Ya han pasado más de cuatro meses desde que asumió el nuevo gobierno. El presidente Milei se ha concentrado en cumplir con una de sus principales promesas de campaña, la de no financiar más el gasto público con emisión monetaria. Hasta ahora ha tenido éxito, aunque las herramientas no han sido las más precisas y eficientes.
La motosierra, metáfora para describir el recorte de todos aquellos gastos inútiles y regulaciones dañinas, todavía sólo ha sido aplicada en pocos frentes. Los grandes planes para la utilización de la motosierra eran los incluidos en el proyecto de ley Bases original y en el DNU 70/23. Aquella no fue aprobada y buena parte de este ha sido suspendido por amparos judiciales. La motosierra sí pudo funcionar a destajo eliminando casi en su totalidad las transferencias discrecionales a las provincias. Esta medida obligará a las mismas a reducir o prescindir de aquellos gastos inútiles o de poca productividad y a tener gobiernos más austeros o a aumentar impuestos. Lamentablemente algunas jurisdicciones, como la provincia de Buenos Aires, ya han comenzado a transitar este último camino. Otros gastos víctimas de la motosierra no podrán ser sostenidos en el tiempo, como la suspensión total de la obra pública.
La herramienta que ha funcionado sin pausa ha sido la licuadora. Así se llamó al mecanismo de reducción de gastos del Estado mediante la no actualización por inflación corriente. Las jubilaciones, los salarios del Estado y las transferencias de fondos a organismos han sido “licuados”, es decir aumentados a un ritmo menor al inflacionario. Este mecanismo ha funcionado con tasas de inflación crecientes pero tendrá el efecto opuesto, especialmente en la jubilaciones, cuando la inflación empiece a caer.
Para que Argentina realmente entre en una senda de crecimiento sostenido es necesario liberar las fuerzas productivas para que puedan lograr su máximo potencial. El primer proyecto de ley Bases apuntaba en este sentido eliminando o flexibilizando las regulaciones para que puedan servir más y mejor a las empresas y a los trabajadores y poniendo sentido común. Enumeramos aquí algunas de sus medidas:
- Eliminar las restricciones a la competencia.
- Desregular el comercio, los servicios y la industria y dejar sin efecto las restricciones a la oferta de bienes y servicios.
- Reorganizar la Administración Pública nacional.
- Desburocratizar y simplificar la normativa administrativa nacional.
- Establecer sistemas de resolución de controversias entre la Administración y los particulares alternativos al proceso judicial.
- Asegurar una mayor transparencia en la administración de los recursos destinados a asignaciones específicas y a rentas generales.
- Restructurar las tarifas del sistema energético con criterios de equidad distributiva y sustentabilidad productiva.
La licuadora alcanza para brindar cierta confianza en que el Estado llegará a un equilibrio y, si se mantuvieran, dejaría de ser un defaulteador serial. El mantenimiento de sólo esta condición en el tiempo sería en enorme avance respecto a las últimas décadas y, sin dudas, sería suficiente para que la economía empiece a rebotar desde el pozo en que se encuentra.
Pero para tener un crecimiento significativo y sostenido en el largo plazo son absolutamente necesarias las reformas del primer proyecto de la ley Bases y las del DNU. Todas ellas apuntan a eliminar ineficiencias de la economía, aunque no se puede soslayar que todos los cambios traen aparejados ciertos dolores. Se entiende mejor mediante una similitud ficticia pero muy elocuente: muchas regulaciones nos prohíben pescar con red y nos obligan a pescar con la mano. Si se eliminara esta prohibición, no cabría ninguna duda que el experto pescador con la mano saldría perjudicado al tener que vender sus pescados a menor precio por la mayor oferta, pero toda la población podría comer más barato.
Ese es el camino del crecimiento. Por ahora, hay muchos políticos que siguen pensando en proteger los privilegios propios y de algunas corporaciones e industrias. La población parece entender lo propuesto por el gobierno. Esperemos que empiecen a verse algunos frutos del rebote para que la ciudadanía no se decepcione, siga presionando y que se puedan implementar las reformas del fondo.