En el mundo capitalista la libre competencia en el mercado es esencial a tal punto que podríamos decir que el capitalismo seguramente fracasaría sin normas que regulen la competencia. Porque el mayor beneficio del mercado es permitir que las fuerzas que en él convergen lidien para sobrevivir, destacarse y ganar. En esa lucha se generan las mejores iniciativas en cuanto a innovación, creatividad, eficiencia, y beneficio del ciudadano consumidor. También sabemos sin dudas que el capitalismo es el único sistema que ha demostrado generar más bienestar para el mayor número de personas en la historia. Pero como dijo Thomas Hobbes, “el hombre es lobo del hombre”, y es una utopía pretender que liberadas sin límites las fuerzas del mercado éstas de por sí y sin freno alguno tenderán al beneficio de todos. Si así fuera, jamás se habrían planteado problemas en los tribunales por violación a la competencia. Por el contrario, lo que se ha observado históricamente es que, sin regulación, ésas fuerzas tenderán a imponerse a cualquier costa y recurriendo a cualquier medio para eliminar competidores y finalmente apoderarse del mercado; culminando ello en perjuicio de todos.
Pues tan nefastas son las reglas sin libertad, como la libertad sin reglas. No hay libertad sin ley, pero el exceso de reglamentarismo nos conduce también a la esclavitud. Tan malo es el monopolio público como el monopolio privado.
El país más paradigmático en las regulaciones en defensa de la competencia es el que ha sido el adalid del capitalismo: Estados Unidos. Desde la Ley Sherman y sus múltiples secuelas hasta la actualidad, tanto Estados Unidos cuanto la Unión Europea han sido muy estrictos en la defensa de la competencia, a tal punto que dicha legislación se considera constitutiva de su corpus legislativo y de su desarrollo económico y social.
Los argentinos ahora estamos dando un giro de 180 grados, volviendo a los principios liberales de nuestra Constitución que jamás deberíamos haber abandonado. Este giro está encabezado por la Ley “Bases y puntos de partida para la libertad de los argentinos”, inspirada en la obra de nuestro prócer Juan Bautista Alberdi “Bases y puntos de partida para la organización política de la República Argentina”.
Pero lo que no debe olvidarse es que no puede haber liberalización del mercado si, paralelamente, no prestamos suma atención a la regulación antimonopólica y a la defensa de la competencia; capítulo que misteriosamente ha desaparecido de los borradores que circularon originalmente de ése proyecto y hoy no se menciona ni se trata, lo que constituye sin dudas un problema. Es imperativo que una vez promulgada la Ley Bases, se imponga una profunda y prolija normatización que defienda la libre competencia. No dejemos esa regulación al socialismo, es el espíritu de Alberdi que debe reinar en ésta tan delicada adecuación.
Argentina ha sumado un fracaso tras otro en la defensa de la competencia, legislación que tiene más de cien años desde su primera norma, y que ha sido olvidada o aplicada a desgano, mal y tarde. Sucesivas leyes han puesto en el papel organismos que aún no han sido puesto en marcha a pesar de haber transcurrido casi 30 años desde su creación (me refiero por ejemplo al Tribunal de Defensa de la Competencia creado por Ley 25126 de 1999). El Gobierno del Ing. Macri también insistió en éste tema, sin que a la fecha se haya plasmado en la realidad (Ley 27124).
Igual suerte corren las legislaciones paralelas, como las normas antidumping (Incorporadas por Ley 24425) y la Ley de Lealtad Comercial (Ley 22802); las cuales transitan en éstos lares su oscura vida sin pena ni gloria; cuando en realidad son esenciales para el desarrollo de las empresas.
Será imposible que obtengamos bienestar y libre competencia si no nos ponemos urgente manos a la obra con la adecuación y puesta en efectivo funcionamiento de las leyes y organismos dedicados a dicha especialidad.
En la experiencia mundial, toda liberalización de un mercado conlleva necesariamente la obligación de poner en marcha efectivos mecanismos antimonopólicos y de defensa de la libre competencia, a riesgo de que si no se hace, ningún beneficio obtendrá el ciudadano de la mayor libertad que sin duda alguna necesitamos.
En las dos últimas décadas, Argentina vivió un estatismo casi totalitario en lo económico, sufrimos las más abstrusas disposiciones contrarias al más elemental sentido común, al servicio de la voracidad fiscal de un Estado ineficiente y corrupto. Pero el sistema económico se adaptó para sobrevivir, y con ello, las ineficiencias que hubieran condenado a la desaparición de las empresas en un sistema libre y desregulado, fueron adoptadas por muchos para poder seguir adelante, a la fuerza, porque ésa es la primera obligación de todo empresario: sobrevivir y adaptarse aunque sea a la decadencia.
Así entonces, la actual desregulación que se requiere obligatoriamente para salir de ésta situación, debe procurar adoptar los más altos estándares mundiales en materia de defensa de la competencia, para de una vez por todas entrar en el círculo virtuoso del desarrollo.