Las licuaciones de activos y pasivos y sus consecuencias

Existe, entre los economistas profesionales, una tendencia a la minimización de la importancia de las cuestiones institucionales a la hora de evaluar la efectividad de las políticas públicas. En ese sentido, muchos solo miran balances contables, indicadores de precios y datos monetarios sin tener en cuenta el valor que determina contar con una buena calidad de instituciones, tanto privadas como públicas.

Muchos de ellos evalúan también el éxito de una estrategia de estabilización, un blanqueo de capitales, una reforma impositiva o la inversión en infraestructura solo desde el punto de vista financiero, olvidando que, sin calidad institucional, los contratos y todos los supuestos beneficios obtenidos pueden transformarse en elevados costos con instituciones oscilantes.

La llamada Ley Bases, impulsada desde el oficialismo, pese a tener algunos puntos que se podrían considerar positivos, no garantiza la estabilidad legal puesto que en Argentina la inestabilidad es una cuestión intertemporal.

Desde diciembre 2023 a esta parte se ha observado con preocupación hablar, tanto en sectores políticos como también en el periodismo, de la aplicación de un plan económico basado en “motosierra y licuadora”, el cual implica un severo ajuste del sector privado y, lamentablemente, una deliberada provocación de importantes pérdidas patrimoniales en ahorros, ingresos y poder adquisitivo de los salarios y jubilaciones de la población.

Ello, no es otra cosa que una confiscación masiva de fondos, pero hecha en partes y sin un plan de largo plazo que permita que las nuevas normas sean sostenibles en el tiempo. A manera de ejemplo, la licuación de las jubilaciones y pensiones, más allá del problema estructural del sistema de seguridad social, es una prueba más de que la pérdida de poder adquisitivo de los haberes no puede ser sostenida como medida económica permanente sin pagar costos políticos que podrían generar una futura pérdida de apoyo de amplios sectores de la sociedad y quizás una reversión no deseada del gasto en seguridad social.

Ante esta situación, asombra que tanto en el sector político como en el periodismo -ambos importantes actores de la opinión pública nacional- se observan solo unas pocas voces que emiten opiniones críticas.

Por otro lado, es nula la intervención de la justicia al respecto, no obstante anunciarse a viva voz la confiscación de fondos vía la nombrada “licuación”, procedimiento palmaria y manifiestamente contrario a la Carta Magna formal. ¡Para agravar el estado de situación, públicamente, informa la prensa la intervención de “operadores judiciales” cuya misión es procurar conseguir apoyos tribunalicios a las medidas tomadas, algo totalmente impensado en un país serio!

Llama aún más la atención que todo ello sea realizado por una administración cuya cabeza, el hoy presidente de la Nación, sostuvo en la red social X, en fecha 22 de agosto de 2023: “El liberalismo es el respeto irrestricto del proyecto de vida del prójimo, basado en el principio de no agresión y en defensa del derecho a la vida, a la libertad y a la propiedad”, mientras la oposición y las instituciones de la República observan impávidas esas pérdidas patrimoniales de la sociedad y una solicitud de poderes casi amplios del ejecutivo.

Comentario aparte merece la postura del sector financiero, que mediante el “carry trade” obtiene importantes ganancias, impensadas en cualquier país civilizado, las cuales son incompatibles con la salida de la crisis actual -por el endeudamiento que ello provoca tanto de Tesorería como cuasi fiscal del Banco Central- y con el progreso de la sociedad por falta de crédito al sector privado. Todo esto podría provocar una salida traumática cuya herencia sería otra severa crisis de credibilidad que afectará nuevamente a las propias instituciones financieras, es decir contra los propios accionistas disminuyendo fuertemente el valor de mercado de las Instituciones crediticias.

Esto por cuanto, sin duda, provocaría el incremento del ya de por si altísimo rechazo a la bancarización y a la canalización de los ahorros de la población en el sistema financiero local, es decir un nuevo aumento de desconfianza en el sistema, que motorizaría el convertir los fondos destinados a ahorros en moneda extranjera -provocando así una demanda innecesaria de divisas- los cuales seguirían canalizándose al “colchón” para los pequeños ahorristas o colocaciones financieras en instituciones del exterior para los más avezados, que financiarían en este último caso el crecimiento para otros países.

No es de extrañar entonces que, seguidos a estos episodios de entradas transitorias de capitales, con la consiguiente distorsión sobre los precios relativos, volvamos a presenciar un proceso inverso, es decir una brusca salida de capitales y con ello generar más volatilidad cambiaria.

La volatilidad del tipo de cambio real, la falta de instituciones bancarias fuertes, las deficientes normas prudenciales que controlan el sistema bancario, la constante intervención en la cuenta de capital de la balanza de pagos, el minúsculo sistema financiero local, la inestable política fiscal, la falta de una justicia independiente y tantas otras cuestiones institucionales, resultan en un ambiente poco propicio para la recuperación de la inversión y el retorno del crecimiento sostenido.

Como ejemplo de la falta de pensamiento estratégico de largo plazo, no podemos dejar de mencionar que se encuentra totalmente ausente de la discusión pública la necesaria e imprescindible independencia de la autoridad monetaria, una hoja de ruta para el levantamiento definitivo y permanente del cepo cambiario y una profunda reforma fiscal que disminuya la existencia de impuestos distorsivos.

Con respecto al cepo, se ha mencionado públicamente la intención del gobierno en levantar las restricciones cambiarias, pero solo administrativamente, por lo que parece sería una repetición de lo acontecido a fines de 2015, esto es quitar las actuales prohibiciones cambiarias sin brindar seguridad jurídica de que no se vuelvan a instaurar en cualquier momento, todo lo cual no hace más que trazar un sombrío panorama a todo aquel que analice realizar inversiones en el país.

Nuevamente se debe tener presente y recordar las razones por las cuales el país se encuentra en la actual situación de “oveja negra mundial”: la total vigencia del “sálvese quien pueda” y su correlato la no vigencia del “estado de derecho”, lo cual ha llevado a encabezar los listados de países menos confiables a nivel global y por ende nos ha arrastrado a una interminable crisis económica y de toda índole, que vivimos desde hace muchos años. Las causas no son otras que la falta de apego a la Constitución, las normas y la institucionalidad.

Para que el lector se haga una idea de la nula vigencia del estado de derecho en el país, basta decir, como ejemplo, que el nefasto cepo cambiario estuvo vigente desde 2011 hasta fines de 2015 y luego de 2019 hasta el presente. Es decir 8 años con severas restricciones cambiarias y afectación al derecho de propiedad y en dicho lapso la Corte Suprema de Justicia de la Nación no se pronunció respecto de la constitucionalidad de la medida, contándose solo con fallos contradictorios de Cámara.

Pretender tropezar otra vez con la misma piedra, de ninguna manera será la solución sino por el contrario será, si no se corrige el rumbo en forma inmediata, un nuevo y lamentable capítulo que explique la continuación de nuestra decadencia como nación.

Mariano Fernández es Economista, Profesor Full Time Universidad del CEMA; Adolfo Paz Quesada es Abogado, Profesor de Derecho Constitucional, UBA. Los puntos de vista de los autores no necesariamente representan la posición de Ucema ni de la UBA