Ley Bases: una buena noticia para la economía y la gobernabilidad

La aprobación por el Senado, con algunas modificaciones, de la denominada Ley Bases, constituye una muy buena noticia por un doble orden de razones.

En primer lugar, se trata de normas necesarias para que la Argentina se encamine a mejorar sustancialmente una estructura económica que ha generado estancamiento, inflación alta y pobreza. Una macroeconomía sana, sin constante déficit fiscal que se cubre con emisión monetaria espuria, es una precondición para que la inflación disminuya de modo significativo. Sin estabilidad, cualquier intento de crecimiento será quimérico. Debemos acostumbrarnos a que es malo, como ocurre en las familias, que el Estado gaste más de lo que recauda.

Las reformas son muchas, pero quisiera mencionar una sola, por su enorme importancia: el Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones (RIGI). Se trata de un sistema de flexibilización tributaria, aduanera y cambiaria que les garantiza estabilidad fiscal por 30 años a las empresas que inviertan más de 200 millones de dólares.

Se ha criticado a este régimen porque les otorga beneficios a algunas empresas más que a otras. Se ha dicho que viola el principio de igualdad ante la ley. Sin embargo, la Corte Suprema ha interpretado siempre ese principio no de un modo absoluto, sino permitiendo que se tengan en cuenta los contextos específicos en los que se lo aplica. Es igualdad entre situaciones iguales, lo que permite a los legisladores establecer clasificaciones siempre que sean razonables.

La razonabilidad está dada en este caso por la imperiosa necesidad de atraer inversiones, ya sean nacionales o extranjeras. Nuestro país está estancado hace más de una década. No crece ni crea empleos genuinos. Esta es la causa fundamental del deterioro de la calidad de vida de los argentinos y del aumento de la pobreza y la marginalidad. Es en vano postular grandes ideales de justicia social si no se cuenta con los medios para alcanzarlos. Tenemos una hiperinflación de derechos sociales, garantizados de todas las formas imaginables en la Constitución, las leyes, los tratados internacionales de derechos humanos. Al mismo tiempo, vivimos cada vez peor.

La solución solo vendrá de la mano de la inversión. Pero cuesta mucho atraer inversiones en un país con la historia económica de la Argentina de las últimas décadas, con inestabilidad y permanentes cambios en las reglas de juego, falta de cumplimiento de los contratos, confiscaciones, etc. Necesitamos desenrollar una alfombra de terciopelo para que sobre ella los inversores caminen seguros. No con la seguridad del lucro garantizado, ya que eso depende de mil factores y hace al riesgo empresario, sino con la tranquilidad de que se respetarán los grandes marcos jurídicos que ellos tuvieron en cuenta para hundir su capital.

La segunda y no menos importante razón para celebrar la votación del Senado es que indica que la gobernabilidad es posible. La Libertad Avanza cuenta con una representación muy minoritaria en ambas Cámaras. Tras arduas negociaciones (y el empeño, que merece ser destacado, del jefe de gabinete Guillermo Francos), se logró arribar a un consenso mínimo, que obligó al desempate de la vicepresidente, Victoria Villarruel, infatigable en su ardua tarea de buscar consensos y de presidir con maestría una turbulenta sesión. Para llegar a ese número se debió contar con el concurso de senadores de la oposición, excluidos los kirchneristas, aferrados a su catecismo obstruccionista, como antes había ocurrido en la Cámara de Diputados. En una declaración posterior, el presidente Javier Milei, fiel a su estilo, interpretó ese resultado como un triunfo personal, de David contra Goliat, sin agradecer el imprescindible apoyo de la oposición responsable y constructiva. Quizás para su discurso “anticasta” sea necesario obrar así. No obstante, es saludable que no compre lo que vende y que acepte que la negociación es parte de la acción parlamentaria y, en definitiva, de una República democrática. La mala política es lo que debemos dejar de lado, no la política en general, porque no hay democracia sin política. Y uno de los vicios de la mala política, tan hondamente arraigados en nuestras peores tradiciones, es el caudillismo, según el cual un ser providencial no se siente limitado por las instituciones.

Un aspecto que deber ser también destacado es que el Congreso sesionó normalmente, pese a que grupos violentos protagonizaron desmanes en las zonas aledañas con el deliberado propósito, como había ocurrido al tratarse la movilidad previsional en diciembre de 2017, de impedir el normal desenvolvimiento de las instituciones. Es una actitud claramente antidemocrática, llevada adelante por sectores que, a falta de votos, buscan en las piedras y en el fuego una legitimidad popular que las urnas les niegan. Las fuerzas de seguridad actuaron con firmeza, como debe ser.

El kirchnerismo, si no lo organizó directamente, procuró sacar provecho de esa situación. En cualquier caso, no condenó la violencia, con lo cual la respaldó tácitamente. Así representa a una Argentina vieja y decadente, a la que no queremos volver.

Con la vuelta del texto de la norma modificada por el Senado a la Cámara de Diputados y la insistencia por parte de ésta del dictamen original, Milei cuenta ya con las herramientas que solicitaba, inclusive con algunas que normalmente no deberían tener los presidentes, como las delegaciones legislativas. Ahora debe enfocarse en algo que aparentemente no le resulta atractivo, que es la gestión. A la postre, los gobiernos no se juzgan por los grandes principios económicos que enuncian, sino por los resultados que logran. Y para alcanzarlos es imperioso tener los pies en la áspera realidad, esa que suele ser reacia a los silogismos de los pizarrones.