En 1999, en vísperas del nuevo milenio, la OIT adoptó el Convenio núm. 182 sobre las peores formas del trabajo infantil. En el año 2020, cuando ya podían observarse los impactos de la pandemia provocada por el COVID-19, hubo otro hito: con la ratificación por parte del Reino de Tonga, la Organización, por primera vez en su historia, logró la ratificación universal de una norma internacional. Es decir, los 187 países miembros de la OIT se comprometieron a erradicar las peores formas de trabajo infantil.
Y hoy, a 25 años del establecimiento de ese convenio y en una nueva conmemoración del Día Mundial contra el Trabajo Infantil, es crucial reflexionar sobre los logros y desafíos que aún enfrentamos.
Las estimaciones globales de la OIT y UNICEF indican que 160 millones de niños y niñas trabajan, con una significativa concentración en el sector agrícola. América Latina y el Caribe presentan una alta prevalencia de trabajo infantil peligroso. Y en Argentina, el 20 por ciento de las y los niños entre 5 y 15 años trabajan en zonas rurales. El 10 por ciento lo hace en zonas urbanas.
Viven con la obligación de trabajar, a menudo en condiciones que ponen en riesgo su salud y seguridad, a costa de su educación y de su futuro. El trabajo peligroso, que daña la salud, seguridad o moralidad de los niños, es un indicador clave de las peores formas de trabajo infantil. Además, para la OIT, esta categoría incluye la esclavitud, la trata de niños y niñas, la servidumbre por deudas, el trabajo forzoso, el reclutamiento en conflictos armados, la explotación sexual y el uso de niños y niñas en actividades ilícitas como el tráfico de drogas.
En las zonas rurales, realizan trabajos peligrosos como manejar herramientas de corte, alambrar o utilizar agroquímicos. En las áreas urbanas y periurbanas, una de las expresiones del trabajo infantil en sus peores formas, se encuentra en las actividades vinculadas a los basurales. Niños, niñas y adolescentes trabajan, comen y socializan durante las diversas etapas del proceso de recolección de residuos.
En esta línea, los espacios y los sistemas de cuidado son herramientas fundamentales para prevenir que las y los niños ingresen en el mercado laboral. Como el resto de los países, Argentina también debe intensificar sus esfuerzos para prevenir y erradicar el trabajo infantil en todas sus formas. Para este enorme desafío, cuenta, por un lado, con un sólido marco normativo que incluye la ratificación de los Convenios 138 y 182 de la OIT, así como la Convención sobre los Derechos del Niño incorporada en la Constitución Nacional.
Por otra parte, desde 2022, Argentina es País Pionero de la Alianza 8.7, el consorcio global que reúne a quienes buscan cumplir la Meta 8.7 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). El estatus de “País Pionero” distingue especialmente a los Estados por reafirmar su voluntad política, adoptar legislación e implementar políticas para poner fin al trabajo infantil y la esclavitud moderna.
A su vez, erradicar el trabajo infantil requiere de acciones coordinadas con múltiples acciones, entre quienes los gobiernos, los empleadores y los sindicatos tienen un rol clave. De ese modo, en el marco del diálogo social tripartito, es necesario promover el trabajo decente para las personas adultas, fortalecer la legislación, promover la educación y sensibilizar a la sociedad. Solo así podremos garantizar un futuro digno para nuestros niños y niñas.
No podemos ni debemos mirar hacia otro lado. La erradicación del trabajo infantil en sus peores formas debe seguir siendo una prioridad urgente.