Una oportunidad para los mercados de carbono en Argentina

Un bono o crédito de carbono es una unidad certificada de resultados de mitigación, ya sea de reducción de emisiones, emisiones evitadas o de captura de gases de efecto invernadero (“GEI”). Cada crédito o bono representa una tonelada de CO2 equivalente que ha sido reducida, evitada o secuestrada mediante un proyecto de mitigación.

Este tipo de bonos cumple una doble función. Por un lado, genera un efecto ambiental positivo en materia de reducción o limitación de emisiones de GEI. Por otro lado, son una herramienta esencial para aquellas compañías que optan por instrumentar una estrategia de medición y compensación de su huella de carbono.

Los bonos o créditos de carbono pueden ser comercializados ya sea en mercados regulados o mercados voluntarios. Los mercados regulados son aquellos creados a nivel estatal para establecer un sistema de comercio de emisiones a fin de facilitar el cumplimiento de las metas de emisión previstos regulatoriamente para cada sector o industria, enmarcados en las contribuciones asumidas a nivel nacional bajo el Acuerdo de París. Los mercados voluntarios, en cambio, son aquellos mercados no regulados a los que las empresas acuden libremente para poder neutralizar sus emisiones.

En ambos casos, las empresas que deben alcanzar ciertos objetivos en materia de compensación de su huella de carbono (ya sea en virtud de una obligación regulatoria, o en forma voluntaria, por políticas internas de la compañía) pueden “comprar” en estos mercados bonos de carbono emitidos por otras empresas.

Según el último reporte publicado por Ecosystem Marketplace, a nivel global, en 2021, sólo considerando el mercado voluntario, la negociación de este tipo de bonos alcanzó USD 2.000 millones y aproximadamente 500 millones de toneladas equivalentes de CO2 demandadas. En 2022, si bien la demanda se redujo aproximadamente un 50%, el volumen se mantuvo en aproximadamente USD 2.000 millones. A la fecha, no se ha publicado la información de 2023, pero se estima que los valores se mantendrán alrededor de los USD 2.000 millones.

Estas cifras demuestran que existe un claro interés a nivel global en el desarrollo y promoción de estos mercados. Prueba de ello, entre otros ejemplos, es el sólido bloque normativo de la Unión Europea en la materia y su consolidado mercado regulado (EU ETS), como también el proyecto en curso de Unidroit (“International Institute for the Unification of Private Law”) para analizar la naturaleza jurídica de los créditos voluntarios de carbono y establecer lineamientos para asegurar una mayor transparencia en este tipo de mercados. En la medida que la demanda se concentrará en la búsqueda de bonos o certificados de carbono de mejor calidad en cuanto a los proyectos subyacentes y su proceso de verificación.

Teniendo en cuenta este panorama, cabe preguntarse si los mercados de carbono tienen una oportunidad de desarrollo en Argentina.

A la fecha, Argentina asumió como compromiso bajo el Acuerdo de París una meta, aplicable a todos los sectores de la economía, de no exceder la emisión neta de 359 MtCO2e (tonelada métrica equivalente de dióxido de carbono) en el año 2030. Sin embargo, el país no cuenta con un mercado regulado que funcione como incentivo al sector privado para alcanzar este objetivo. Tampoco hay un marco regulatorio aplicable a los mercados voluntarios.

No obstante, sí existen experiencias a nivel voluntario y plataformas que permiten a las empresas no sólo la medición de su huella de carbono sino también la negociación y venta de sus bonos o créditos. Sin embargo, no se trata de mercados en sentido estricto, sino plataformas que facilitan la comercialización bilateral (OTC) entre aquella empresa que quiere “vender” sus bonos de carbono y aquella empresa que quiere “comprar” dichos bonos para compensar su huella.

Según la última información disponible del Registro Nacional de Proyectos de Mitigación del Cambio Climático, Argentina cuenta con 59 proyectos registrados en el marco de los cuales se emitieron bonos o certificados de carbono, la mayoría de ellos asociados a proyectos de energías renovables y gestión de residuos. Estos números reflejan que la utilización de los bonos de carbono como herramienta de compensación de la huella de carbono se encuentra en una etapa incipiente, lo cual se debe a la falta de incentivos para que las empresas adopten una estrategia de medición y compensación de su huella.

Dada la relevancia de los bonos de carbono como herramienta para la compensación de la huella de carbono, tanto la gestión saliente como la actual han contemplado en su agenda, aunque con miradas diferentes, la regulación de los mercados de carbono.

En este sentido, en noviembre de 2023 la administración saliente lanzó la “Estrategia Nacional para el Uso de los Mercados de Carbono” con el objetivo de promover la implementación de los mercados de carbono como uno de los mecanismos para contribuir al cumplimiento de la contribución a nivel nacional comprometida en el marco del Acuerdo de París. Dicha estrategia sólo delineaba los ejes y lineamientos para la elaboración de un marco normativo aplicable a estos mercados.

Con otro enfoque, el proyecto original de la “Ley de Bases” enviado por la gestión actual para su discusión en el Congreso, incluyó cinco artículos otorgando facultades al Poder Ejecutivo para fijar metas de emisión de GEI por sectores o industria y establecer un mercado de derechos de emisión de GEI. Sin embargo, la aprobación de dicho proyecto en el Congreso no prosperó. Por su parte, el nuevo borrador de la ley que recientemente dio a conocer el gobierno omitió estos artículos en su redacción.

Si bien no hay duda de que el Gobierno tiene por delante desafíos de corto plazo mucho más acuciantes, sería positivo que la regulación de este tema se mantenga en la agenda para el mediano y largo plazo a fin de lograr alinear los compromisos internacionales asumidos por Argentina con políticas concretas que incentiven al sector privado a adoptar una estrategia de medición y compensación de su huella de carbono.

La autora es socia del departamento de servicios financieros y mercado de capitales del estudio Bomchil