El ajuste fiscal

Luego de que se publicara el resultado superavitario del Tesoro Nacional del primer trimestre del año, surgieron algunas dudas respecto de su sostenibilidad bajo el argumento de que éste se explicaría por una licuación transitoria de gastos. En cambio, desde el Gobierno se sostiene que la mayor parte de la mejora obedece a medidas que tendrían un efecto permanente.

Del lado de los ingresos, el Gobierno nacional ha sufrido una pérdida menor que las provincias porque se favoreció del impacto de la devaluación de diciembre en los impuestos al comercio exterior y del aumento en la alícuota del impuesto PAIS. Estos gravámenes no se comparten con las provincias, mientras que la recesión está produciendo una caída en términos reales en los coparticipados.

Además de que el Impuesto PAIS es bastante distorsivo, el Gobierno nacional tiene el problema de que expira a finales de este año. Y no podría sostenerse a la elevada alícuota actual si se levanta el cepo. Esto último es relativo porque las personas físicas pueden eludir el pago del impuesto fácilmente, pero no así las empresas que ya sufren un mayor costo en sus importaciones por la existencia de los aranceles y del derecho de estadística.

De todas maneras, si no se puede eliminar, al menos sería conveniente reducir la alícuota del Impuesto PAIS; a su vez, habrá que ver si en una eventual discusión en el Congreso para extender su vigencia, las provincias no consiguen quedarse con una parte de su recaudación.

En la medida en que se apruebe el paquete fiscal, la masa coparticipable se favorecería de una recuperación parcial del punto del PBI que se perdió con la elevación del mínimo no imponible del Impuesto a las Ganancias.

Esta mejora sería del orden de 0,4% del PBI porque el mínimo no imponible es más alto que el que regía previo a la reforma de finales de 2023 y porque la alícuota media del impuesto sube más pausadamente.

Pero en el paquete fiscal hay una segunda fuente de ingresos de un monto cercano al anterior que es la aclaración de que no puede haber más salarios no remunerativos dispuestos por acuerdos paritarios o por entidades públicas.

En cualquier caso, la Nación recibiría el 40% de los mayores ingresos que se obtengan del Impuesto a las Ganancias y algo más podría aportar la moratoria. Esto es menos de 1,5% del PBI que se prevé genere el Impuesto PAIS en 2024.

La otra fuente de compensación es la recuperación del Impuesto a la Transferencia de Combustibles que se produjo al actualizar gradualmente por la inflación el monto del gravamen por litro. Ese proceso se ha realizado en forma parcial y se acaba de postergar el aumento previsto para mayo. Pero, en cualquier caso, la recaudación de este tributo debería mejorar en el segundo trimestre del año, respecto de lo observado en el primero, por los aumentos ya realizados.

Del lado de los egresos, el resultado de caja estuvo favorecido por la postergación de los pagos a generadores de electricidad y productores de gas natural. Esa no es una mejora permanente. Pero, más allá de la forma que se elija para compensar a los afectados en los meses venideros, la suba en tarifas debería aportar los recursos para que no se repita el mismo problema. Sin embargo, la postergación de los aumentos tarifarios previstos para mayo despierta algunas dudas y será importante ver la decisión que el Gobierno toma para junio.

Por el peso de la partida en jubilaciones y pensiones en el gasto nacional, la mayor caída en porcentajes del PBI se dio en ese rubro. El Gobierno ha dispuesto una nueva fórmula de ajuste que revierte sólo una parte de la caída en el poder adquisitivo en los meses previos.

En la medida en que dicha fórmula sea avalada por la justicia, habrá un ahorro importante en el gasto cuya cifra final dependerá de la magnitud de los bonos que se otorgan a los jubilados que cobran la mínima.

En transferencias discrecionales a provincias, universidades y gastos de capital, las reducciones observadas en el primer trimestre han sido enormes y difícilmente puedan sostenerse en esa magnitud. Pero ello no obsta para que se pueda lograr algún ahorro respecto de los niveles de 2023, en especial por la decisión de las máximas autoridades de la República de reducir el peso del Estado en la economía.

El efecto de alguna reversión en las partidas mencionadas puede compensarse con recortes en el déficit de empresas del Estado que no pudieron lograrse en forma instantánea, y por una reducción adicional de la planta transitoria de empleados del sector público nacional.

En resumen, la posibilidad de alcanzar el equilibrio fiscal durante todo 2024 no es tarea fácil, pero hay mucho más de motosierra que de licuadora y eso puede extenderse todavía más si finalmente la Ley de Bases es aprobada en el Senado de la Nación, o eventualmente se aprueben los cambios si regresa a Diputados.

En definitiva, con convicción política la tarea de balancear las finanzas públicas se debería poder lograr.

El autor el Director y Economista Jefe de FIEL. Esta nota se publicó en Indicadores de Coyuntura 663 de FIEL