Tener la vaca atada, parte del costo argentino

En el país, muchos sectores -el Estado, empresas, sindicatos- ordeñan al resto de la población. Esta suma de beneficios para unos y costos para otros torna en ineficiente la producción nacional

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En el tratamiento de la
En el tratamiento de la Ley Bases, los lobbies jugaron su partido en el Congreso y casi todas las vacas quedaron atadas (Foto: Luciano González)

La frase popular de tener la vaca atada se refiere a una situación en que se puede sacar provecho de algo con seguridad y sin ningún esfuerzo. En Argentina, muchos sectores -el Estado, empresas, sindicatos- tienen la vaca atada, ordeñando así al resto de la población. Esta suma de beneficios para unos y costos para otros torna en ineficiente la producción nacional y constituye gran parte del costo argentino.

Repasemos algunos ejemplos que tienen la vaca atada.

En el sindicalismo, los aportes sindicales compulsivos y la personería gremial única son dos modelos clarísimos. Todos los obreros de una industria deben alinearse bajo el mismo sindicato y aportar al mismo sin importar su voluntad ni si se sienten bien representados. Y estos dos privilegios son simples terneritas al lado de la enorme vaca atada de las obras sociales. Mala representación y mala salud para todos, pero poder y dinero para unos pocos.

El sindicato de porteros se enojó con Francella por la serie “El encargado”. Pero hay que reconocer que, aunque exagerado, es una muestra de la realidad. Un consorcio no puede decidir cuántos empleados tiene, ni cuánto les paga, ni si es con vivienda o sin vivienda. Todo esto está regido y tabulado y depende de la cantidad de unidades del edificio. No importa si los consorcistas quieren limpiar ellos mismos las partes comunes o tercerizar servicios. No se puede. Esa vaca pertenece al encargado y su sindicato. Al final, ¿exageraba Francella?

Por supuesto, no es el único ejemplo. Es bien sabido que los sindicatos aeronáuticos tienen atadísima la vaca Aerolíneas Argentinas, con costos millonarios para todos.

Algunos sectores industriales no se quedan atrás. Los argentinos pagamos uno de los precios más caros del mundo en artículos electrónicos para que un puñado de empresas amase fortunas ensamblando celulares y computadoras en Tierra del Fuego. Estos mayores costos no sólo perjudican la economía personal, sino que también bajan la competitividad de todo lo que se produce en Argentina. Otro ejemplo contundente es el de la industria textil. La misma remera se puede comprar en Chile a la mitad de precio en dólares que en Argentina, o a un tercio si medimos el precio en dólares libres. Teléfonos más caros y ropa de menos calidad para todos, ganancias fáciles para los que consiguieron el favor de atar la vaca por parte de algún gobierno.

Las jubilaciones de privilegio son otra vaca atada de la clase política. Personas que han pasado por la función pública pueden jubilarse con menos años de aportes y un monto mayor que el argentino común. El colmo es la doble percepción de Cristina Fernández como jubilada y por la pensión de su marido, mientras que el 65% de los jubilados cobra la mínima.

Queda para lo último el Estado. Un actor que no sólo determina a quienes deja atar una vaca, sino que no necesita permiso de nadie para sacar provecho de este mismo privilegio. Ningún nivel del Estado deja esta prerrogativa sin aprovechar. Los municipios multiplican sus tasas, por las que deberían proveer un servicio, sin ningún freno. Algunos ejemplos de tasas municipales: se cobra a los indefensos ciudadanos cada vez que tienen que cargar nafta (aproximadamente hasta $1500 por tanque), a los comerciantes cuando ponen calcos en las vidrieras o tienen heladeras con alguna marca anunciada en sus negocios o a cualquier negocio por, supuestamente, velar por la higiene y seguridad de los establecimientos comerciales (hasta 6%). Los municipios no brindan ningún servicio útil o es de muy baja calidad y a precios carísimos a cambio de estas tasas. Amén de que a nadie se le ocurriría pedir voluntariamente estos servicios. Son simplemente robos legalizados.

El Estado nacional y las provincias ni siquiera necesitan disfrazar sus vacas detrás de supuestos servicios brindados a la población. Su potestad de recaudar no necesita ninguna justificación. Es razonable que así sea, pero debería ser en la mínima cantidad para compensar sus tareas de administración, seguridad, justicia, educación y salud. Lamentablemente, no existen los incentivos para que se hagan de manera eficiente. Total, lo paga otro.

Se podrían seguir aportando innumerables ejemplos dejando, por otra parte, para otras notas otros componentes del costo argentino. Las regulaciones y trámites que entorpecen la producción y hacen ineficientes los mercados y el gasto público excesivo e improductivo, entre otros.

Para terminar, no va a ser fácil eliminar las vacas atadas. La reacción a la Ley Bases inicial y la judicialización del DNU 70/23 muestran que la reacción de los afectados puede ser potente. En el tratamiento de la Ley Bases, los lobbies jugaron su partido en el Congreso y casi todas las vacas quedaron atadas. Para empezar a crecer y hacerlo de manera sustentable, hay que liberar a todos del yugo de los privilegiados. Nunca más certero lo que decía Atahualpa Yupanqui, aunque con otro enfoque: las penas son de nosotros, las vaquitas son ajenas.

Es hora de cambiarlo.

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