Causas por “Extorsión” piquetera y comedores “fantasma”: una oportunidad única para la justicia, la política y los movimientos sociales

El clima de época le permite a la justicia avanzar sobre temas que varias veces aterrizaron en Comodoro Py, pero que no prosperaron.

La presunta extorsión de dirigentes piqueteros sobre los beneficiarios del programa Potenciar Trabajo, a los que mantenía como rehenes, surge por varias razones. Desde el Ministerio de Capital Humano, Sandra Pettovello lo explica así: “Hasta ahora no había funcionarios que oficiaran como interlocutores. Ahora sí. Inundamos los juzgados y fiscalías de información. Datos, planillas. Les aportamos toda la documentación que piden. Y si no la solicitan, por las dudas, el equipo de Legales, que trabaja veinticuatro por siete, la envía igual”. La Ministra también afirma: “No soy una denunciante serial. Junto pruebas y voy al frente con eso. No doy nombres, no menciono a dirigentes ni ex ministros. Para eso están los jueces”.

Las causas que en las últimas semanas impactaron a la opinión pública dieron en la línea de flotación de organizaciones sociales y piqueteras.

Una de ella es la presunta extorsión en su mayoría a beneficiarios del ex programa Potenciar Trabajo, por parte de dirigentes que dicen luchar por los derechos de los más humildes. Está a cargo del juez Sebastián Casanello y el fiscal Gerardo Pollicita.

La otra, la que pesquisa la entrega de alimentos secos por parte de organizaciones de izquierda y peronistas a “comedores fantasma”, “inexistentes”, “no validados”, según la denuncia que realizó el Gobierno de La Libertad Avanza. Esta causa está delegada en el fiscal Ramiro Gonzáles. El juez es Ariel Lijo.

Leila Gianni, subsecretaria legal de Capital Humano, aportó esta semana una planilla Exel con los nombres y direcciones de 1.201 lugares que ya no funcionan como merenderos, o nunca lo fueron. O que lo hicieron hasta hace dos años. También había direcciones inexistentes. Lugares que cerraron porque no se les entregaba comida, o porque el referente se mudó de barrio. Pero a éstos nunca se los dio de baja y sus organizaciones podrían haber seguido recibiendo las raciones.

Las causas tienen vasos comunicantes. Las llamadas telefónicas a una línea especial que el Gobierno habilitó para denunciar los “aprietes” de líderes piqueteros: “Si no venís a la marcha te bajo del plan”.

A esta altura, cabe una aclaración. La sumisión a la que eran sometidas las víctimas se debía a que el gobierno de Alberto Fernández dejó en poder de los piqueteros -varios eran funcionarios suyos- el control de la asistencia de los trabajadores del Potenciar.

Debían realizar 20 horas semanales de labores. Los lugares eran las Unidades de Gestión. Emprendimientos productivos que, en su mayoría, dependían de cooperativas de trabajo de los movimientos sociales. Los responsables de esas unidades debían “controlar” la presencialidad de los beneficiarios y de elevar las planillas a la Secretaría de Economía Popular que estaba a cargo de Emilio Pérsico, líder de la organización social más extendida, el Movimiento Evita. Estaba de los dos lados del mostrador.

Las Unidades de Control eran las “intermediarias” entre el Estado que pagaba y las personas que recibían. De ahí nace el “descontrol”.

Con el poder de la lapicera para poner presentes y ausentes, exigían que, en vez de ir a la cooperativa para fabricar macetas, asistieran a las marchas.

No hacerlo significaba ausencia. A la tercera mácula, se informaba a la cartera social que el beneficiario debía ser dado de baja.

Advertida de la situación, Pettovello eliminó 300 Unidades de Gestión y lesquitó a los dirigentes la autoridad de ser dueños y señores del plan social.

Esas cooperativas también recibían financiamiento millonario por parte del Estado, buena parte de esos fondos eran autorizados desde la Secretaría a cargo del funcionario-piquetero. Eran convenios para el emprendimiento popular, o para realizar cursos o actividades comunitarias.

Según la Casa Rosada, en 2023, desde la ex cartera de Desarrollo Social se transfirieron US$34 millones.

El Polo Obrero picó en punta a la hora de marchar contra las políticas de La Libertad Avanza. A diez días de asumir, el 20 de diciembre, convocaron a marchar a Plaza de Mayo.

Rápida de reflejos, Patricia Bullrich, ministra de Seguridad, anunció el protocolo antipiquetes. junto a Pettovello y el portavoz presidencial, Manuel Adorni, promocionaron “el que corta no cobra”, el que marcha, pierde el plan.

La ex funcionaria de Mauricio Macri habilitó la línea 134. En caso de ser “apretado” o “extorsionado” para encolumnarse detrás de los líderes de la Unidad Piquetera bajo el lema “la Patria no se vende”, se los podía denunciar de manera anónima.

Fueron miles de llamados que llegaron antes del 20 de diciembre. Después de pasar varios filtros, fueron presentados a la justicia.

Los que vencieron el temor, dieron su testimonio en los tribunales. Surgieron nombres, asociaciones, lugares, capturas de chats, mensajes de voz. Hechos. Se armó un “organigrama extorsivo”. La tarea se coronó con escuchas telefónicas. Se grabaron conversaciones: “Que paren un poco, porque se están llevando un plan, se están llevando comida, van al comedor ¿y encima les tenemos que dar más cosas? Si quieren venir, que vengan y si no, que se vayan todos a cagar, punto”, se le escuchó decir a un dirigente del Polo Obrero referente de un comedor, señalado por apretar con dar de baja del plan a los que no asistieran a las protestas.

Otro prometió pensar qué hacer con el dinero que cobraban en efectivo por “cápita”, a modo de multa por no marchar. Su interlocutora tenía temor de ser investigada por “blanquear” plata sucia.

Así nació la causa que derivó en allanamientos e imputaciones. Los principales dirigentes sociales y piqueteros convocaron a una conferencia de prensa frente al Congreso.

En vez de llevar las certificaciones del destino que les dieron a los alimentos y depositarlas frente al edificio de Capital Humano, para desmentir a Pettovello; o argumentar sobre supuestas “mentiras de Pollicita y Bullrich”, y atacar la causa penal, protestaron porque la policía, bajo orden de un juez, allanó cuando aún no había sol. El magistrado así lo dispuso para encontrar al sospechoso con su celular. Una de las fuentes de prueba.

Algunos dirigentes, muy pocos, se interesaron por conocer el nombre de los “comedores fantasma” para “averiguar qué paso ahí” o “corroborar” si “algunos dirigentes se pasaron de la raya”, para “convencer a los Potenciar Trabajo para ir a las marchas”.

Otros, en cambio, aún no registraron el cambio de paradigma. Insultaron a funcionarios y periodistas que describieron las maniobras relatadas en un expediente. Es más, algún líder social hasta bloqueó de su teléfono a un cronista con quien tenía diálogo porque no le gustó lo que leyó.

Las dos causas judiciales que ponen en jaque a los movimientos sociales que parieron en la crisis de 2001 representan una oportunidad a varias bandas:

Para la justicia demostrar que se puede ir a fondo a pesar de las presiones que deberán soportar porque hay dirigentes sociales de mucho peso: abogados, ex candidatos a cargos electivos, ex diputados, legisladores, ex guerrilleros, ex funcionarios; kirchneristas, peronistas, montoneros, trotskistas, socialistas, anarquistas. Y, detrás de ellos, gobernadores, ex primeros mandatarios, etc.

Hasta ahora ninguna causa de este tipo, y existieron muchas, llegó a tanto. Todavía falta. Aún no fueron indagados los imputados. No se defendieron. Tampoco fueron peritados aún los celulares secuestrados de madrugada, ni analizada la documentación obtenida durante los operativos.

“Esta es la punta del iceberg”, dice la ministra Pettovello y remarca: “La gente, ahora que se la escucha, tiene mucho para hablar y denunciar”.

Los funcionarios tienen la oportunidad, única, de transparentar el sistema de ayuda a los más vulnerables.

Los cientos de millones de dólares destinados a la cadena más débil de la comunidad no llegaba en su totalidad a los destinatarios. Una buena porción se perdía en un agujero negro que es imprescindible tapar.

La política debe demostrar de una vez por todas que está decidida a doblegar la pobreza, a que se reduzcan “los pobres” -tienen nombre y apellido-, a que a los niños y niñas les lleguen alimentos de buena calidad y no hidratos de carbono y mate cocido. Sin proteínas no hay juventud sana, fuerte y educada.

Los gobernantes están obligados a demostrar que no fabrican pobres para que vivan de dádivas y los voten.

Esta es una oportunidad inmejorable para que los dirigentes sociales se fortalezcan. Si hay “delincuentes” entre sus filas, los deben denunciar y echar.

Cuando un área del cuerpo humano se infecta, el sistema inmunitario intenta combatir la infección. Los leucocitos, o glóbulos blancos, se dirigen hacia el área infectada, se acumulan dentro del tejido lesionado y causan inflamación. Durante este proceso se forma el pus. Pus que después es expulsado.

Deberían actuar de esa manera. Sanear el sistema. Fortalecerse y ganar credibilidad. Su mala imagen no se debe a que la gente estigmatiza a los pobres, como se escuchó estos días. ¿No será hora de cambiar algunos métodos?

Aunque a priori no lo parezca, las causas contra los presuntos “piqueteros extorsionadores” representan una ocasión invalorable para todos. Y con mucha más razón para las propias organizaciones cruzadas por las aberrantes denuncias de sometimiento contra las personas cuyos derechos dicen defender.