión integral de residuos, tal como lo ordenó la Corte allá por 2008, ni con una normativa adecuada que limite la liberación de las sustancias contaminantes en el agua de un río que ya no admite más este tipo de descargas.

Por otra parte, la población relocalizada apenas supera el 40% de las soluciones habitacionales acordadas en 2010. En estos 16 años los asentamientos poblacionales que circundan al río siguen expandiéndose, sin contar con los servicios urbanos básicos.

La pobre gestión que ha desarrollado la ACUMAR explica, en gran parte, el bajo grado de avance que registra el saneamiento del Riachuelo. Lo cual, claro está, no puede ser atribuido a ningún gobierno en particular, ya que todos se han destacado precisamente por la ineptitud a la hora de gestionar el proceso de saneamiento.

Hoy las cosas no parecen ir en una mejor dirección. En un contexto de crisis económica y financiera, el ajuste establecido en el Estado Nacional ha recaído también en la propia ACUMAR limitando aún más su escaso poder de acción. Sin presupuesto nacional actualizado, la ACUMAR no podrá desarrollar las acciones tendientes a garantizar el cumplimiento de los objetivos comprometidos en las mandas que integran la condena.

Los avances sobre el saneamiento son insuficientes pero existen y ya le han costado al país una enorme cantidad de recursos económicos. Cualquier decisión que paralice, ralentice, clausure o tienda a dar por concluido el proceso iniciado en la Corte implicará dilapidar estos recursos, y además impedirá mejorar la calidad de vida de millones de argentinos.

Hoy más que nunca se necesitan establecer nuevos compromisos que permitan consolidar las tareas realizadas hasta el momento. Además de establecer una hoja de ruta y un camino crítico que permita completar todas aquellas acciones que aún están pendientes.

El saneamiento de una cuenca tan compleja como la Matanza-Riachuelo no puede sostenerse únicamente en la letra de un fallo judicial, sino que reclama de la puesta en marcha de una política de Estado que cuente con el más alto compromiso de las jurisdicciones que el río recorre y del Estado Nacional, la provincia de Buenos Aires y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, tal como lo dispone el Art. 41 de la Constitución Nacional. En estos 16 años, una política de estas características ha brillado por su ausencia.