Los aumentos de los servicios públicos en pymes y consumidores

Hay una evidente desaceleración de precios en bienes con la contracara de aumentos en las tarifas de servicios públicos con el objetivo de corregir precios atrasados en la economía. ¿Cuál era ese retraso? ¿Cómo impacta en las pymes, y cuánto representa en el nuevo gasto de los consumidores? Son las preguntas que dominan la preocupación de las consultoras, analistas, periodistas, y en particular a los propios afectados.

Abril comenzó con nuevos ajustes. El Gobierno nacional dio luz verde a aumentos del gas que oscilan, dependiendo la categoría del usuario, entre 250% y 500% en todo el país, y con la novedad de que tendrán actualización mensual; y también de la electricidad para el AMBA de entre 120% y 300%. Además, el sector privado acompañó con suba en la cuota de medicina prepaga, aunque luego se dispuso un límite dado por la tasa de inflación, y de los colegios privados, principalmente.

En una economía libre de mercado, los precios se determinan cuando se alcanza el punto de equilibrio entre la oferta y demanda. Sin embargo, cuando un gobierno interviene con regulaciones, es inevitable que aparezcan diferencias frente entre los valores autorizados y los que se formarían sin tales interferencias.

Más allá de una discusión sobre la conveniencia o no de las regulaciones, es una comprobación empírica que cuando las intervenciones en el mercado son intensas o prologadas, la asignación de recursos termina siendo ineficiente y generan tensiones en el sistema de precios, los cuales tienden a recuperar el equilibrio en algún momento del tiempo.

Con el propósito de evaluar la dinámica de los valores de las tarifas de servicios, transporte público, educación y gastos en medicina prepaga se comparan estos cuatro rubros en términos de la inflación promedio mensual durante la gestión anterior (diciembre 2019 a noviembre 2023), correspondiente al mandato presidencial de Alberto Fernández, con el de inicio de gestión de Javier Milei (diciembre 2023 a marzo 2024 -último dato oficial-) y la situación presente (variación de precios previstas para de abril).

En el caso del rubro “Educación” y “Gastos en prepagas” durante el gobierno de Alberto Fernández fue entorno al 4,5% promedio mensual, inferior al de la variación del IPC del Indec que fue de 5,42 por ciento.

Al asumir Javier Milei y comenzado el sinceramiento de precios, la inflación mensual promedio de “Educación” presentó un aumento de 17,24%; levemente menor a la inflación mensual promedio fue de 17,58% y la de “Gastos en prepagas” del 21,55%. Y los anuncios de subas para abril fueron de 9% en educación y de 19% en prepagas (antes de la nueva regulación).

Respecto a “Transporte Público”, en la gestión anterior suba equivalente mensual acumulativa fue del 4,29%, y aceleró a 31,58% a inicios de la nueva presidencia, y con aumentos previstos del 60% en abril.

Por último, “Electricidad, gas y otros combustibles” tuvieron en la administración previa un aumento acumulativo mensual equivalente a 3,59% y pasa a 18,30% agregado mensual desde diciembre último, y es el rubro con el mayor incremento previsto para abril, del 171 por ciento.

De lo anterior surge que la inflación acumulada en la gestión anterior en “Gastos en prepagas” fue de 670,45% y en menor medida en “Electricidad, gas y otros combustibles”, con 432,39%. En tanto, en la administración actual, nuevamente “Gastos en prepagas” en la de mayor suba y educación, la menor.

De lo anterior se desprende que la tasa promedio mensual en los primeros cuatros meses de presidencia de Javier Milei, para los rubros considerados, a excepción de “Educación”, estuvo en torno a 10% superior al del gobierno anterior.

Semejante brecha se explica, en los cuatros rubros analizados, por el atraso que arrastraban respecto de la inflación del Nivel General, que fue de 1.146,54%, fruto principalmente del atraso cambiario.

Otra medida tomada por el Poder Ejecutivo desde el 10 de diciembre último, en el marco del sinceramiento de la economía y saneamiento de las finanzas públicas, fue la eliminación del fideicomiso del trigo y aceite y la potestad para fijar precios al Instituto Nacional de “yerba mate de 500 gramos”.

En la gestión de Alberto Fernández el precio de la yerba mate aumentó 1.333%, el de la harina de trigo común 000 subió 1.124% y el aceite de girasol se incrementó 1.402%. Durante la gestión actual esos precios se elevaron por encima del 40 por ciento.

Para el caso de las pymes la corrección de precios relativos de la economía también será un trago difícil de atravesar. Luego de la promesa de sintonía fina por parte de Cristina Fernández de Kirchner en 2011 y un intento de corrección real en la gestión Cambiemos que no llegó, hoy se percibe la necesidad ordenar todas las variables.

Según un informe de la Fecoba (Federación de Comercio de la Ciudad de Buenos Aires) 6 de cada 10 pymes entienden que la corrección de tarifas de servicios públicos son necesarias; pero también, casi en la misma proporción manifiestan que impactarán significativamente en sus costos fijos en un contexto de brutal caída de su volumen de ventas y disminución de margen para poder tener un equilibrio operativo de sus negocios en los próximos meses.

De ahí que se considera crucial que los ajustes de precios relativos vayan acompañados de políticas complementarias que mitiguen el impacto en los sectores más vulnerables de la sociedad y que se mantenga una comunicación clara y efectiva para manejar las expectativas y minimizar la incertidumbre.

El Gobierno debe, por lo tanto, balancear cuidadosamente los efectos inmediatos del sinceramiento con las necesidades a largo plazo de estabilidad y crecimiento económico.

La experiencia ha demostrado que el ajuste de precios, aunque impopular, es a menudo un paso necesario para alcanzar la estabilidad buscada. Sin embargo, el éxito de las medidas dependerá de la adopción de políticas de soporte que aseguren un ajuste equitativo y sostenible para la sociedad en su conjunto.

El autor es Analista económico