Se necesita mayor certidumbre fiscal para bajar el riesgo país

En un contexto de negociaciones por la Ley Bases y el Paquete Fiscal que se dificultan en el Senado, dos de los principales riesgos que enfrenta el equipo económico se ponen en mayor evidencia: el fiscal y el cambiario (esto último también fogoneado en un marco de baja de tasas de interés).

En materia fiscal, si se quiere bajar el riesgo país de modo sostenido, habida cuenta de los vencimientos abultados de deuda de 2025 y la necesidad de manejo de pasivos del Tesoro, el esfuerzo debe migrar desde lo transitorio a lo perdurable. Aún más, hacia delante éste será más exigente para poder cumplir con la meta de déficit cero, dado que los segundos semestres suelen ser más abultados en términos de gastos. Esto incluso considerando la aprobación del paquete fiscal.

En efecto, el ajuste en los primeros cuatro meses del año fue de 1,13 puntos del PBI y, con supuestos optimistas, el paquete fiscal aportaría 0,65 puntos, todo esto frente a 4,6 puntos de reducción del déficit necesarios para alcanzar la meta anual. Si bien consideramos que se cumplirá con los objetivos fiscales, el ajuste resultante puede continuar afectando la actividad económica y deteriorar el stock de infraestructura.

No sólo es preciso lograr pasar leyes por el Congreso, sino también avanzar con un proceso de reingeniería tributaria para que el ordenamiento de las cuentas públicas sea plurianual y permita trazar un horizonte de certidumbre.

En este marco, entendemos necesario adoptar un enfoque estratégico y perdurable en el tiempo que contemple la creación de una regla fiscal, tanto para fijar un sendero descendente del gasto público (que se destine a una cada vez menor presión tributaria), como para mantener en el tiempo el déficit cero.

En definitiva, a pesar de obtener superávits fiscales financieros todos los meses, la sustentabilidad del ajuste fiscal aún no está garantizada.

Analizando lo realizado hasta el momento, se destaca un superávit fiscal financiero del 0,2% del PBI entre enero y abril, siendo el primer registro positivo en, al menos, los últimos 10 años. Además, se sobre cumplió la meta con el Fondo Monetario Internacional (FMI) correspondiente a la octava revisión del organismo. Esto se alcanzó incluso con una caída en los ingresos del 5% en términos reales en los primeros cuatro meses del año.

El gasto público se retrajo 32,2% interanual (i.a.) en términos reales en dicho período, con mermas generalizadas en todas las partidas. Este descenso se debió en parte a una importante licuación, con fuertes caídas en prestaciones sociales (24,5% i.a.) y salarios (19,2% i.a.), que en conjunto explicaron más de la mitad de la baja.

Asimismo, se advirtieron gastos pisados en la obra pública (cayeron 84,8% i.a.) y en pagos de energía a Cammesa. Así, resulta importante migrar a una composición más sostenible en el tiempo, y menos basada en licuación y gastos pisados.

No obstante, en abril se advierten cambios en la composición de la reducción del gasto, con un incremento de la proporción de erogaciones frenadas. A saber, los gastos de capital pasaron a explicar el 26,5% de la caída frente a 21,7% de enero-marzo, ya que continuaron con una baja superior al 80% i.a. en términos reales.

Similar lo que ocurrió con transferencias a provincias, que continuó contrayéndose a un ritmo del 75% i.a. deflactado por inflación (representaron 9,2% de la baja del gasto vs 6,2% del primer trimestre).

En sentido contrario, los subsidios económicos explicaron una menor proporción de la caída del gasto (en línea con el pago por la energía pendiente de febrero por $620.000 millones), al igual que lo observado en prestaciones sociales (dado que en abril pasó a estar vigente la nueva fórmula de movilidad y la recomposición del 12,5 por ciento).

En este sentido, con la fórmula de ajuste previa de la Seguridad Social, y en el marco del fogonazo inflacionario de los primeros meses, las autoridades redujeron el gasto en jubilaciones y pensiones en 0,6 puntos del PBI en el primer trimestre. Con el correr de los meses la diferencia respecto al año previo se va diluyendo, debido a la vigencia de la nueva fórmula de movilidad, estimándose que en el último trimestre las erogaciones por este concepto se igualen a las del año previo en términos del PBI.

Esto se dará en un contexto en que los segundos semestres suelen ser más abultados en términos de gastos, resultando más exigente el esfuerzo fiscal que deberían realizar las autoridades para cumplir con la meta de déficit fiscal cero. En esta dirección, realizamos un ejercicio teórico que no pretende ser una proyección, sino dar una magnitud del esfuerzo fiscal pendiente. Así, se supuso que las prestaciones sociales evolucionan de acuerdo con el DNU 2024-274 y contemplando bonos.

Por su parte, se asumió que el ahorro en términos del PBI de los subsidios económicos sigue siendo el mismo (0,2% del PBI entre enero y abril), por lo que implica que vuelve a realizarse un ajuste en las tarifas de servicios públicos hacia delante. Vale mencionar que, de continuar posponiéndose la actualización de tarifas de energía eléctrica durante los meses del invierno, el Tesoro debería afrontar un costo extra frente al año pasado de $1,8 billones o el equivalente a 0,2% del PBI entre mayo y julio.

Asimismo, se considera una evolución de los salarios en línea con nuestras proyecciones del sector público y para otros gastos corrientes. se toma una variación nominal igual que la evidenciada en abril.

Dados estos supuestos, para evidenciar una baja del gasto del orden de 4% del PBI, las transferencias a provincias y las erogaciones de capital deberían registrar bajas muy abruptas en el resto del año en línea con las registradas en los primeros meses (67% i.a. y 73% i.a. en términos reales en el segundo semestre, respectivamente), lo que podría tener efecto contractivo sobre la actividad económica agregada.

Recordemos que para alcanzar la meta de ausencia de déficit financiero, debe verificarse un ahorro fiscal en porcentaje del PBI de 4,6 puntos respecto a 2023, que fue el resultado negativo de 2023, sin contabilizar los ingresos por el 5G.

Más aún, este ejercicio demanda que los ingresos se incrementen en medio punto del PBI en el año (asumiendo que el peso de los intereses se sostiene en términos del PBI), cuestión que no es tan obvia en un marco de caída de la actividad económica. En este sentido, los recursos tributarios ligados a la actividad (IVA neto, Contribuciones a la Seguridad Social, Débitos y Créditos) exhibieron una baja de 0,3 puntos respecto del PBI en los primeros cuatro meses del año.

Vale mencionar que los ingresos totales no presentaron variaciones en porcentaje del producto, ya que se advirtió una suba de 0,46 p.p. en los ingresos relacionados con el comercio exterior (derechos de exportación, derechos de importación e Impuesto PAIS.

En detalle, el Impuesto PAIS y los derechos de exportación experimentaron importantes aumentos en términos reales en el primer cuatrimestre del año (282% i.a. y 63,8% i.a., respectivamente).

En definitiva, los próximos meses demandarán un esfuerzo fiscal muy abultado con consecuencias en la actividad económica, que también podría afectar los recursos futuros. Más aún, una reducción de las erogaciones basada en gastos pisados no es sostenible hacia delante, con efectos en materia de obsolescencia de infraestructura, por sólo mencionar un ejemplo.

En la octava revisión el staff técnico del FMI se destacó que “es necesario que continúen realizándose esfuerzos para mejorar la calidad y la equidad de la consolidación fiscal, afinar los marcos de política monetaria y cambiaria, así como atender los cuellos de botella para el crecimiento”. Así, sin dudas apremia migrar a una consolidación más sostenible en el tiempo, cuestión que abordaremos en la próxima sección.

Para migrar hacia una consolidación fiscal más sustentable, es preciso lograr pasar leyes por el Congreso. En esta dirección, las autoridades continúan negociando modificaciones en el Senado del Paquete Fiscal que incluye cambios en el Impuesto a las Ganancias, en el Monotributo, en Bienes Personales y un blanqueo de capitales.

El Gobierno preveía que el impacto del paquete fiscal sin modificaciones rondara los $4 billones, lo que implicarían 0,65 puntos porcentuales del PBI, según nuestra estimación de actividad. En detalle, serían ingresos por 0,21% del PBI por la reinstauración de Ganancias, 0,08% por cambios en Bienes Personales y 0,02% por Monotributo. De todos modos, buena parte de la recaudación adicional la proyectan por ingresos del blanqueo (0,34%), lo que resulta una incógnita.

Así, incluso con la aprobación de la ley, el esfuerzo fiscal de este año será muy exigente. En efecto, el ajuste en los primeros cuatro meses del año fue de 1,13 puntos del PBI frente a igual periodo del año previo (0,17% de PBI del resultado financiero de enero-abril 24 vs. Un saldo negativo de 0,96% de PBI en igual período del 2023) y con los supuestos optimistas de las autoridades por el paquete fiscal se obtendrían ingresos extra por 0,65% de PBI, todo esto frente a un esfuerzo de 4,6% de PBI que debe hacerse en el año y frente a gastos más abultados en el segundo semestre.

En efecto, a pesar de obtener superávits fiscales financieros todos los meses, la sustentabilidad del ajuste fiscal no está garantizada. Tras dos décadas de continuo incremento en el gasto público consolidado (42% del PBI en 2022 sumando nación, provincias y municipios), llevará tiempo volver a erogaciones del 25% del PBI, como mencionaron las autoridades.

También resta un largo camino por recorrer en materia tributaria, donde se debe avanzar en una reingeniería para que el ordenamiento de las cuentas públicas sea plurianual y permita trazar un horizonte de certidumbre hacia delante. En este sentido, se debe incrementar la base de tributación, en una economía cuya informalidad resulta muy elevada (44% la laboral, según la Organización Internacional del Trabajo).

Asimismo, es importante reducir la incidencia de gravámenes distorsivos, como el Impuesto PAIS y las retenciones sobre la exportación, por nombrar algunos ejemplos. Así, es necesario migrar hacia un enfoque estratégico y perdurable en el tiempo.

Más allá de la idea de Presupuesto Base Cero que debe primar del lado del gasto público, consideramos importante establecer una regla en materia de gasto público hasta alcanzar el objetivo de baja a un máximo de 25% del PBI. Esto con sanción de una ley en la que las erogaciones no puedan superar anualmente a la inflación, dejándole al crecimiento económico el trabajo de reducir el gasto en términos reales para así ir eliminando impuestos, aumentar el universo de quienes tributan y generando la posibilidad de construir un Fondo Público Anticíclico (a partir de la obtención de ingresos extraordinarios).

Los autores son economista Jefe y Director Coordinador de Fundación Capital