A 140 años de la Ley 1420 de educación

“Que toda la república sea una escuela”. Esta valiosa frase de Domingo Faustino Sarmiento refleja una visión que, en 1884, llevó a la sanción de la Ley 1420. El camino y los debates iniciados durante la presidencia de Nicolás Avellaneda fueron clave. En su rol como director general del Consejo Nacional de Educación, Sarmiento impulsó esta normativa que establecía la enseñanza primaria gratuita, obligatoria y laica para todos los habitantes del país. Considerada la base primordial del sistema educativo argentino, la Ley 1420 es un hito significativo en la historia de la educación y en la constitución de nuestra nación.

En el contexto histórico de su sanción, caracterizado por intensos debates, dilemas ideológicos y divergencias religiosas, esta normativa representó el inicio de una profunda transformación del sistema educativo nacional. A 140 años de su implementación, los problemas sobre la educación pública siguen siendo sorprendentemente similares a los de entonces, por más que muchos se olviden de la historia.

La Ley 1420 buscaba democratizar el acceso a la educación primaria, erradicar el analfabetismo, incluir a las clases menos favorecidas y promover la laicidad y la igualdad. Aunque se lograron avances significativos en términos de cobertura y acceso, la desigualdad educativa persiste en la Argentina actual.

La laicidad de la enseñanza fue uno de los puntos más controvertidos durante la elaboración de la ley, separar la educación de la religión fue una decisión audaz y necesaria para garantizar una formación libre de dogmas religiosos. Aunque generó debates y resistencia en su momento, esta medida fue crucial para la modernización del sistema educativo argentino, permitiendo una educación basada en el pensamiento crítico y el conocimiento científico.

La obligatoriedad de la educación primaria tuvo un impacto inmediato en la matrícula escolar. Las tasas de asistencia aumentaron drásticamente, reflejando el compromiso del Estado con la formación de sus ciudadanos. La construcción de nuevas escuelas y la formación de maestros capacitados fueron acciones complementarias que aseguraron la implementación efectiva de la ley. Las escuelas se multiplicaron no sólo en las ciudades, sino también en las zonas rurales, garantizando que ningún niño quedara fuera del sistema educativo, promovió una mayor cohesión social y facilitó la movilidad social ascendente. Los niños de familias trabajadoras pudieron acceder a una educación que les permitía aspirar a mejores condiciones de vida, rompiendo el ciclo de pobreza y exclusión que había caracterizado a generaciones anteriores. Además, la formación de una ciudadanía informada y educada fue fundamental para el desarrollo de una sociedad más democrática y participativa.

Otro aspecto fundamental fue la instauración de la responsabilidad del Estado en la provisión de educación gratuita. Sin embargo, el financiamiento del sistema educativo continúa generando debates y controversias. La búsqueda de un equilibrio entre la inversión pública y la participación privada sigue siendo un desafío significativo, especialmente en un contexto de crisis económica recurrente. Este desafío plantea la necesidad de políticas públicas sostenibles que garanticen una financiación adecuada y equitativa.

Un tema trascendental fue el reposicionamiento de la mujer en el espacio público, así como el reconocimiento de la importancia de la formación docente y su rol en el proceso educativo.

La gradualidad es otro legado de la Ley 1420 que, junto con “la pluma y la palabra”, conformaban la tecnología educativa de la época, un enfoque pedagógico que aún sigue vigente en el sistema educativo argentino. Este enfoque plantea retos y oportunidades en la integración de nuevas tecnologías y metodologías de enseñanza, lo que requiere una reflexión profunda sobre cómo modernizar el sistema educativo sin perder de vista los principios fundacionales.

Los debates actuales sobre la igualdad, la laicidad, el financiamiento, el rol docente y la tecnología son una continuación de las discusiones que dieron origen a esta ley fundamental. Es crucial abordar estos aspectos con el mismo espíritu de compromiso y visión de futuro que inspiró a los pioneros de la educación argentina.

La norma “sarmientina” y la de toda una generación que se animó no solo constituye un legado histórico, sino también una fuente de inspiración para construir un futuro educativo más justo, inclusivo y de calidad para todos. La revisión y adaptación de sus principios a las demandas contemporáneas es una tarea ineludible para quienes buscan una educación que verdaderamente democratice el conocimiento y promueva la igualdad de oportunidades en Argentina.

Hoy debemos adaptar y expandir esos principios para enfrentar los desafíos del siglo XXI. La educación debe seguir siendo la herramienta fundamental para construir una sociedad equitativa y preparada para un futuro incierto, debe ser la política central del porvenir de nuestra nación. Es nuestra responsabilidad continuar ese legado y asegurar que todos los argentinos tengan acceso a una educación que les permita desarrollarse plenamente y contribuir al bienestar común.

La educación que viene nos pone frente al desafío de continuar con el espíritu de la Ley 1420 en código de una nueva época que nos interpela los modos, los métodos y una nueva forma de acercarse al conocimiento, atravesado por las nuevas tecnologías de la información, la complejidad del mundo y los problemas del presente.

Estos desafíos requieren una agenda de reformas profundas y continuas. Algunas deben ser impulsadas por los ministerios y organismos competentes, mientras que otras ya están siendo trabajadas y estudiadas desde el Congreso para mejorar la educación en todo el país. En este sentido, consideramos relevante mencionar seis ejes y acciones educativas prioritarias sobre las cuales debemos avanzar sin demora:

1. Reforzar y proteger las trayectorias educativas de los estudiantes mediante la prevención de la deserción escolar con un Sistema de Alerta Temprana, promover un “shock de aprendizaje” a través de un Plan Nacional de Alfabetización en Lengua y Matemáticas como el que ha lanzado el gobierno nacional en conjunto con las provincias.

2. Establecer la obligatoriedad de prácticas profesionalizantes para los estudiantes del último año del nivel medio que los vinculen con la educación superior y el mundo laboral, permitiendo a los estudiantes aplicar los conocimientos teóricos adquiridos en un entorno práctico y real, promoviendo una mayor comprensión y dominio de sus futuras áreas de estudio o trabajo.

3. Descolapsar el sistema educativo obligatorio, focalizando en el nivel medio. Es necesario reestructurar la escuela secundaria con nuevos formatos pedagógicos innovadores en donde se permita el trabajo colaborativo entre docentes, un liderazgo más distribuido de los directores, donde se pueda acompañar mejor las trayectorias de los jóvenes y con objetivos concretos por cada institución educativa. Si queremos mejorar los indicadores de repetición y abandono hay que dejar de repetir viejas recetas.

4. Fortalecer la carrera y profesión docente. Se necesitan más y mejores docentes en las aulas y en los equipos directivos de las escuelas. Para ello, es indispensable llevar adelante una serie de reformas que implementen la evaluación y certificación periódica de los docentes; el planeamiento estratégico y la acreditación de los Institutos de Formación Docente, entre otras medidas.

5. Establecer una evaluación educativa integral e incentivos para la mejora permanente. Tomar las decisiones que incidan en el sistema educativo en función de información basada en evidencia es fundamental. Por ello, se debe implementar una política de evaluación, investigación e información educativa integral, a cargo de un organismo profesional e independiente del poder político de turno. Este diagnóstico permanente permitirá dirigir los recursos y la inversión educativa de manera eficiente y estratégica, con incentivos y estímulos que alienten la mejora permanente y permitan cumplir las acciones prioritarias.

6. Asegurar el financiamiento sostenible de la educación para que no sea la variable de ajuste. Nos encontramos ante una crisis fiscal, económica y social que afecta gravemente al sector educativo, que carece de los recursos necesarios para mitigar los impactos de las fluctuaciones económicas. Debemos pensar en establecer un fondo de carácter anticíclico, diseñado para asegurar la disponibilidad de recursos que permitan mantener la educación como un derecho público, gratuito y de calidad incluso en momentos de crisis como los que estamos viviendo.

Estas acciones prioritarias se vuelven indispensables de implementar en un contexto global donde crece a pasos agigantados la velocidad de las transformaciones tecnológicas y los desarrollos de inteligencia artificial, los cuales impactan no solo en la educación, sino también y, sobre todo, en el mundo del trabajo. Sin previo aviso, el mundo que está emergiendo cambiará rápidamente las habilidades relevantes y necesarias para el desarrollo completo de las personas. Por lo tanto, es fundamental que las escuelas y los educadores estén preparados para integrar la IA en las aulas de manera efectiva, equitativa y responsable. Esto implica no solo aprovechar su aplicación pedagógica para la personalización del aprendizaje, sino también asegurar una supervisión ética de su uso que prevenga y proteja a los alumnos de los sesgos algorítmicos.

En honor a Sarmiento y a todos los hombres y mujeres que han forjado el proceso de construcción de la República Argentina, desde su nacimiento como una nación libre, independiente y moderna, es tiempo de renovar el pacto fundacional por la educación enfrentando los déficits del presente y los desafíos más próximos de un mundo que no se detiene. En esto nos jugamos el futuro y sentido de la República y de toda una Nación.