La consistente amenaza terrorista de matriz islámica se potencia en América Latina y la Triple Frontera

Una plataforma de coexistencia interreligiosa. La Triple Frontera entre Argentina, Brasil y Paraguay es un espacio de contacto económico, social, cultural e institucional entre las ciudades de Puerto Iguazú, Foz do Iguaçu y Ciudad del Este, respectivamente. Un área donde la corrupción es un fenómeno sociocultural que ha conllevado la consolidación de una economía en la que confluyen informalidad e ilegalidad, permitiendo la expansión del poder de organizaciones criminales y favoreciendo su transnacionalización.

Cruces fronterizos no habilitados, deficiente control y fiscalización aduanera y migratoria y omisión connivente de agentes públicos y privados, evidencian la fáctica incapacidad de los tres Estados para garantizar, en forma continuada y sostenida, una presencia disuasiva y preventiva contra el delito.

Ello se traduce en la principal fortaleza para el crimen organizado y en la consecuente debilidad sistémica para la economía legal y la seguridad jurídica. En la Triple Frontera tienen lugar todas las tipologías criminales regionales, entre las que destacan tráfico ilícito de estupefacientes y substancias psicotrópicas, soborno y extorsión, contrabando de todo tipo de bienes, delitos fiscales, transporte ilícito de dinero a través de la frontera, estafa y fraude digital, trata de personas, tráfico ilícito de migrantes, delitos ambientales y uso ilícito de activos virtuales.

También acontecen otros crímenes, como tráfico de armas, explosivos y municiones, contratación de sicarios para homicidios por encomienda y explotación sexual de menores.

La Triple Frontera es un lugar estratégico, desde la perspectiva geopolítica y desde el plano energético, comercial y turístico, con una población que abriga expresiva comunidad de origen árabe, principalmente libanesa, pero también palestina y siria, arribada desde mediados del Siglo XX. A esta pluralidad migratoria se agregan otras minorías oriundas de Asia y Europa, las que integran un espacio regional de coexistencia interreligiosa no violenta ni conflictiva. Aproximadamente el 10% de la población de Foz do Iguaçu profesa la religión islámica, tanto la rama sunnita como chiita, y mantienen profusa actividad comercial, social, cultural, religiosa y educativa en instituciones de capacitación, integración y beneficencia.

Una realidad similar acontece en Ciudad del Este, segunda ciudad más poblada de Paraguay después de Asunción (Capital), que cuenta con aproximadamente 7000 musulmanes descendientes de inmigrantes sirios, libaneses y palestinos.

Tres grandes centros religiosos se erigen en Triple Frontera: la mezquita sunnita de Foz de Iguacu, la mezquita chiita del Profeta Mahoma situada en Ciudad del Este y el templo Alkhaulafa Al-Rashdeen, también localizado en esa ciudad.

La participación de comunidades de origen árabe libanes en el comercio de la Triple Frontera es tradicional y expresiva, siendo algunos clanes familiares vinculados a actividades ilícitas, algunos de cuyos miembros han sido designados y sancionados por las autoridades de EEUU como involucrados en operaciones de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo, como por ejemplo:

• Kassem Mohamad Hijazi, extraditado por Paraguay a EEUU en 2021 acusado de recaudar fondos oriundos del crimen y generar transacciones comerciales fraudulentas para financiar actividades de Hezbollah.
• Nader Mohamad Farhat, extraditado a EEUU en 2019 acusado de lavado de activos producto del tráfico internacional de drogas y de recepción y remesa de dinero oriundo de actividades ilícitas a plazas financieras en el exterior.
• Mahmoud Ali Barakat, extraditado a EEUU en 2018 acusado de lavar dinero procedente de delitos de contrabando, falsificación de divisas y documentos, extorsión, tráfico de estupefacientes y trafico de armas.

Las comunidades árabes de la Triple Frontera, fuertemente dedicadas al comercio, mantienen vínculos familiares con sus países de origen a los que remiten recursos a través de transferencia informal de fondos, como el hawala y a través de operadores de cambio que abundan en estas plazas financieras.

Algunos de estos clanes familiares árabes han sido y son aún adeptos a organizaciones designadas como terroristas por EEUU, como Hamas y Hezbollah, y naturalmente favorables a la causa palestina.

Estas especificidades y algunos hechos específicos han contribuido a catalogar a la Triple Frontera como una “plataforma de observación” en términos de seguridad nacional, tanto para EEUU como para los países que la integran.

El primer hecho lo constituye el atentado terrorista a la sede de la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) en Buenos Aires (Argentina) en el año 1994 y la participación de la República Islámica de Irán a través de Moshen Rabbani (entonces Agregado Diplomático Cultural en Buenos Aires) en su planificación, lo que impulsa la demonización de la Triple Frontera como “santuario de Hezbollah” en América.

Según Matthew Levitt (Washington Institute), “Mohsen Rabanni fue enviado a América del Sur en 1993 con el fin de montar células de Hezbollah en el continente”, siendo identificado por la justicia argentina como responsable por la planificación del atentado a la AMIA. Este hecho constituye un clivaje que sustentará política y académicamente la asociación de la Triple Frontera con Hezbollah.

Dicha organización ha sido designada como “terrorista” por EEUU, Argentina y Paraguay (que también incluye a Hamas en esa categoría), no así por Brasil, donde será juzgado en 2024 el ciudadano libanés naturalizado brasileño Farouk Abdul Hay Omairi, imputado de colaborar con Hezbollah desde la Triple Frontera en la planificación del atentado a la AMIA, junto a Mohammad Youssef Abdallah, Hussein Mounir Mouzannar y Abdallah Salman Alí (ambos refugiados en El Líbano) y Hussein Abdallah (fallecido).

A esa red debe agregarse la relación de funcionarios de origen iraní que integran la lista de alerta roja de Interpol y aún se mantienen prófugos: Ali Akbar Hashemi Rafsanjani (ex Presidente), Ali Fallahijan (ex Ministro de Inteligencia), Ali Akbar Velayati (ex Canciller), el citado Mohsen Rabbani, Ahmad Reza Asghari (ex Tercer Secretario de la Embajada de Irán en Buenos Aires) y Hadi Soleimanpour (ex Embajador iraní en Argentina).

Un segundo hecho ha sido la presencia del mentor de los atentados contra las Torres Gemelas (2001), Khalid Sheikh Mohammed, y del propio Osama Bin Laden en la Triple Frontera y el fuerte impacto que la estrategia de combate al terrorismo lanzada por Estados Unidos de América (2001) tiene sobre la Triple Frontera como plataforma de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo.

Otro hecho relevante es la vinculación de Hezbollah con el Primeiro Comando da Capital (PCC), mayor organización criminal brasileña y sudamericana cuyos vínculos fueron revelados a partir de investigaciones del Departamento de Policía Federal de Brasil en 2014. Tales vínculos estarían basados en “prestación de servicios” recíprocos, involucrando tráfico de armas y protección penitenciaria.

No menos relevante es la incesante actividad diplomática de Irán en el continente a través de sus sedes diplomáticas y entidades culturales benefactoras que operan como “centros de inteligencia y base de exportación de la Revolución Islámica”, en palabras de Javad Mansouri (ex Jefe de las IRGC). A través de las mismas se gestionan también los intercambios de clérigos entre la ciudad santa de Qom y los viajes de estudiantes a la Universidad Internacional Al Mustafa para su conversión y adoctrinamiento. Al presente, más de 30.000 estudiantes (10% latinos) se han graduado en esa institución retornando al continente y a la Triple Frontera con el compromiso de expandir la prédica del chiismo radical.

Es de destacar también el Acta de Prevención del Financiamiento Internacional de Hezbollah del Departamento del Tesoro de EEUU (2016), que designa a Mohammad Youssef Abdallah como principal recaudador de Hezbollah en la Triple Frontera, facilitador de pasaportes falsos y contacto permanente desde la región con líderes de esa organización en El Líbano.

Finalmente, la Operación Trapiche, instrumentada por el Departamento de Policía Federal de Brasil (2023) para desmontar una red vinculada a Hezbollah que estaría reclutando brasileños para llevar a cabo actos terroristas contra blancos de la comunidad judía en el país. La detención de Lucas Passos Lima (brasileño), de Mohamad Khir Abdulmajid (sirio, procurado por Interpol y reclutador de los ciudadanos brasileños) y Haissam Housin Diab (libanés), ambos naturalizados brasileños, permitió conocer el esquema de cooptación.

Más allá de la Triple Frontera, pero con impacto indirecto, la alianza estratégica impulsada desde 2000 por los entonces presidentes Hugo Chávez Frías (Venezuela) y Mahmoud Ahmadinejad (Irán) contextualiza y potencializa la amenaza terrorista de matriz islámica a nivel continental y en el área de Triple Frontera.

Ello, por la centralidad que adquiere Venezuela como plataforma de operaciones de Hezbollah en América Latina a través del ex Vicepresidente Tareck El Aissami; como país emisor de pasaportes a iraníes firmados por Ghazi Nasserddine (libanes nacionalizado venezolano) a cargo del Consulado venezolano en Damasco (Siria); como facilitador de operaciones de lavado de activos en Isla Margarita y catalizador de la violación de sanciones contra Irán a través de los controvertidos vuelos directos de Mahan Air entre Damasco, Teherán, Beirut y Caracas.

Abdallalh Nasserddine, otrora presidente de la Federación de Entidades Árabes de América Latina (FEARAB) facilitó las conexiones de grupos criminales y entidades islámicas de la región con miembros de Al Quds para crear vínculos en siete países, como quedó corroborado en la Operación Cassandra, instrumentada por el gobierno de EEUU (2008), que llegó a un circuito financiero por el que se recaudaban 1000 millones de dólares anuales destinados a la compra de armas para Hezbollah y Hamas.

Hoy, Hezbollah mantiene algún tipo de contacto a través de Irán en México, Chile, Cuba, Nicaragua, Ecuador, Bolivia, Venezuela, Colombia y Triple Frontera en operaciones de tráfico de drogas y armas y lavado de activos.

Naturalmente, la guerra entre Israel y Hamas en la Franja de Gaza y la apertura de los frentes norte con la ofensiva de Hezbollah y Mar Rojo con los ataques Huties desde Yemen, comprometiendo una vía crítica de comercio marítimo internacional en solidaridad con Palestina, exacerba la amenaza terrorista de matriz islámica no solo en Oriente Medio, sino también a nivel global.

En prevención al mayor nivel de riesgo, el Comando Tripartito de la Triple Frontera mantiene alertas elevados en tanto Argentina ha creado un Centro de Análisis de Inteligencia Criminal en Puerto Iguazú destinado a fortalecer la prevención y combate al crimen organizado y al terrorismo como la dinámica actividad iraní en Bolivia, en el marco del acuerdo estratégico de colaboración que ambos países suscribieron.

En 2017, el ministro de Asuntos Exteriores de Arabia Saudita ya advertía sobre la perspectiva de que El Líbano se torne rehén de Hezbollah y por lo tanto de Irán al señalar: “Vemos cómo Hezbollah utiliza el sistema bancario libanés para el lavado de dinero, los puertos del país para el tráfico de drogas, los vemos realizar actos terroristas e interferir en Siria, en Bahrein y en Yemen”, realidad que hoy se ha consolidado.

Sin embargo, continúa siendo estadísticamente incierta la real magnitud del lavado de dinero y la financiación del terrorismo globalmente, y más aún cuando se aborda su conexión con Triple Frontera.

Eitan Azani, director de Investigaciones del Instituto Internacional de Contraterrorismo de la Universidad Reichman de Israel, afirma que “Hezbollah tiene un presupuesto de 2000 millones de dólares por año que complementa con recursos oriundos de su alianza con el crimen transnacional”.

Estimaciones gubernamentales sugieren que Hezbollah recauda en torno a 200 millones de dólares al año en la región trinacional. La perspectiva de lucro financiero de Hezbollah a través de su alianza con organizaciones criminales es consensuada entre funcionarios y académicos de diversos países del Continente.

De hecho, la grotesca conexión entre corrupción, lavado de activos y financiamiento del terrorismo quedó tipificada en la inclusión, por parte del Departamento de Estado y del Tesoro estadounidenses (OFAC), del ex presidente de Paraguay Horacio Cartes Jara y su vicepresidente, Hugo Velázquez Moreno, en el listado de personas corruptas y en las sanciones aplicadas contra empresas de su propiedad o controladas por los mismos (Tabacos USA, Bebidas USA, Dominicana Acquisition y Frigorífico Chajha).

La designación también hizo referencia a los vínculos de esas autoridades con Hezbollah, al incluir la recepción de sobornos en eventos privados celebrados por la organización en Paraguay y el archivo de una causa judicial por lavado de 1200 millones de dólares a favor de esa organización terrorista.

Más recientemente, la Operación “Ultranza PY”, mayor investigación contra el crimen organizado realizada en Paraguay, identificó 297 propiedades construidas a través de lavado de dinero oriundo de actividades criminales en las ciudades fronterizas de Paraguay con Brasil, siendo las ciudades más emblemáticas Pedro Juan Caballero (50), Ciudad del Este (43), Canindeyú (37), Mariano Roque Alonso (32), Asunción (20).

Según el relevamiento realizado por la Secretaría Nacional de Administración de Bienes Incautados y Comisados (Senabico) de Paraguay, el mapa de inmuebles elaborado en el marco de la evaluación nacional de riesgos de GAFILAT permitió corroborar que el sector inmobiliario en todo el país es referencia para el lavado de dinero del crimen y financiamiento del terrorismo.

Por otra parte, las investigaciones de autoridades de Paraguay, EEUU y Colombia en torno al asesinato del fiscal paraguayo Marcelo Pecci en Baru (Colombia) permitieron identificar a Kassed Mohamad Hijazi, Nader Mohamad Farhat y Mahmoud Ali Barakat (detenidos en EEUU) como potencialmente vinculados al hecho.

Es por la crítica incertidumbre que existe en torno a la real magnitud del lavado de dinero del crimen organizado destinado a financiar a Hezbollah que el Programa de Recompensas por la Justicia de EEUU dispuso públicamente “una recompensa de hasta 10 millones de dólares por información que conduzca a la alteración de los mecanismos financieros de esa organización, que gana casi mil millones de dólares al año a través del apoyo financiero directo de Irán y de facilitadores de negocios e inversiones internacionales, redes de donantes, corrupción y actividades de lavado de dinero”.

Recordemos que Hezbollah fue designado por el Departamento de Estado de EEUU como “organización terrorista global” (Orden Ejecutiva 13224/2001), siendo bloqueados todos sus activos y tenencias y prohibiendo a ciudadanos y entidades estadounidenses realizar cualquier tipo de transacción con la misma o proporcionar cualquier tipo de apoyo material o recursos.

La recompensa procura obtener información fehaciente sobre fuentes de ingresos y mecanismos de facilitación financiera, donantes, instituciones y operadoras de cambio, empresas e inversiones propias o controladas, actividades criminales que benefician las finanzas de Hezbollah.

En última instancia, entre la comprobación del origen ilícito de fondos que se recaudan y lavan en la Triple Frontera y la identificación del beneficiario final de las transferencias de dinero oriundas de esa plaza financiera, hay un real abismo que ha impedido, hasta el presente, confirmar fehacientemente en qué cantidad efectiva esos recursos son direccionados a financiar fases del ciclo de actos terroristas de Hezbollah.

Podemos concluir que el lavado de dinero y la financiación del terrorismo, crímenes asociados, constituyen una amenaza global que explota la “sorpresa” y la “innovación” como sus mayores fortalezas. En alianza con el crimen transnacional, las organizaciones terroristas usufructúan recursos y logística para facilitar el ciclo de planeamiento de atentados.

Hezbollah y los Cuerpos de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán operan en el Continente Americano, amparados en acuerdos de cooperación estratégicos de amplio alcance y plazos suscriptos por Cuba, Venezuela, Nicaragua y Bolivia.

En la Triple Frontera, la burocracia y el déficit de articulación operativo entre agencias y entre Estados para agilizar el intercambio de información de inteligencia, la cooperación en seguridad y gestión aduanera, migratoria y financiera, fortalecen indirectamente al crimen transnacional y al terrorismo.

La guerra entre Israel y Hamas-Hezbollah-Huties con apoyo de Irán y la internacionalización de la causa palestina, se traducen también en un consistente aumento de actos antisemitas que se acoplan al “grito para vengar el genocidio en Gaza”.

En este escenario, la Triple Frontera y el Continente no son más que plataformas alternativas propicias para continuar fortaleciendo una alianza criminal-terrorista y promover eventuales atentados contra blancos judíos y occidentales, atendiendo especialmente a grandes eventos por venir (Juegos Olímpicos de Paris 2024).

*El presente artículo ha sido publicado por la autora en Boletín de la Asociación Internacional de Miembros de Cuerpos de Seguridad (AIMCSE).