Experimentando con menores: un estudio inglés cuestiona los tratamientos de transición de género que aquí se aplican libremente

En la Argentina, una concepción terraplanista de género -negación de la biología y del binarismo sexual- ha llevado a la adopción en 2012 de una legislación que habilita, entre otras cosas, las terapias hormonales en menores (Ley n° 26.743). Esa misma concepción ha desatado una fiebre por la ESI: con la excusa de la educación sexual, se difunde entre niños y adolescentes la idea de que la transición de género es natural y hasta deseable, de que sexualmente hablando somos una página en blanco y podemos diseñarnos como se nos antoje.

En el mundo al revés de hoy, si alguien dice que la tierra es plana, lo tratan de chiflado, pero se puede afirmar tranquilamente que el sexo es asignado arbitrariamente al nacer y que podemos cambiarlo a piacere. Nadie se escandaliza. O todos fingen no escandalizarse porque lo contrario es políticamente incorrecto. Pero si alguien dice que la humanidad se compone de hombres y mujeres y que no existe un tercer sexo, inmediatamente será censurado y tildado de transfóbico. Y se cancelará todo debate.

Una cosa es que haya un puñado de fanáticos que crea y promueva esto; pero la ideología trangénero se ha difundido y ha permeado todas las esferas de la vida social, asociaciones, gobiernos y medios.

En una entrevista con Infobae, el actor Imanol Arias habló de unos “rarísimos tipos multimillonarios que se han adueñado de la medicina, la alimentación, el transporte y la moral”. En el caso del transgenerismo, todas las ONG que “militan” esa causa están financiadas por los multimillonarios de los que habló el artista español, sin que se sepa con qué derecho o legitimación, más allá del poder del dinero. Uno de ellos se sinceró: “Hay que imponer a la fuerza los cambios woke”.

Con este respaldo han logrado que, progresivamente, las universidades se plieguen a este discurso, los legisladores promuevan leyes dictadas por los supuestos intereses de estas minorías, las autoridades del sistema sanitario los pongan al tope de sus prioridades, las escuelas dicten clases de ESI impregnadas de doctrina queer, etc. Hasta las empresas marcan el paso, exponiendo sus políticas de “diversidad”. Y guay del que se atreva a exponer una duda. Ni preguntar se puede.

No se refiere esto al ínfimo porcentaje de personas (adultas) que verdaderamente viven una incongruencia de género, sino a la liviandad de promover la reasignación de sexo en base a la sola expresión del interesado, incluso si se trata de un niño, tal como lo habilita la ley argentina, y autorizar la hormonización e incluso la cirugía en menores.

Esta naturalización del transgenerismo explica la explosión de casos que se viene verificando en los últimos años. Pero un hecho muy relevante y de alto impacto acababa de irrumpir en este panorama. De pronto, las inquietudes y objeciones expresadas por muchos tienen correlato y respaldo científico, con la publicación del Informe Cass, uno de los más contundentes en exponer los extravíos del transgenerismo. Esta “Revisión independiente de los servicios de identidad de género para niños y jóvenes” fue encargada por el gobierno inglés.

En realidad, no es el primer estudio que cuestiona la idea de que la transición de género es un juego de niños, o el disparate de que los menores están en condiciones de expresar con claridad su “identidad de género”, separada de su genitalidad, y de que el único camino es afirmarlos en esa “autopercepción”.

Los países pioneros en transición de género -hormonal, quirúrgica y legal- ya están revisando las prácticas excesivamente liberales que admitían hasta hace poco; así lo han hecho Suecia, Finlandia, Noruega y ahora Inglaterra.

Uno de los argumentos estrella del transactivismo es que los adolescentes que padecen de disforia de género deben ser apoyados por sus padres en su transición y nunca contrariados, ya que hacerlo los empujaría al suicidio. Se ejerce sobre los padres un chantaje emocional: ¿qué prefieren: un hijo trans o un hijo muerto?

Pero el 17 de febrero pasado el British Medical Journal publicó un estudio realizado en Finlandia por espacio de 20 años, de 1996 a 2019, que muestra que, aunque la tasa de suicidios entre los adolescentes y jóvenes que experimentan incongruencia de género es más elevada que la media, ello puede deberse a otros factores, ajenos al impedimento de transicionar: uno es que la mayoría sufre de otros desórdenes -depresión, anorexia, trastornos del espectro autista, etc-. El estudio también demuestra que la cirugía de reasignación de sexo no desemboca en la disminución de esa tasa de suicidio.

Otro argumento muy meneado por los activistas transgénero es que los efectos de los bloqueadores de pubertad, además de ser inocuos, son perfectamente reversibles. En el documental ¿Qué es una mujer?, una pediatra explica con total soltura que dar bloqueadores es como frenar la reproducción de un DVD: ponemos pausa, se detiene, ponemos play, vuelve a arrancar.

Sin embargo, un estudio dirigido por el genetista Nagarajan Kannan, de la Clínica Mayo, publicado en marzo pasado, (“Puberty Blocker and Aging Impact on Testicular Cell States and Function”) indica que los bloqueadores de pubertad tienen efectos sobre la salud y no son reversibles. Por ejemplo, entre los adolescentes varones, generan atrofia testicular, comprometiendo su fertilidad futura.

Pero un golpe decisivo a la irresponsabilidad de los promotores de estos tratamientos en menores lo propinó el Informe Cass, publicado el 9 de abril pasado. Es una revisión de cómo encara el Servicio de Salud Inglés (NHS) el tratamiento de menores con disforia de género, dirigido por Hilary Cass, ex presidente del Real Colegio de Pediatría, con la cooperación de la Universidad de York. Iniciado en 2020, se extendió por 4 años.

Una consecuencia inmediata del informe es que, por decisión del gobierno, ya no se dará bloqueadores de pubertad a los niños, salvo en contexto de estudios clínicos; su disforia será tratada con psicoterapia. Decisión tomada a partir de la inquietante constatación de que las evidencias que han servido hasta ahora para justificar el uso de bloqueadores y hormonas para masculinizar o feminizar el cuerpo son absolutamente insuficientes. Más aún, los intentos “por mejorar la base de evidencia se han visto frustrados por la falta de cooperación de los servicios de género”.

El Informe Cass hace un poco de historia recordando que cuando se creó el Servicio de Desarrollo de Identidad de Género (GIDS, por sus siglas en inglés), en 1989, se “atendía a menos de 10 niños al año” y “el enfoque principal era terapéutico, con solo una pequeña proporción derivada para tratamiento hormonal alrededor de los 16 años”.

Todo esto cambió con la aparición de un Protocolo Holandés que promocionaba la “intervención temprana”, o sea, el uso de bloqueadores de pubertad. Sin embargo, “los resultados preliminares del estudio de intervención temprana en 2015-2016 no demostraron beneficios”. Y aunque “no hubo resultados positivos mensurables”, desde el año 2014, en el Reino Unido, “los bloqueadores de la pubertad pasaron de ser un protocolo de investigación a estar disponibles en la práctica clínica de rutina y se administraron a un grupo más amplio de pacientes que no habrían cumplido con los criterios de inclusión del protocolo original”.

Es decir que, pese a la poca evidencia, se siguió aplicando el protocolo con pretensión científica. “La adopción de un tratamiento con beneficios inciertos sin un mayor escrutinio es un alejamiento significativo de la práctica establecida”, dice el informe.

Lo que cabe subrayar entonces es que todos los tratamientos hechos hasta ahora con bloqueadores de pubertad han sido experimentales. Se ha estado experimentando con menores.

Otra conclusión importante del Informe Cass es que “el sentido de identidad de los jóvenes no siempre es fijo y puede evolucionar con el tiempo”. “Los clínicos nos han dicho que no pueden determinar con certeza qué niños y jóvenes tendrán una identidad trans duradera”, señalan.

Una constatación que aconsejaría prudencia. “Nuestra comprensión actual de los impactos a largo plazo de las intervenciones hormonales es limitada”, advierten.

También señalan algo lógico: que “muchos clínicos” tienen dudas acerca de “su capacidad y competencia” en el tema y “algunos tienen miedo dado el debate social que los rodea”. Los profesionales de la salud se sienten presionados por las autoridades y por el transactivismo, en el sentido de que ante estos casos sólo cabe la reasignación de género.

Ya en 2022, la Revisión dirigida por Hilary Cass resaltó “las grandes lagunas y debilidades en la base de investigación que respalda el manejo clínico de niños y jóvenes con incongruencia y disforia de género”, en especial, por lo poco que se sabe sobre los resultados a mediano y largo plazo de los tratamientos.

La revisión también constató un fenómeno que por su anormalidad debería llamar a la reflexión a los promotores de la hormonización de menores: el aumento exponencial de casos y el hecho de que es desproporcionado el porcentaje de mujeres en el total de adolescentes que presentan incongruencia o disforia de género.

Una encuesta realizada por MANADA (Madres de Niñas y Adolescentes con Disforia Acelerada) entre las familias que se contactan con esa asociación argentina arroja una proporción de 90,8% de mujeres.

El informe Cass descarta que el aumento exponencial de casos de los últimos 10 años se deba a una salida del placard masiva, otro argumento queer. “El cambio exponencial [en] un período de tiempo particularmente corto es mucho más rápido de lo que se esperaría para la evolución normal de la aceptación de un grupo minoritario”, dicen.

También afirma que, entre los jóvenes que sufren de disforia de género, existe una proporción mayor que la media de individuos que presentan otros trastornos psicosociales, desde maltrato familiar a esquizofrenia, pasando por el autismo, la depresión o la anorexia.

Esto habilita a pensar que muchos diagnósticos de disforia son errados e incluso están orientados por la ideología. Conclusiones que deberían además conllevar responsabilidades en quienes de una forma tan ligera vienen administrando tratamientos invasivos a menores de edad.

En 2018, un psiquiatra del GIDS, David Bell, publicó un informe sobre las prácticas médicas dudosas de ese servicio; en particular, la velocidad con la cual se diagnosticaba disforia de género a niños y adolescentes y se los orientaba hacia tratamientos de transición, como bloqueadores, hormonas y cirugías.

La realidad es que estos tratamientos se aplicaban y se siguen aplicando sin el suficiente respeto por el rigor científico ni por las normas éticas de la medicina. El Informe Cass denuncia que los servicios que los brindan ni siquiera conservan bases de datos apropiadas como para asentar conclusiones científicas.

También está en la mira la entidad que todos los promotores de la reasignación de sexo temprana citan como respaldo: la Asociación Internacional de Profesionales de la Salud de las personas transgénero (WPATH), de la que emana los “Estándares de atención para los desórdenes de la identidad de género“, que operan como guía para estos tratamientos en los países que los aceptan, Argentina incluida.

Para WPATH todo se reduce a la autodeterminación: son las personas trans las que deben decidir qué cuidados o qué tratamientos desean recibir, y cualquier negativa o simple freno, objeción o sugerencia en contrario por parte de los profesionales conlleva el peligro de agravar su malestar. Es como si un paciente le impusiera al médico su diagnóstico y su tratamiento…

A comienzos de marzo, el sitio Environmental Progress publicó varios documentos internos de WPATH fechados entre 2021 y 2024 que revelan que los médicos de la entidad improvisaban muchas veces los tratamientos, que desconocían sus efectos a mediano plazo; que eran conscientes de que los niños y adolescentes tratados no estaban en condiciones de dar un consentimiento válido, porque no podían comprender realmente los efectos de estas intervenciones en sus vidas. Varios de estos pacientes padecían además otros trastornos psicológicos o se encontraban en situación de alta precariedad socioeconómica.

En concreto, los documentos revelaron una liviandad peligrosa a la hora de determinar tratamientos y sugerir criterios por parte de la WPATH.

Todo esto constituye un gran mentís para los que reaccionan acusando de transfobia a quienes tienen reparos frente a los contextos en que se aconsejan estos tratamientos. Queda claro que sí hay fundamento para preocuparse por estas prácticas poco seguras y que toman a los pacientes como conejillos de indias. La transición hormonal y quirúrgica de sexo todavía está en una etapa experimental.

Quienes en Argentina se dedican alegremente a estas transiciones deberían poner las barbas en remojo.

Hilary Cass propone en su informe un nuevo modelo de atención para los menores con disforia de género que implique un enfoque integral “centrado en el paciente y la familia” y “con fuertes vínculos con los servicios de salud mental”, incluyendo por ejemplo “servicios para niños, niñas y jóvenes con autismo y otras situaciones de neurodiversidad”. Y, en caso de que se decida un tratamiento médico, “acceso a los servicios de endocrinología y de fertilidad”.

“Las lagunas más significativas están relacionadas con el tratamiento con bloqueadores de la pubertad”, dice Cass. “El desafío consiste en determinar cuándo se alcanza un punto de certeza sobre la identidad de género en un adolescente que se encuentra en un estado de maduración, desarrollo de la identidad y fluidez”, agrega.

Se desconoce en profundidad el rol que juegan las hormonas sexuales en el desarrollo de la identidad sexual, por lo tanto no puede afirmarse con certeza que “pausar” este desarrollo no tenga consecuencias en la conformación de la identidad sexual. Es decir, no puede saberse si, en vez de ganar tiempo para tomar una decisión, no se está condicionando esa elección.

Según el informe “otro motivo de preocupación” es que “la maduración del cerebro puede verse interrumpida temporal o permanentemente por los bloqueadores de la pubertad, lo que podría tener un impacto significativo en la capacidad de toma de decisiones complejas y de gran riesgo, así como posibles consecuencias neuropsicológicas a largo plazo”.

El Informe Cass es impactante: revela la falta de respaldo científico y estadístico de los tratamientos aplicados hasta ahora y en Inglaterra ha tenido por resultado el cambio de enfoque, en una primera etapa, en lo que concerniente a niños y adolescentes. Pero se prevé que en un futuro, se revise también el servicio dado a adultos trans.

Por todas estas lagunas, Cass considera imprescindible más investigación en estas “áreas con poca evidencia”. También propone foros de discusión y de ética para los “casos complejos” o “cuando haya incertidumbre o desacuerdo”; y “una auditoría nacional”, entre otras cosas.

En concreto, una serie de salvaguardas que permitan tratar el tema con la seriedad y el rigor científico que merece, por involucrar la vida y el bienestar futuro de las jóvenes generaciones. Huelga decir que todo esto debería implementarse también en la Argentina.

Otro aspecto importante es que el informe invita a poner fin a esa idea absurda de que niños de apenas 11 o 12 años pueden tomar decisiones que implican cambios irreversibles en sus vidas. Lo increíble de todo esto no son las conclusiones del Informe Cass, sino el hecho de que se haya considerado “normal”, “recomendable”, “saludable”, frenar el desarrollo de un niño en su transición a la edad adulta, interferir en su maduración y creer que eso es inocuo.

Pero hay otro efecto -o no efecto- del Informe Cass: es el silencio estruendoso con el que fue recibido en nuestro país, como si la Argentina fuese ajena a la realidad que allí se describe. No se registró ninguna reacción, refutación o explicación por parte de quienes aquí promueven y realizan estas prácticas con absoluta inconsciencia y, hasta ahora, con total impunidad.

Los mismos que celebraron los 10 años de nuestra Ley de Identidad de Género o Ley Trans, guardan silencio hoy frente al Informe Cass, a pesar de que una revisión análoga en nuestro país sin lugar a dudas revelaría la misma falta de rigor y las mismas lagunas en materia de respaldo científico.

En las páginas del gobierno de la Ciudad, por ejemplo, se informa que la ley “dispone que los servicios de salud brinden la cobertura de terapias hormonales e intervenciones quirúrgicas totales y parciales para modificar el cuerpo de acuerdo a la identidad de género autopercibida, sin que para ello se requiera autorización judicial, administrativa, médica, psiquiátrica y/o psicológica”.

Se informa sobre los “distintos tipos de cirugías” disponibles: “aumento de pechos y glúteos, la extirpación de mamas, testículos, útero, ovarios y trompas así como la construcción de genitales que puede requerir el uso de prótesis”.

“Estas intervenciones quirúrgicas -dice la página del gobierno de la Ciudad- son una posibilidad más del proceso de construcción corporal” de cada persona. Como se ve, se promociona como lo más natural del mundo la extirpación de órganos sanos. Y se califica a la terapia hormonal como “práctica no invasiva”.

Se aclara además que, en virtud del Código Civil y Comercial de 2015, las “personas de 16 o más años son consideradas como adultas/os”, por lo tanto “las terapias hormonales pueden ser administradas a toda persona de 16 años o más”, con “la sola firma de su consentimiento informado”.

A raíz del 10 aniversario de la Ley, el sitio Open Democracy (financiado por los millonarios de los que habla Imanol Arias) publicó un artículo que decía que “cuando la ley de identidad de género fue aprobada en 2012, las instituciones todavía se negaban a reconocer que niños y niñas trans tenían capacidad para expresar su identidad”.

Esta misma idea de autonomía infantil está presente en un documento del gobierno de Santa Fe, provincia que fue vanguardia en estos temas mientras el narco se enseñoreaba de ella, y que dice que “uno de los campos en los cuales más claramente se expresan prejuicios es en el de las infancias, fundamentalmente por la dificultad de reconocer en las niñas, niños y niñes, sujetes de derechos autónomes, y no objetos propiedad de un o una adulta encargada de determinar cuál será la orientación sexual, identidad o expresión de género ‘deseada’ o ‘esperable’ obstaculizando la libre expresión y vivencia de aquello que se siente, que se autopercibe”.

Es decir que, para el gobierno provincial de entonces, considerar que los niños carecen del suficiente grado de madurez como para tener autonomía es un prejuicio.

Sin sorpresas, el documento santafesino cita como autoridad en la materia a la cuestionada Asociación Internacional de Profesionales de la Salud de Personas Transgénero (WPATH).

Es decir que estas prácticas, alegremente promovidas en la Argentina por diferentes administraciones, están tan flojas de papeles como las del Servicio de Salud inglés. En especial en lo que concierne a los menores de edad, estos enfoques ameritarían un debate científico y ético y una auditoría nacional. Un mínimo grado de prudencia y de responsabilidad que evite la experimentación con niños.