La reciente exposición pública del señor ministro de Justicia, ha visibilizado la estafa económica cometida en los llamados juicios de lesa humanidad ya denunciados por otros actores sociales, e incluso publicados en el libro de José D’Angelo, “La estafa de los desaparecidos”. Por ello, como presidente y en nombre del Foro de Generales, se expresa:
Como todo acontecimiento de corrupción en el que se roba el dinero de un pueblo empobrecido, el hecho produce una gran indignación ciudadana, que se incrementa cuando este se relaciona con el uso y aprovechamiento de la muerte y el dolor consecuencia de una guerra fratricida.
Se han puesto en superficie las trampas hipócritas, creadas, incentivadas apañadas o permitidas por los gobiernos anteriores, por muchas de las organizaciones de DDHH y parte de la propia Justicia Federal alineada en una sesgada “política de Estado de DDHH”, por la cual se dilapidó el escaso dinero de los argentinos en juicios mal sustanciados en los que por estratagemas sistemáticamente orquestadas se benefició a los amigos del “relato”, llegando al extremo que delincuentes terroristas que atentaron contra las Instituciones del Estado y sus hombres, como en el ataque de Montoneros al cuartel del Regimiento del Ejército Argentino en Formosa, fueron premiados con subsidios, mientras que a las familias de sus víctimas, los heroicos soldados, fueron abandonadas y olvidadas.
Esta corrupción ha bastardeado un tema tan serio como el de la Justicia Penal, los DDHH, los desaparecidos y las víctimas de aquellos nefastos años y explica también de algún modo la mentira sobre la cantidad de los desaparecidos, la que les ha permitido impunemente robar mucho más. Es cierto que desde el punto de vista moral es tan importante el número de 8.000 como el de 30.000 desaparecidos, pero no así desde el punto de vista de la estafa que se habría cometido, ni de la magnitud de los hechos.
Además, no es solo una cuestión del dinero robado, sino que para ello se atropelló a la Constitución Nacional, a los principios del derecho penal, se ha mentido, se ha falsificado la verdad ante el soberano, dictándose prisiones preventivas o sentencias injustas sobre la base de relatos falsos.
En esta estafa se mintió en juicio y como consecuencia, se condenó y privó de la libertad a inocentes, hoy ancianos de edad avanzada y muchos de ellos ya fallecidos en cautiverio, situación que se mantiene. Lo expuesto contribuyó a un grave desconocimiento de los hechos por parte de la opinión pública.
Por la salud de la República, si realmente queremos pacificar a la Nación y salir de nuestra larga y continua decadencia, debemos recuperar a la Justicia Penal Federal, recuperar lo robado, juzgar a todos los responsables de la comisión de dicha estafa y fundamentalmente, asegurar la vigencia de los Derechos Humanos sin discriminaciones, reconvirtiendo los organismos estatales en el camino impulsado por el ministro de Defensa y en particular reparar la injusticia sobre aquellos argentinos que han sido y son las víctimas, privados de la libertad, como consecuencia de la estafa denunciada por el ministro de Justicia.
Esta estafa evidencia la falsedad ideológica del relato setentista y por, sobre todo, la bajeza moral al emplear el dinero de la ciudadanía para premiar, entre otros, a quienes sembraron la muerte y el caos revolucionario, cuyos resultados están hoy en superficie.
No nos dejemos engañar, estos corruptos que conocemos muy bien intentarán devaluar la denuncia, como si fuese una excepcionalidad, cuando realmente es una estafa sistemática a la Nación Argentina.
La base para la libertad y la reconstrucción nacional es la verdad completa.