Perón y el cupo femenino

El aniversario de los cincuenta años de la muerte de Juan Domingo Perón invita a reflexionar sobre el legado del peronismo originario, que sin duda alguna ha dejado una profunda huella en la política argentina y ha establecido una agenda de diversos temas para las décadas siguientes. Uno de los aspectos más destacados, que no puede pasarse por alto, es la inclusión de las mujeres en la política, ya sea como votantes, candidatas o militantes.

Las luchas por el voto femenino se iniciaron a principios del siglo XX con la presión sobre el Estado y los gobiernos de diferentes sectores feministas y sufragistas como también del Partido Socialista. Hacia la década del cuarenta, Perón, como Secretario de Trabajo y Previsión, estableció la primera agencia estatal enfocada en la problemática femenina: la División de Trabajo y Asistencia de la Mujer. Desde esta dependencia, respaldado por un grupo de asociaciones sufragistas, Perón organizó un acto en el Congreso de la Nación a mediados de julio de 1945, comprometiéndose a impulsar una ley de voto femenino. Fue la primera vez que el Estado argentino asumió un rol protagónico en los derechos políticos de las mujeres. Sin embargo, esta propuesta enfrentó la oposición de algunos sectores feministas, quienes cuestionaban que el voto femenino fuera promovido por un gobierno militar, al que acusaban de ser una versión vernácula del fascismo. Las tensiones políticas de la época retrasaron la concreción de medidas más definitivas.

Una vez en la presidencia, retomó el tema con la presentación de un conjunto de leyes que incluían el voto femenino, promoviéndolo también en su discurso de apertura del Congreso. Meses después, Eva Perón desempeñó un papel decisivo al presionar al parlamento para la pronta aprobación de la ley, convirtiéndose en la figura clave para la conquista de los derechos políticos femeninos. De este modo, Argentina se alineaba con otros países del mundo, como China y Venezuela, que también promulgaron sus propias leyes de voto femenino en 1947. Un año antes lo habían hecho Trinidad y Tobago, Italia y Japón; y, un año después, Corea del Sur e Israel. Sin embargo, pronto quedó claro que la promulgación de leyes de voto femenino no era suficiente para que las mujeres accedieran a cargos electivos. Votar es una cosa, pero integrar las listas de candidatos, ocupar puestos directivos en el Congreso y participar activamente en los mecanismos de acción política de los partidos son aspectos muy distintos. Esta diferencia subraya la brecha entre votar y ser votada.

Lo distintivo de la experiencia argentina respecto a otros países, es que entre 1951 y 1955, el peronismo generó espacios para las mujeres en las bancas nacionales y provinciales, en las constituyentes provinciales, en el cuerpo directivo parlamentario y en las jefaturas del partido a nivel nacional y provincial. Se trató de decisiones políticas no sustentadas en una normativa específica que así lo considerara. ¿Cuál sería el mecanismo a implementar sin una ley que lo consignara?

El movimiento peronista se estructuró en tres ramas distintas: el Partido Peronista Masculino, el Partido Peronista Femenino y la Confederación General del Trabajo, representando respectivamente a hombres, mujeres y obreros. Aunque cada rama tenía sus propias autoridades y formas de organización, compartían líderes, Perón y Eva Perón, así como una doctrina común. Durante las elecciones, presentaban conjuntamente una lista única de candidatos. Ahora bien, ¿Cómo se organizaban y distribuían los espacios entre las distintas ramas del movimiento peronista?

En una reunión secreta con gobernadores y altos miembros del gobierno, incluida Eva Perón, Juan D. Perón consideró la idea de asegurar una proporcionalidad igualitaria en las candidaturas, en línea con la representación tripartita del movimiento peronista, es decir un tercio para cada sector. Con la cercanía de las elecciones de 1951, las primeras en las que las mujeres y los habitantes de los territorios nacionales votarían, esto condujo a establecer un treinta por ciento de representación tanto en las instancias nacionales y provinciales, como en las convenciones constituyentes de las nuevas provincias de Chaco, La Pampa y luego Misiones. A mediados del siglo XX, Argentina estaba compuesta por catorce provincias, la Capital Federal y diez territorios nacionales. A partir de la década de 1950, comenzó el proceso de provincialización de los territorios nacionales y la consiguiente organización político-administrativa. La Constitución de 1949 habilitó a sus habitantes a votar para presidente y vicepresidente, y estableció una representación parlamentaria gradual mediante el voto para delegados al Congreso Nacional, quienes tenían voz pero no voto. Esta disposición se hizo efectiva en 1951.

A menudo, diversos motivos políticos y de organización partidaria impidieron cumplir el aspirado treinta por ciento, resultando en ocasiones en porcentajes inferiores. Sin embargo, hubo elecciones provinciales donde este umbral se superó, llegando incluso a incluir hasta la mitad de la lista con mujeres, todas con posibilidad de ser electas, como en las nuevas provincias Presidente Perón (Chaco), Eva Perón (La Pampa) y Misiones. En los territorios nacionales de Tierra del Fuego y Chubut, donde correspondía un delegado por la cantidad de habitantes, ambos fueron representados por mujeres, logrando así una representación femenina del cien por ciento.

Otro punto de interés a destacar es la ocupación de puestos directivos en las cámaras, los cuales también se dividieron en un treinta por ciento. En el Congreso de la Nación, dos mujeres ocuparon altos cargos directivos junto a un representante de la rama masculina y la gremial. A partir de 1953, Delia Parodi se desempeñó como vicepresidenta primera en la Cámara de Diputados. En 1954, Ilda Pineda ocupó el cargo de vicepresidenta segunda en la Cámara de Senadores y en 1955, fue vicepresidenta primera. Esta misma dinámica se replicó en provincias como Buenos Aires, Entre Ríos y San Luis. En esta última, la vicepresidenta segunda de la legislatura, al encontrarse en la línea de sucesión, llegó a reemplazar brevemente al gobernador, convirtiéndose en la primera mujer en ejercer dicha función.

Entre 1951 y 1955, el peronismo fue la única fuerza política que logró que todas las candidatas que presentó ocuparan bancas en el Congreso. El número de mujeres en las cámaras fue aumentando en cada instancia electoral. Sin embargo, este avance se vio truncado con la caída del gobierno de Perón en 1955 y la subsiguiente proscripción y persecución del peronismo durante casi dos décadas, marcadas por la alternancia entre gobiernos civiles y militares. Como consecuencia, en las siguientes elecciones, el porcentaje de mujeres en el Congreso descendió a niveles mínimos.

Con los años, y con los bajos índices de electas, Argentina tuvo que equipararse con otros países del mundo mediante la promulgación de normativas que aseguraran la inclusión de las mujeres en el Congreso. Esta exclusión dio lugar a un movimiento mundial que impulsó diversas acciones para promover la igualdad de oportunidades políticas, implementando diversos mecanismos legales. Aunque se han alcanzado avances significativos, el camino hacia la plena igualdad en la política aún está en curso y queda mucho por hacer.

En las últimas décadas, la mayoría de los Estados han manifestado su compromiso, tanto a nivel nacional como internacional, de promover el acceso de las mujeres a cargos políticos. Estos compromisos pueden traducirse en decisiones políticas concretas o en la implementación de normativas específicas. Estas normas adoptan diversas modalidades: escaños reservados para mujeres, cuotas legislativas en los procesos electorales y cuotas establecidas por los partidos políticos. La implementación de cuotas ha facilitado la inclusión de candidatas, lo que ha resultado en un aumento del número de mujeres en los parlamentos nacionales y subnacionales. No obstante, la decisión política directa dentro de los partidos ha sido más difícil de implementar.

En 1991, Argentina se convirtió en el primer país en el mundo en establecer un cupo femenino mínimo del treinta por ciento, de carácter legal y obligatorio para todos los partidos políticos. Este compromiso fue elevado a rango constitucional en 1994, asegurando la igualdad real de oportunidades entre hombres y mujeres para acceder a cargos electivos, así como a cargos partidarios. Estas garantías se implementarían a través de acciones positivas en la regulación de los partidos políticos y en el sistema electoral.

¿Por qué se optó por establecer un porcentaje del 30% y no otro?

Las razones se remontan a los años del peronismo originario. El porcentaje del treinta por ciento propuesto por Perón se instaló en el imaginario colectivo y más tarde se adoptó como una aspiración política. Cuarenta años después, la ley de Cupo femenino lo consideró como el mínimo necesario para establecer candidaturas de mujeres. En 2017, debido a la persistente dificultad de acceso de las mujeres a las Cámaras, se aprobó otra ley crucial: la Ley de Paridad de Género.

La autora del artículo es Dra. en Ciencia Política. Investigadora principal del Conicet. Directora del Programa de estudios de historia del peronismo de la Universidad Nacional de Tres de Febrero.