Asuntos Públicos, comunicación y vinculación con comunidades locales, tres pilares para el desarrollo de la industria minera

“La Argentina es el país de las oportunidades… y siempre lo será”, decía de forma irónica hace unos días un reconocido economista, haciendo alusión a la ya repetida práctica argentina de no aprovechar las oportunidades que se nos presentan. Esta frase, aunque un tanto exagerada, encierra algo cierto: Argentina es un país extremadamente rico en recursos naturales pero no logra explotarlos al máximo para desarrollarse y despertar finalmente de su letargo económico.

El caso de la minería, en este sentido, es uno de los más paradigmáticos. Argentina es el 2º país del mundo en reservas de litio, el 12º en reservas de oro, y se estima que alcanza el 3% de las reservas mundiales de plata. Además, en lo que respecta al cobre, el país forma parte de los Andes centrales –como Perú y Chile–, con un volumen aproximado de reservas que representa el 40% a nivel mundial. Sin embargo, la minería argentina está en un estado muy incipiente; no producimos cobre desde 2018, y nuestros vecinos Chile y Perú exportan 13 y 11 veces más minerales que nosotros, respectivamente.

La Argentina cuenta hoy con 22 proyectos mineros en producción, que generan más de 100.000 puestos de trabajo (entre directos e indirectos) y exportaciones por encima de los 4.000 millones de dólares (cifra similar a las exportaciones de carne bovina y las del complejo triguero). A esto se le suman otras decenas de proyectos en etapa de exploración y construcción que, de llevarse a cabo y según la Cámara Argentina de Empresarios Mineros (CAEM), podrían triplicar esta cifra en ocho años. Solo en lo que respecta al cobre podemos mencionar algunos como El Pachón, Josemaría, Los Azules (San Juan), MARA (Catamarca), Taca Taca (Salta) y San Jorge (Mendoza). En cuanto al litio, los más avanzados son Centenario Ratones, Salar del Rincón (Salta), 3 Quebradas, Sal de Vida (Catamarca), y Caucharí Olaroz (Jujuy).

El desarrollo es incipiente, pero con grandes perspectivas. El mundo necesita cada vez más minerales, la transición energética hacia la descarbonización de las economías sólo podrá venir acompañada de un aumento en la demanda (principalmente de cobre y litio), y la Argentina tiene todo para convertirse en una potencia minera a nivel global. Ahora bien, mucho se habla de los cambios normativos necesarios para el desarrollo del sector, pero ¿qué aspectos estratégicos pueden fortalecer las empresas mineras para mejorar su posicionamiento público y, en consecuencia, aumentar sus potencialidades?

Existen tres pilares fundamentales:

1) Asuntos Públicos - aumentar la incidencia pública: La industria está principalmente regulada por la Ley de Inversiones Mineras (Nº 24.196) sancionada en 1993. Sin embargo, el núcleo de esta normativa nunca se cumplió: la ley prevé estabilidad fiscal, aduanera y cambiaria por 30 años para proyectos mineros, algo que en la práctica no ha sucedido fruto de la inestabilidad de nuestro país. Aún así, hay señales positivas y expectativas alineadas entre la actual administración nacional y las provinciales -sin distinguir la pertenencia partidaria- que generan esperanzas de un quiebre en la tendencia (la media sanción del Régimen de Incentivos a las Grandes Inversiones -RIGI- o los planes de reactivación mineros en Mendoza son dos grandes ejemplos de ello).

Para continuar por este camino, el sector privado debe seguir generando vínculos y peticionando a los tomadores de decisión por reglas claras y estables, que permitan pensar en inversiones a largo plazo: la minería como política de Estado, no circunscrita a los vaivenes de las coyunturas. Empresas y Estado trabajando juntos para el desarrollo económico.

2) Comunicación efectiva y estratégica: La comunicación es una lucha por el sentido. La percepción pública es la que determina, en definitiva, el éxito o fracaso de cualquier proyecto. Tal es así que cuanto peor es la imagen de un sector o compañía, mayores son los riesgos regulatorios; por el contrario, cuanto mayor es su aceptación pública, el riesgo a ser regulado negativamente –o prohibido– disminuye. Las agendas políticas -y las decisiones regulatorias- se ven influenciadas, en gran parte, por la opinión pública.

Por este motivo, la industria minera debe continuar ocupando mayores espacios en la agenda, contando su visión de las cosas y contrarrestando con una narrativa propia –racional y a la vez emotiva– los discursos con sesgos antimineros. La desmitificación del sector sólo puede darse a través de voceros propios y discursos cimentados en el impacto que la minería tiene en generación de empleo de calidad, divisas y evidenciando su contribución al desarrollo local en regiones alejadas de los grandes centros urbanos.

3) Vinculación con las comunidades locales: El principal stakeholder de un proyecto minero es la comunidad en donde se desarrolla. La famosa “Licencia Social para Operar” no es otra cosa más que una construcción reputacional favorable que permita el normal desarrollo de los proyectos. Esto solo es posible a través de un trabajo mancomunado con los líderes de opinión locales, por medio de una comunicación transparente y abierta desde el primer momento. El desarrollo económico-social, la generación de empleo genuino de calidad, los altos estándares de seguridad y el desarrollo de proveedores locales deben ser los principales tópicos de esta discusión. Construir desde las bases, no de arriba hacia abajo.

Argentina tiene todo para convertirse en una potencia minera mundial. Para ello no solo es necesario que la macro acompañe, sino también que la industria y el sector público trabajen en conjunto para, por fin y de una vez, no dejar pasar otra gran oportunidad.

El autor es Director Senior de Asuntos Públicos de LLYC Argentina