La Ley Bases y la reforma fiscal seguramente volverán a la Cámara de Diputados

Si el Gobierno se dejara ayudar, ya tendría buena parte de las leyes que necesita. Y para gobernar hay que dialogar. Los argentinos ya aprendimos que la lógica del River-Boca no conduce a nada. Con el paro no ganaron ni Milei ni los sindicalistas: perdimos todos los argentinos. Al país lo sacamos adelante trabajando y no parando.

Quiero que el Gobierno gobierne con respeto a la ley y a quien piensa distinto. Esto implica dialogar. Si el oficialismo hubiese sido más propenso al diálogo, seguro ya tendría aprobadas varias de las leyes que necesita.

Este gobierno, que dice no querer saber nada con la casta, olvida que el sindicalismo argentino es pura casta. Si la reforma sindical que impulsó Alfonsín hubiera prosperado, hoy la realidad argentina sería muy distinta. No puede ser que ciertos sectores de la política y del periodismo no midan con la misma vara a Insfrán que a los sindicalistas que llevan más de 35 años ininterrumpidos al frente de sus gremios. Yo presenté un proyecto de ley para terminar de una vez por todas con esta mafia, permitiendo la alternancia y asegurando la representación de las minorías. Lamentablemente, este proyecto sigue empantanado a pesar de que Javier Milei lo esgrime como una iniciativa propia.

Con respecto a lo que está sucediendo en torno a la Ley Bases, hay que tener en cuenta que el Senado, en este caso, es una Cámara revisora. Pretender que el Senado haga en una semana lo que Diputados hizo en casi 4 meses es una falta de respeto institucional.

Estoy convencido de que NO antes de 15 o 20 días, la Ley Bases va a tener tratamiento. El 25 de mayo es una fecha que estableció el Presidente y la responsabilidad de no haber llegado a tiempo no le corresponde al Senado. Si hubieran querido llegar a tiempo, deberían haberse movido apurando los tiempos en Diputados. El Gobierno no va a llegar con la aprobación de la ley para el 25 de mayo por su torpeza, por querer llevarse por delante al Congreso y por no haber aprovechado con mayor apertura e inteligencia las sesiones extraordinarias a las que convocó.

Creo (y el Gobierno ya lo ha admitido) que la Ley va a volver a Diputados. No me cabe la menor duda de que va a haber modificaciones. Mi postura siempre ha sido clara: votaré afirmativamente en términos generales, pero tengo disidencias parciales. El artículo 88, tal como está redactado, implantaría el impuesto a las ganancias a Tierra del Fuego y tiene que ser modificado. A eso se comprometió el secretario de Hacienda de la Nación cuando se lo señalé a viva voz en la Comisión de Presupuesto.

Quiero que el Gobierno tenga las herramientas que necesita para gobernar, pero debe respetar la institucionalidad. En mi caso particular, voy a votar afirmativamente la Ley Bases en general, pero tengo varias objeciones puntuales. El radicalismo en el Senado jamás votó delegación alguna de facultades del 2001 en adelante, y eso lo voy a sostener. No las concedí antes y no lo haré ahora ni en el futuro, cualquiera sea el signo político del gobierno. Tampoco estoy de acuerdo con la privatización de Aerolíneas Argentinas, el desfinanciamiento a las universidades, el ajuste a los jubilados y la reimplantación del impuesto a las ganancias.

La inclusión a último momento del artículo 111 que, si bien no tiene nombre y apellido, está claramente dirigido a afectar el subrégimen de promoción industrial de Tierra del Fuego, es invotable para cualquier senador fueguino.

La industria de mi provincia está siendo afectada por la crisis. No sólo la apertura de importaciones la desfavorece, sino también la caída del poder de compra de la gente. Esto afecta a los productos que se fabrican en Tierra del Fuego. En el transcurso de estos 5 o 6 meses, ha mermado mucho la ocupación en TDF. Pasamos de 12 mil a 8 mil trabajadores activos, en un marco de retiros voluntarios y cesantías. Tampoco ayudó mucho la dificultad para importar insumos por falta de dólares que ya venía desde el gobierno anterior.

Privatizar Aerolíneas es un error, porque una empresa privada seguramente no prestará servicios esenciales para la conectividad nacional que no le resulten rentables. Además, la compañía ya fue privatizada y todos sabemos lo que pasó.

El RIGI también merece observaciones. No puede ser que por favorecer a grandes inversores se liquiden miles de puestos de trabajo de pequeñas y medianas empresas de capital nacional y no se incentive la producción propia de bienes asociados a esas inversiones. Quiero un país con inversiones, pero no para la depredación o el extractivismo irresponsable. La Constitución de 1994 estableció claramente que los recursos de las provincias son de las provincias, y eso debe ser respetado.