Inteligencia Artificial en la AFI: la oportunidad de transformar los servicios

La Agencia Federal de Inteligencia (AFI) se encuentra en un momento decisivo. Tras la salida de Nicolás Posse del Gabinete, supuestamente salpicada por acusaciones de espionaje interno, vuelve a ser novedad la discusión sobre su eficiencia y función.

Tal vez cueste asumirlo, pero probablemente desde su fundación –con otro nombre– en 1946 hasta la actualidad, no hubo presidente que no haya utilizado sus “servicios” para resolver algún que otro “asuntito” interno, así que la moralina partidaria no tiene lugar acá.

A su vez, también tengo que reconocer que fueron varios los intentos a lo largo de la historia por hacer “más transparente” su funcionamiento y el uso de sus fondos reservados. Tal vez el último intento fue en 2015 cuando Cristina Fernández de Kirchner cambió su nombre, estructura y le sacó un poderoso e histórico brazo para entregárselo al Poder Judicial: la famosa “OJOTA” (después DICOM) que tenía a cargo las escuchas telefónicas.

Tal vez la próxima oportunidad de transformación la tenga el presidente Javier Milei y esta esté más cerca que lejos; de hecho, tal vez la tecnología tenga mucho que ver en esta transformación y termine convirtiendo a la AFI en una verdadera agencia de lucha contra el crimen organizado.

La implementación de tecnología avanzada no es solo una oportunidad para modernizar sus operaciones, sino también para transformar su imagen y eficacia. La tecnología puede ser el puente que lleve a los organismos de inteligencia argentinos (no solo a la AFI) desde las sombras del secretismo hacia la luz de la transparencia y la lucha efectiva contra el crimen organizado.

Para que la AFI se convierta en un modelo eficiente, es imperativo que exista un interés político genuino en su reforma. Sin este compromiso, los presidentes podrían sucumbir a la tentación de mantener “espías” en lugar de perseguir un organismo eficiente y transparente. La tecnología no debe ser un mero instrumento de poder, sino un catalizador para el cambio y la integridad institucional.

La AFI debería tomar la iniciativa de diseñar su propio sistema de inteligencia artificial y análisis de datos, completamente autónomo y cerrado a actores externos. Aunque esto representaría una inversión significativa, es una inversión necesaria para garantizar la integridad y seguridad de la información manejada. La AFI tiene el presupuesto y, más importante, la responsabilidad de asegurar que su infraestructura tecnológica esté a la altura de los desafíos actuales.

Por otro lado, esto implicaría reclutar especialistas en la materia: ingenieros, científicos de datos, especialistas en Procesamiento de Lenguaje Natural o hasta incluso matemáticos, que previo paso por la Escuela Nacional de Inteligencia puedan trabajar en el desarrollo del proyecto.

La ciberseguridad preventiva debe ser una prioridad para el sector privado, pero cuando se comete un delito, es ahí donde la AFI podría intervenir con fuerza auxiliando a la Justicia. Esta hipotética nueva Agencia de lucha contra el crimen organizado podría ser un ente activo en la investigación y resolución de delitos informáticos, trabajando en conjunto con otras instituciones, tanto públicas como privadas, para proteger la economía nacional.

Los delitos informáticos se encuentran a la luz del día y su impacto es cada vez mayor: mientras que una PyME puede perder $10.000.000 por día en un ataque, una compañía de mayor envergadura multiplicaría sus pérdidas de forma directamente relacional a su facturación.

Por ende, insertar a los delitos informáticos dentro de su lógica de trabajo habitual, permitiría sostener un sistema financiero mucho más sólido a nivel nacional.

El presupuesto de la AFI podría estar condicionado a su rendimiento, utilizando indicadores clave de desempeño (KPI) como el número de crímenes resueltos que resulten en sentencias firmes por parte de un Juzgado. Esto alentaría una cultura de resultados y responsabilidad, asegurando que los recursos se utilicen de manera efectiva trabajando en cada caso investigado con certezas absolutas y no con suposiciones vagas.

Hasta en el caso de las personas prófugas de la Justicia, podría absorber las recompensas que el Ministerio de Seguridad otorga a quienes aporten información fidedigna de los prófugos cuando estos son localizados.

Estas ideas son solo el comienzo de una discusión más amplia que se necesita sobre la reforma del Sistema de Inteligencia Nacional y que por supuesto siempre estará salpicada por intereses políticos dispares, sobre todo entre los diferentes organismos de inteligencia criminal que forman parte del mismo Gobierno.

Una columna de opinión no puede abarcar la complejidad del tema, pero es un paso hacia el reconocimiento de que la AFI y sus homólogos necesitan una reforma profunda y tecnológicamente adecuada.

Sin dudas es una discusión que tenemos que dar, pero es relevante que los ciudadanos aportemos ideas para tal fin. De todos modos, somos nosotros quienes debemos estar protegidos, ¿verdad?