Supongamos que creemos en la sana y libre competencia de los mercados. Por un instante nos volvemos liberales en economía. Bien, esa competencia debe reconocer un dato primordial: cuál es la igualdad de condiciones legales. O sea, que todos los actores que pretenden ofertar productos tengan igualdad de derechos. ¡Más liberal imposible!
Pero el RIGI marca claras diferencias entre la industria y el comercio argentino con las empresas extranjeras que podrán incorporarse al mercado local sin pagar tributos ni aranceles y en el peor de los casos, abonando mucho menos impositivamente.
Esto desmoraliza y quita incentivos a lo que va quedando de la industria nacional y coloca en severo riesgo de extinción, no solo a miles de Pymes, sino también a grandes empresas que han invertido y desarrollado, desde hace años, en el país.
Este régimen de exenciones impositivas para grandes inversores pondrá a cualquiera que venga con el monto estipulado (200 millones de dólares) en ventaja con el sistema de producción y comercialización local y le quitará toda posibilidad de generar valor, a la vez que implicará una caída en sus ventas, despido de trabajadores y crisis en sectores del desarrollo nacional.
Creo que es correcto establecer mecanismos de legalidad y atracción para inversiones privadas extranjeras. Es bueno y es útil para el impulso de algunas áreas carentes hoy de la necesaria inversión que le asegure infraestructura para su producción. Siempre sirve tener ingreso de dólares que garanticen un aumento de reservas en moneda fuerte y logren mejoras en lo macroeconómico.
Bienvenido el capital que traiga avance y creación de trabajo en nuestro país. Pero este modelo que pretenden legalizar y que los senadores aprobaron, es ridículamente beneficioso en extremo para el inversor y peligrosamente nocivo y destructor para el empresariado argentino.
Como está planteado el RIGI, no pone en valor nada que tenga que ver con políticas de promoción a lo local ni de incentivo fiscal alguno para los argentinos. Ni hablemos que es “antiliberal” al poner el mínimo de 200 millones como exigencia para entrar al plan, como si alguien que quiere invertir 180 millones no tenga derecho a gozar de los mismos beneficios (aclaro esto desde una mirada liberal, que desde ya no comparto).
El RIGI puede traer al país equipamiento como inversión, maquinaria, materiales, todo sin pagar aranceles y eso ya los coloca en una ventaja respecto al costo nacional, que abona tributos por cada paso productivo que va dando.
Es simple, los beneficios para los nuevos inversores serán así: no pagan IVA (los locales pagan el 21%), no pagan derechos de importación (acá se paga el 13%), no pagan Ingresos Brutos (acá el 6%), en Ganancias pagarán 25% contra el 35% de los locales, no pagan tasa de estadísticas (acá el 3%), no pagan el Impuesto PAIS (los locales el 17,5%) y hay más todavía, pero esto es lo sustancial.
Una situación a todas luces injusta e insisto, dentro del marco del pensamiento liberal que anima o dice animar a este gobierno. Por supuesto, en la mirada de quienes creemos en una Argentina planificada con equilibrio, sentido social y desarrollo armónico de regiones y sectores, todo esto es una tremenda audacia y codicia de estudios de abogados de empresas extranjeras que entregaron esta propuesta con la expectativa que le otorguen, al menos, un 30% de lo pedido y se llevan como regalo de Navidad adelantada, ¡el total de lo que pedían! Como bien podría decir el gran Jorge Luis Borges: “No es solo que sea pésimo, es algo peor, es exagerado”.
Un tema no menor es que tiene una vigencia legal de 30 años y las controversias que surjan deberán litigarse en el CIADI, donde tenemos vasta experiencia en que Argentina no gane nunca un juicio.
En casi todos los países que implementan modelos de regulación para inversores extranjeros, se utilizan formas desde la técnica fiscal y contable que aseguren sostenibilidad para empresas locales, para proveedores nacionales y el uso obligatorio de algún modelo de Compre Nacional. Se respeta el valor local. Se pone en valor, tanto la necesaria inversión como la defensa de lo local para que la industria nacional tenga desarrollo y pueda competir con chances.
La innovación tecnológica no se garantiza con regalos a los grandes inversores y nosotros tenemos modelos (casi todos estatales, como Invap y ArSat y en las Universidades Nacionales) de fuerte presencia en el mundo productivo digital y de las nuevas tecnologías, que son el mejor instrumento para complementarse con las inversiones serias y razonables para integrarse al comercio mundial y, en el país, generar más empleo formal.
Más que diferenciación política, me provoca enorme tristeza que la Legislatura de mi provincia, Río Negro, haya votado por mayoría el apoyo al RIGI. Y que diputados y senadores nacionales rionegrinos, no del Pro ni de LLA, voten la Ley Bases, que contiene al RIGI. Es un enorme error.