La estrategia económica y política de Javier Milei

El Presidente ha propuesto lo que Argentina necesita: un cambio de régimen económico e institucional hacia el liberalismo económico para revertir ocho décadas de decadencia. La tarea es particularmente desafiante, pues asumió con un país quebrado en todos los frentes, sin mayorías propias en las cámaras legislativas y con un sistema judicial que inercialmente consagra como derechos adquiridos las prebendas que se han acumulado.

Frente a la insuficiencia de apoyo legislativo para encarar las reformas estructurales, Javier Milei apuesta a un éxito rotundo en su política macroeconómica, que simultáneamente baje la inflación, recupere la actividad económica y suba el salario real, para asegurarse el control del Congreso en las elecciones de 2025. Si lo lograra, tendría el apoyo para sancionar las reformas estructurales e institucionales necesarias para producir la necesaria revolución libertaria.

La estrategia de Milei es reproducir la Convertibilidad de los 90. Ha repetido insistentemente que fue el mejor gobierno de la historia argentina. ¿Qué efecto produjo entre 1991 y 1995? Una caída a prácticamente a cero de la inflación, una recuperación económica del 35% y un gran aumento del salario real.

En su momento, el éxito de la Convertibilidad le sirvió al presidente Carlos Menem para ganar las elecciones de medio término, negociar con Raúl Alfonsín una reforma Constitucional que habilitaba su reelección y ser reelegido en 1995, a pesar de la entonces reciente turbulencia del Tequila (crisis mejicana).

El Presidente compara “los USD 300 de los salarios de hoy en Argentina, con los USD 1.800 de los salarios de la Convertibilidad, que a valores de hoy serían USD 3.200″. Insinúa que un éxito similar podría multiplicar los salarios actuales en dólares por 10. Esta es la bala de plata en la que confía para despreciar las consecuencias del insuficiente apoyo político.

La estrategia económico-política de Milei quedó ya insinuada con la centralidad que la dolarización tuvo durante su campaña. Cuando se hizo evidente que la dolarización sin dólares era imposible, optó por concentrarse en un paso previo: juntar dólares vía ajuste fiscal y licuación de los pasivos en pesos del Banco Central.

El objetivo de la dolarización no ha sido abandonado, sino diferido, pues promete simultáneamente estabilidad de precios, recuperación económica y aumentos de salarios reales.

Cabe preguntarse si será posible instrumentar un plan de estabilización a tiempo de influir decididamente sobre el resultado eleccionario de 2025. Los desequilibrios de arranque son mucho más exigentes que los existentes en marzo de 1991. En aquel momento los salarios ya estaban licuados tras la hiperinflación de Raúl Alfonsín y sus secuelas.

Por el contrario, en diciembre de 2023 la caída de remuneraciones aún no era suficiente para equilibrar las cuentas públicas y reducir la presión tributaria, que ahora se enfrentan con el peso de millones de ñoquis, planeros, beneficiarios de AUH y jubilados sin aportes.

El contexto externo en 1991 también era mucho más favorable para normalizar las relaciones financieras internacionales y lograr un vuelco reactivador con la reversión de la fuga de capitales. El mundo estaba en plena euforia capitalista tras la caída del muro de Berlín, el plan Brady permitía renegociar la deuda y la decisión privatizadora ya estaba en marcha.

En definitiva, en marzo de 1991 la situación de arranque permitía comenzar el programa de estabilización sin un previo shock fiscal contractivo y era posible lograr confianza para un regreso de capitales que expandiera la demanda interna desde el inicio.

Pero esto hoy eso no es posible. Sin reservas, con los controles del cepo, el país sobre endeudado con el FMI y prestamistas privados y con una historia reciente de defaults sucesivos, el financiamiento externo potencial aún no está disponible para un programa de estabilización con reactivación.

El punto de partida es que, después de los descalabros acumulados, Argentina no puede volver a crecer sostenidamente recreando la demanda interna. El crecimiento tiene que estar relacionado a la demanda externa (mayores exportaciones y menores importaciones de bienes y servicios). Para eso la apertura de la economía y las reformas estructurales que mejoren la competitividad son piezas esenciales para complementar el ineludible ajuste fiscal.

Pretender reproducir los logros iniciales de la Convertibilidad, basado en aumentos rápidos de la demanda interna financiados con ingresos de capitales, es una fórmula inalcanzable en lo inmediato. Pero más allá de esta coyuntura, esa fórmula es incompatible con un objetivo de apertura económica que necesita prescindir del financiamiento externo para apoyarse en un tipo de cambio competitivo.

Como en 2002, después de la crisis del sobre endeudamiento de la Convertibilidad, la Argentina necesita una estrategia macroeconómica similar a la iniciada por Jorge Remes Lenicov: un tipo de cambio muy competitivo con superávits gemelos (fiscales y externos). Pero esta vez haciendo todo lo contrario a lo que hizo Lavagna en materia estructural, que cerró la economía y aumentó el gasto público asistencialista.

La apertura económica no es sólo una cuestión de adaptarse a una coyuntura pasajera. Es fundamentalmente una estrategia para recuperar la productividad y crecer sostenidamente aprovechando un mercado mundial mucho mayor que el empobrecido mercado doméstico. Es lo que han hecho los países que han crecido aceleradamente, tan variados como China y los tigres asiáticos, Chile, Perú, Irlanda y muchos otros.

Con esta referencia, el shock fiscal del primer trimestre ha sido imprescindible y luce apropiado en su magnitud, aunque hacerlo sostenible será todo un desafío. No se podrá continuar con meras postergaciones de gastos incurridos, la inversión pública no se puede paralizar para siempre y las indexaciones de remuneraciones retroactivas en presencia de una inflación declinante garantizan un rebote del gasto primario real.

No solamente está en juego un equilibrio fiscal que elimine la expansión monetaria sino también la necesidad de bajar la presión tributaria que ha ahogado al sector privado.

El Impuesto País también tendrá que desaparecer rápidamente para no agravar uno de los males mayores, que es el cierre de la economía. Los inversores deben ser convencidos que el futuro rentable está en los rubros de exportación y no en los sectores protegidos.

No basta con un ajuste fiscal que libere ahorros para la inversión privada. También tienen que estar muy claros los incentivos para que esos ahorros se inviertan en sectores eficientes, generadores de divisas.

Para ello hay que darle prioridad a la eliminación del cepo, la eliminación del Impuesto País, de todas las restricciones cuantitativas que impiden la libre importación con el arancel del Mercosur (cosa que no requiere ninguna ley sino cumplir con acuerdos internacionales vigentes) e iniciar una agresiva agenda exterior de búsqueda de acuerdos de libre comercio.

La postergación de las reformas estructurales es un hándicap enorme, sea por falta de apoyo legislativo (como la ínfima reforma laboral de la Ley Bases) o por preferencias del Poder Ejecutivo (manifestada por ejemplo en la defensa del régimen de Tierra del Fuego, un paradigma de la barbarie económica).

Esperar dos años para ver hacia dónde va el país es costosísimo en términos recuperación de la confianza, de la magnitud de la inversión privada y de su asignación eficiente.

En materia de otras reformas estructurales, el ajuste del gasto debe superar la etapa de parches de emergencia para enmarcarse en políticas de largo plazo. A modo de ejemplo, las medidas previsionales deben ir más allá del (necesario) replanteo de la fórmula de ajuste de las jubilaciones.

No basta con cambiar la fórmula y subir la edad jubilatoria. La magnitud de la quiebra previsional requiere mucho más. No se pueden mantener derechos adquiridos que no son cumplibles y justificarían interminables planteos en la justicia.

El sistema en sí mismo debe ser declarado en quiebra y por lo tanto se deben declarar incumplibles las obligaciones generadas en leyes anteriores. En su reemplazo, cada jubilado debe mantener el derecho a un haber proporcional a las contribuciones realizadas.

Cualquier otro beneficio en exceso debe separarse del sistema jubilatorio y tratarse como asistencial, de emergencia y transitorio. Decisiones profundas y definitivas como éstas son necesarias en todas las áreas en las que el Estado interviene.

Supongamos que postergar las reformas estructurales fuera políticamente inevitable y que ganar con margen suficiente las elecciones de 2025 sea un imperativo decisivo para la revolución libertaria. Y supongamos también que Milei tiene éxito en bajar la inflación, reactivar la economía y aumentar el salario real. Paradójicamente, es probable que el cumplimiento simultáneo de estos tres objetivos deje al electorado y al poder político en una zona de confort y aprobación en la que las postergadas reformas estructurales ya no sean vistas como urgentes ni necesarias.

Es lo que ocurrió durante la Convertibilidad. El impulso reformista (privatizaciones y desregulaciones) tuvo fortaleza durante la primera presidencia de Menem, cuando la crisis arreciaba.

Tras el éxito de la Convertibilidad, con salarios recuperados y la inflación eliminada, se acabó el impulso reformista. Así sobrevivieron firmes los pilares fundamentales del modelo de economía cerrada: el proteccionismo detrás de la barrera del Mercosur y las leyes laborales del primer peronismo.

Tampoco se hizo nada con otras reformas imprescindibles como la Educación y el Régimen de Coparticipación Federal. La segunda presidencia de Menem funcionó en piloto automático mientras se acumulaban las consecuencias del endeudamiento externo, del atraso cambiario y del desempleo estructural.

La historia enseña que las reformas que no se hacen en los momentos de crisis difícilmente se ejecutan después. Ante esta nueva postergación de las reformas estructurales, cabe preguntarse si alguna vez se harán. Sin ellas podrá haber recuperación económica, pero no un crecimiento sostenido que revierta nuestra decadencia.

La esperanza que aún cabe es que las convicciones liberales de Javier Milei sean lo suficientemente profundas como para reconocer que esta vez tiene que ser diferente y que plantee las elecciones de 2025 como un plebiscito para cambiar definitivamente los pilares de nuestro capitalismo prebendario de economía cerrada.

Mientras tanto, será necesario evitar quemar las naves con aumentos de remuneraciones reales y atrasos cambiarios que sean políticamente irreversibles.

El autor es miembro del Consejo Superior de la Universidad del CEMA, Master en Economía Universidad de Chicago (Esta columna es a título personal)