¿A quiénes beneficia el Programa de “Ayuda Cuota Escolar”?

El gobierno de la Ciudad de Buenos Aires lanzó el Programa “Ayuda Cuota Escolar” para asistir a las familias cuyos hijos concurren a escuelas privadas que reciben aporte estatal. Dado que el 49% de los estudiantes de CABA, unos 356 mil niños, niñas y adolescentes, asisten a este tipo de escuelas, es importante reconocer la reacción rápida del gobierno para atender a una situación que afecta a una gran cantidad de instituciones educativas y familias. Sin embargo, es necesario realizar un análisis que permita a la ciudadanía contar con mayor información y algunos criterios para valorar la medida.

En primer lugar, se trata de una transferencia directa de fondos del Ministerio de Educación a los establecimientos educativos de gestión privada que reciben entre un 40 y 100% de subsidio. No se benefician escuelas que reciben menos del 40% o que directamente no lo reciben, lo cual es razonable dado que son las escuelas a las que asisten familias de mayores ingresos.

El programa exige que las familias se inscriban a través de una página web, pero no establece requisitos para acceder. Es decir, todos los que se inscriben reciben el descuento en la cuota. Esta lógica de implementación resulta inequitativa, ya que no depende de si las familias cuentan o no con recursos para pagar la cuota, sino que es para todas por igual. Hasta los “vouchers” impulsados por el presidente Javier Milei tienen un requisito que es tener un ingreso familiar menor o equivalente a 7 salarios mínimos vitales y móviles ($1.419.600) para recibir el beneficio. También genera un incentivo para que las escuelas privadas promuevan que las familias se inscriban, independientemente de su necesidad. Las familias que envían a sus hijos a las escuelas con mayor subsidio recibirán menos aportes de este Programa, ya que a todos se les cubrirá el 50% sin importar el valor de la cuota.

¿Qué sucede con las escuelas subvencionadas que no cobran cuota o que tienen cuotas muy bajas? Se trata de colegios que no reciben los recursos (tecnológicos, infraestructura, mantenimiento, entre otros) que sí reciben las escuelas públicas y que no cuentan con la cuota que pagan las familias para afrontar el aumento de los costos. Esto es aún más paradójico si entendemos que se trata de escuelas a las que van estudiantes de menores recursos.

Resulta extraño en este contexto de tanta “austeridad estatal” impulsar una medida que no esté focalizada hacia quienes más lo necesitan, independientemente de a qué escuela asisten. En síntesis, podemos sostener que la respuesta estatal frente a la crisis que atraviesa el país y la Ciudad es destacable, pero el instrumento no parece ser el más apropiado, dado que no se focaliza en las familias que más lo necesitan ni en las escuelas a las que asisten niños y niñas de menos recursos.

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires tiene información e instrumentos de gestión que permitirían tener respuestas diferenciadas. De esto hablamos cuando proponemos un Estado inteligente, innovador y al servicio de la gente.

Por último, y no menos importante, la cuestión pedagógica necesita un abordaje urgente. La crisis que atraviesa la educación no distingue sectores sociales, y las escuelas privadas comparten muchas de las problemáticas que enfrentan las escuelas estatales. Un estudio reciente de Argentinos por la Educación identificó que 3 de cada 10 estudiantes de los sectores más ricos no alcanzan el nivel mínimo en Lectura de la prueba PISA -que mide los conocimientos y habilidades de los chicos y chicas de 15 años a nivel global (OCDE)-. Esto pone en evidencia que es necesario mejorar la calidad educativa en todos los ámbitos sociales, tanto en las escuelas públicas como privadas.

¿Pero cómo podemos mejorar la educación? Debemos fortalecer la formación de los docentes que inician la carrera y de quienes se encuentran en ejercicio, ofreciendo mayores oportunidades de desarrollo de la profesión -como ya inició la CABA desde 2023-, mejorando las condiciones edilicias y mantenimiento de las instituciones.

En esta línea, en 2023 presenté en la Legislatura un proyecto de ley que busca, entre otras cuestiones centrales, paliar la desigualdad social y educativa de forma temprana. La evidencia muestra que la educación temprana es fundamental para el desarrollo infantil, las trayectorias escolares posteriores y el desarrollo futuro. Por ello, debemos empezar con la alfabetización inicial desde el jardín, e incluso prever la obligatoriedad de la sala de 3 años para traccionar igualdad de oportunidades de aprendizaje de todos los y las niñas sin importar el contexto de origen. La baja de la natalidad que se acentúa en la Ciudad en los últimos años nos da una oportunidad como jurisdicción para asegurar la escolaridad de todos los niños y niñas de 3 años y la ampliación de la cobertura del jardín maternal, sobre todo para las familias que más lo necesitan, en especial en el sur de la Ciudad.

Además debemos potenciar el uso de los resultados de las evaluaciones estandarizadas para retroalimentar las prácticas escolares y el planeamiento educativo. Estos resultados podrían contribuir a reasignar los subsidios a la educación privada. Sabemos que son necesarios, sin embargo es fundamental garantizar transparencia en su asignación y establecer criterios claros para definir los porcentajes de subsidio. La calidad educativa y la equidad territorial y socio-económica deben guiar esta asignación.

En síntesis, el programa “Ayuda Cuota Escolar” es una gran ayuda para muchas familias en este contexto de crisis. Sin embargo, no hay que perder de vista que una intervención no diferenciada del Estado puede reforzar desigualdades existentes. No solo necesitamos más inversión en educación, sino que ésta también sea más equitativa y más eficiente.