El desafío de la competitividad

La competitividad en Argentina enfrenta desafíos más complejos que simplemente un ajuste cambiario. Argumentamos que la competitividad no solo depende de la productividad del sector privado, sino especialmente de la eficacia institucional del Estado. Proponemos un “shock de productividad institucional” que fortalezca las instituciones estatales y promueva la transparencia. Para respaldar esta hipótesis, analizamos ejemplos recientes, como el incumplimiento estatal en el pago de subsidios de gas, que demuestran el impacto negativo de la falta de cumplimiento hacia el sector privado. Además, destacamos la importancia estratégica de la inversión en ciencia y tecnología para la competitividad a largo plazo, instando a la restauración de los presupuestos recortados en este ámbito. Este enfoque integral es fundamental para desbloquear el potencial económico del país y construir un futuro próspero y sostenible.

Resulta simplista responder a aquellos que advierten sobre los peligros del retraso cambiario, sugiriendo que en realidad buscan una devaluación de la moneda para evitar un necesario impulso en la productividad del sector privado.

En medio de la vorágine de la actualidad política y económica, resulta crucial reflexionar sobre las verdaderas raíces de la competitividad en nuestro país. La falta de equilibrio en el tipo de cambio oficial simplemente se demuestra que el gobierno no está dispuesto, no puede o no sabe cómo eliminar las restricciones cambiarias, el famoso cepo.

El Poder Ejecutivo Nacional, incapaz de brindar servicios de salud, educación, justicia e infraestructura de calidad, insta a los actores privados a generar un impulso en la productividad. ¿De quién es la responsabilidad de que el riesgo país no disminuya de los 1200 puntos básicos? ¿Cuál es el nivel mínimo de financiamiento para las pequeñas y medianas empresas que impone un Estado que no cumple con sus obligaciones financieras?

Sostenemos que el principal impulso en la productividad que necesita nuestro país debe comenzar por el Estado, para que este cumpla eficientemente y con eficacia sus funciones. En el contexto global actual, no compiten simplemente empresas aisladas, sino que compiten los sistemas institucionales y económicos en los cuales estas operan.

La eficacia y la fortaleza institucional del Estado son pilares fundamentales en este entorno. Para respaldar nuestra postura, presentaremos ejemplos recientes relacionados con las tarifas y el sistema científico-tecnológico. Estos ejemplos respaldan la necesidad imperiosa de implementar un “shock de productividad institucional” y realizar inversiones estratégicas en ciencia y tecnología como medios para desbloquear el potencial económico del país.

La productividad es, sin duda, crucial para el desarrollo económico. Pero no podemos pasar por alto que el verdadero obstáculo para la competitividad radica en la institucionalidad del Estado. ¿Cómo podemos esperar que las empresas compensen las deficiencias estatales con su propia competitividad?

Un ejemplo reciente ilustra claramente esta problemática. Existe un fondo fiduciario gestionado por el Poder Ejecutivo Nacional (PEN) destinado a subsidiar las tarifas de gas natural en regiones específicas, concretamente “la zona fría que padece los altos costos propios de las bajas temperaturas”.

Durante los primeros cuatro meses del año, a pesar de contar con los fondos disponibles, los subsidios no fueron pagados. Aunque los subsidios no se alteraron y siguieron acumulándose, los usuarios continuaron contribuyendo al Fondo Fiduciario para sufragar los subsidios, mientras que las empresas seguían cobrando tarifas subsidiadas a los consumidores por orden del PEN. Sin embargo, durante cuatro meses, el PEN retuvo fondos que no le pertenecían, con asignación específica, lo que desequilibró la situación financiera de algunas prestadoras de servicios, como las cooperativas. La falta de transparencia y la negligencia estatal han generado una situación insostenible para muchas empresas y cooperativas

¿Cómo pueden los sectores privados competir en un ambiente donde el Estado incumple sus compromisos financieros de manera arbitraria? Es fundamental reconocer que estas prácticas son inaceptables y generan un ambiente de incertidumbre que ahoga cualquier intento de desarrollo económico sostenible.

Es imperativo reconsiderar nuestro enfoque. Es hora de implementar un “shock de productividad institucional”, que fortalezca las instituciones estatales, promueva la transparencia y garantice la seguridad jurídica. ¿Cómo podemos entender que algunos contratos se revisen bajo el argumento de Fuerza Mayor, mientras que otros no lo hacen en el mismo país y en el mismo momento? ¿Existen derechos adquiridos de primera categoría y otros de segunda? Solo así podremos construir un ambiente propicio para la inversión y un crecimiento económico auténtico.

Pero, ¿qué tiene esto que ver con la competitividad? Es crucial comprender que la competitividad de una nación no se limita a su capacidad productiva, sino que también depende de su capacidad para fomentar la innovación y la investigación científica. En este contexto, la reciente eliminación de programas de investigación científica, junto con los despidos de investigadores en instituciones como CONICET, representan un duro golpe para el futuro competitivo de Argentina.

La ciencia y la tecnología son pilares esenciales para el desarrollo económico y social. La capacidad de generar nuevas tecnologías, resolver problemas locales y aplicar conocimientos científicos son aspectos fundamentales de la competitividad moderna.

Los países con quienes debemos competir priorizan el esfuerzo estatal, quienes motosierra en mano se disponen a talar árboles, no discriminan entre los árboles que deben cortarse y aquellos que conviene preservar.

Por lo tanto, junto con el llamado a fortalecer las instituciones estatales y promover la transparencia, es crucial reconocer la importancia estratégica de la inversión en ciencia y tecnología. Argentina cuenta con una base científica notable, como lo demuestran sus logros en el desarrollo de vacunas, satélites de comunicación y tecnologías nucleares avanzadas.

La competitividad debe ser considerada desde una perspectiva integral. Por eso también importa la inversión en la educación, la cultura y la ciencia. Tanto como justicia independiente. A propósito de esto: poco contribuye la propuesta del PEN para integrar en la Corte Suprema de Justicia a personas que no gozan de un amplio reconocimiento, tienen serios cuestionamientos y se desprecia la postulación de mujeres a un tribunal solo compuesto por varones.

Por lo tanto, exigimos enérgicamente la restauración de los presupuestos recientemente recortados para el sector científico y tecnológico de Argentina. Congelar programas de investigación y reducir el número de investigadores jóvenes causará la destrucción de un sistema que ha llevado muchos años construir y que tomaría muchos más reconstruir. Si no hay plata, podemos empezar a buscarla en los beneficios impositivos de quienes esquilman a los consumidores amparados en privilegios que nadie se atreve a revisar.

Es hora de reconocer la importancia estratégica de la ciencia y la tecnología para el futuro de Argentina y del mundo. La competitividad de nuestro país depende de ello.

Este llamado a la acción no es solo retórica; es una necesidad urgente si realmente queremos desbloquear el potencial económico de nuestro país. Es hora de dejar de lado las soluciones superficiales y abordar las verdaderas causas de nuestra falta de competitividad. El shock de productividad debe empezar por las instituciones estatales. La responsabilidad recae en todos nosotros, desde los líderes políticos hasta los ciudadanos comprometidos, para construir un futuro próspero y sostenible para todos.