Las enseñanzas de los planes exitosos de estabilización en la región

La Argentina “salió”, o más bien intentó salir, de inflaciones extremas o hiperinflaciones en seis ocasiones: abril de 1976, junio de 1985, agosto de 1988, julio de 1989, enero de 1990 y marzo de 1991. El único “intento” exitoso fue el último, con la Convertibilidad, que le dio a la Argentina diez años de estabilidad de precios inédita desde 1945.

Estas experiencias se pueden visualizar en un gráfico cuyo eje vertical mide la tasa de inflación mensual y el horizontal mide los meses desde el inicio del plan. La tasa de inflación de la gestión actual está marcada en color violeta con los datos publicados hasta marzo, la línea punteada muestra la inflación esperada que surge del último relevamiento de expectativas que hace el BCRA y el área sombreada el rango entre el percentil 10 y 90 de esa muestra.

Como se puede observar, en casi todos esos episodios la caída inicial de la tasa de inflación mensual fue más pronunciada que la observada y esperada para la actual gestión.

Si se comparan los resultados obtenidos hasta ahora por el Gobierno con los de algunos países vecinos que enfrentaron situaciones parecidas en los ochenta y noventa, se observa que la caída más acelerada y menos volátil ocurrió en Ecuador con la dolarización y Brasil con el Plan Real. En tres años alcanzaron una tasa de inflación anual de un solo dígito.

A Bolivia le tomó ocho años lograr ese objetivo (diciembre de 1993). A Perú con el “Fujishock” le tomó siete años y un golpe de estado (con suspensión del Congreso) reducir la tasa de inflación anual por debajo de 10 por ciento.

Al analizar el costo de los planes de estabilización en términos de actividad económica, se ve fácilmente que los países que menos sufrieron fueron la Argentina y Ecuador.

Recién en 2006 Bolivia alcanzó el mismo PBI per cápita que tenía en 1978 y Perú superó el máximo alcanzado en 1987 en 2005.

Se pueden extraer algunas lecciones obvias de todas estas experiencias:

• Argentina y Ecuador, donde se implementaron los dos planes de estabilización más exitosos en términos de reducción de la inflación y recuperación económica, hubo ajuste fiscal pero el proceso comenzó con una reforma monetaria dura.
• Perú, el “cambio de régimen” recién llegó el 31 de diciembre de 1993, cuando, un año y medio después de un golpe de estado, Fujimori promulgó una constitución que estableció la autonomía del banco central y le impuso al Poder Ejecutivo la obligación de presentar al Congreso presupuestos financiados con recursos genuinos.
• Bolivia, la independencia de jure del banco central recién se alcanzó en octubre de 1995.

Lo que explica la relativa lentitud con la que está cayendo la inflación en la Argentina y la fuerte caída en la actividad económica, es la incertidumbre que aún persiste respecto a que régimen monetario/cambiario piensa implantar el gobierno. Seguimos con el cepo kirchnerista y nadie sabe con certeza cuándo se levantará y que lo reemplazará.

Desconozco los planes del gobierno, pero imagino dos posibilidades, a) el presidente Milei no abandonó una dolarización oficial, pero está preparando en sigilo su implementación, o, b) ha optado por otro régimen monetario. Cualquiera sea la decisión, cuanto antes se anuncie e implemente, más rápido caerá la inflación y se recuperará la actividad económica.

Últimamente se escucha que vamos hacia la “libre competencia de monedas”. Como ya he explicado en otro artículo, semejante régimen no tiene sentido si el dólar no tiene curso legal y no haya impedimento alguno a su tenencia, uso y/o transferencia. Y tampoco tiene sentido ni viabilidad darle curso legal al dólar (lo cual requiere ley del Congreso) mientras existan múltiples tipos de cambio de jure y de facto.

Incluso, aunque se unificara el tipo de cambio y se optara por un régimen en el que peso sobreviva en el sistema bancario, no generaría la credibilidad necesaria para reducir la inflación rápidamente, ya que la posibilidad de que un gobierno populista vuelva al poder y abuse de la emisión y confisque los depósitos no desapareció.

Este problema no se resuelve promulgando leyes que impongan penas a funcionarios por autorizar la emisión de pesos para financiar el déficit. En un país con anomia institucional como la Argentina, en el que es fácil derogar las leyes, dejarlas sin efecto por una “emergencia económica” o violarlas impunemente con anuencia del Poder Judicial, ese tipo de medidas no genera credibilidad.

Con una verdadera libre competencia de monedas la gente se dolarizará completamente. Nadie querrá tener un peso depreciado que no tiene más futuro que seguir depreciándose bajo este o el próximo gobierno. Milei lo tiene bien claro. Quizás por eso ya no habla de dolarización.

Pero avanzar hacia una mayor dolarización de facto por este camino indirecto y sin marco legal encierra un alto riesgo e impone altos costos de transacción a la economía.

De cualquier manera, a pesar de las diferencias que puedan tener entre ellos, ni el ministro de Economía ni de los economistas cercanos al gobierno, están a favor de una dolarización, por lo cual parece poco probable que se avance en esta dirección.

El Presidente también sabe que ningún país ha podido salir de un proceso de inflación extrema o hiperinflación si el ajuste fiscal no es acompañado por un “cambio de régimen” monetario abrupto y creíble.

Cualquier régimen monetario-cambiario para la Argentina debe aprobar este test: ¿Sobreviviría si el Presidente o el ministro de Economía fuera alguien como los Kirchner, Sergio Massa o Axel Kicillof? No tiene sentido proponer un fair weather regime, es decir un régimen que solo funciona con “gobiernos buenos”, respetuosos del orden jurídico y fiscalmente responsables.

La historia sugiere que la probabilidad de que volvamos a tener un “gobierno malo”, léase populista e irresponsable, sigue siendo elevada, especialmente si se produce otro auge en el precio internacional de las materias primas. El régimen monetario es como la casa en el cuento de los tres chanchitos. No hace falta aclarar quién es el lobo feroz.

La dolarización aprobó el test en Ecuador, porque pese a que Rafael Correa denostó el sistema como economista, como ministro de Economía y, más importante aún, como presidente del país durante 10 años en los que detentó más poder que Cristina Fernández de Kirchner en la Argentina, nunca pudo revertirlo y reintroducir el sucre, mientras que Raúl Alfonsín y Eduardo Duhalde lograron voltear la Convertibilidad en pocas semanas.

Correa además declaró un default oportunista en 2008, intentó degradar la integridad financiera de la dolarización expandiendo irresponsablemente el balance del banco central e impulsó, sin éxito, el lanzamiento de una moneda digital. El descalabro fiscal correísta tuvo serias consecuencias para la economía ecuatoriana (el default de 2020, una fuerte apreciación del tipo de cambio real, desaceleración del crecimiento, etc.), pero la dolarización mantuvo la inflación bajo control. Es decir, la dolarización le bajó el costo al populismo.

Si Correa hubiera podido imprimir su propia moneda, el poder adquisitivo de los ecuatorianos se habría evaporado con una inflación galopante.

El grado de compromiso de un gobierno a un régimen monetario es función del costo político de revertirlo. Como explica una nota de BBC Mundo de enero de 2020, en Ecuador, “el costo de repudiar la dolarización es muy alto porque una amplia mayoría de la gente quiere seguir cobrando su salario en dólares”.

Revertir una dolarización oficial no es tan simple como confiscar los depósitos de un grupo relativamente pequeño de ahorristas (como lo hizo Duhalde) sino de quitarle los dólares del bolsillo a los trabajadores, que constituyen la mayoría del electorado. Resulta obvio también que la dolarización no resolvió todos los problemas de Ecuador, sería absurdo pretender que hubiera hecho. Pero logró el objetivo principal, que era reducir de manera rápida y permanente la inflación.

Es muy loable y hay que aplaudir todo lo que ha hecho el gobierno con la desregulación, la reducción del gasto público y el déficit fiscal, el alineamiento geopolítico y la exposición y el castigo a los corruptos que se han servido del Estado para enriquecerse ilegalmente. Pero en democracia una política anti-inflacionaria con un ajuste fiscal recesivo es políticamente inviable.

Un cambio de régimen creíble generaría una reactivación económica y contribuiría a alcanzar más rápidamente el equilibrio fiscal. Así lo confirma la experiencia argentina con la Convertibilidad. La economía se reactivó porque la gente percibió que se había producido un cambio de régimen monetario y fiscal que aseguraba la estabilidad de precios.

Insisto sobre un punto clave: todos los países que lograron reducir la inflación de manera rápida y permanente lo hicieron con un cambio de régimen monetario y fiscal. Es decir, un cambio radical en la manera en la que, a futuro, el gobierno determinará sus presupuestos y financiará cualquier exceso de gasto (excluyendo explícitamente la emisión monetaria).

Las reformas en el plano monetario y fiscal deben estar bien coordinadas y secuenciadas. Lo que sucede es que la reforma monetaria-cambiaria tiene ejecución e impacto de manera casi instantánea, mientras que la fiscal inevitablemente toma tiempo ya que requiere negociar presupuestos anualmente en el Congreso.

La primera es clave en el corto plazo para reducir la inflación rápidamente y lograr el equilibrio fiscal sin que caigan la actividad y el empleo, pero a largo plazo mantener ese equilibrio es lo que sostiene la estabilidad monetaria.

Dada nuestra historia, las promesas de un presidente, por más ortodoxo y liberal que sea, no alcanzan a generar suficiente credibilidad. Sin acuerdo político con los gobernadores y parte de la oposición en el Congreso, ninguna reforma fiscal y/o monetaria tendrá sustentabilidad, y, por lo tanto, carecerá de credibilidad.

Y sin credibilidad, tomará más tiempo reducir la inflación a niveles tolerables y le tomará más tiempo a la economía recuperarse. Esto a su vez, reducirá el capital político del gobierno, haciendo más difícil que pueda avanzar con su ambicioso programa de reformas estructurales.

Quizás ya tiene una reforma monetaria en mente. Desconozco sus planes. Sin embargo, en el Pacto de Mayo brilla por su ausencia cualquier mención a la moneda o a una reforma monetaria. Las prioridades del gobierno parecen estar en el aspecto fiscal y regulatorio pero la historia demuestra que la reforma monetaria es la madre de todas las reformas. Es la que protege y viabiliza a las otras. Si no se implementa cuanto antes un cambio de régimen monetario, el gobierno pone a riesgo un valioso capital político que se depreciará rápidamente.

El autor es Economista e historiador. Esta columna fue publicada en el Blog del Libro Dolarización: Una solución para la Argentina