Una advertencia popular: con la educación pública universitaria no se juega

La educación pública estatal es una de las joyas que la Argentina puede mostrar al mundo. Cuando se produjo el nacimiento de nuestro primer gobierno patrio, el 25 de mayo de 1810, en el que hoy es nuestro territorio nacional, hacía casi doscientos años que ya se había creado la Universidad de Córdoba. Once años después de habernos emancipado de España, y cinco años después de habernos independizado de ella, nació, en el ámbito de la provincia de Buenos Aires, la emblemática Universidad de Buenos Aires.

Fue, concretamente, el 9 de agosto de 1821, a instancias de Bernardino Rivadavia, que era ministro de Gobierno del gobernador de la provincia de Buenos Aires, Martín Rodríguez.

Su primer rector fue el presbítero Antonio Sáenz, e inicialmente fue organizada con un sistema de “departamentos” —no de Facultades—, que al principio fueron seis: Departamento de Primeras Letras, de Estudios Preparatorios, de Ciencias Sagradas, de Ciencias Naturales, de Ciencias Médicas y de Jurisprudencia.

Así funcionó la UBA durante medio siglo, hasta que en 1873 (durante la presidencia de Domingo F. Sarmiento, y siendo Mariano Acosta gobernador de la provincia de Buenos Aires), merced a la reforma constitucional que se hizo a la Constitución de esta última, adoptó un régimen de “Facultades” tal como está vigente en la actualidad.

Ocho años después, en 1881, durante la presidencia de Julio A. Roca, la Universidad de Buenos Aires se nacionalizó. Para entonces, desde 1856, ya estaba nacionalizada la de Córdoba.

La Universidad de Buenos Aires fue creciendo en nivel de excelencia, y es hoy la más importante de las que existen en el país. Está formada por trece Facultades, y en ella estudian casi trescientos mil alumnos.

En el ranking de universidades que anualmente realiza la consultora británica Quacquarelli Symonds (QS), tomando en cuenta la reputación académica y la que tiene en el mercado laboral respecto de sus egresados, así como también la cantidad de artículos publicados y citados en revistas especializadas, ubica a la UBA en el puesto N° 50 a nivel mundial, y en el primer lugar en Iberoamérica.

De la Universidad de Buenos Aires egresaron cinco premios nobel: Carlos Saavedra Lamas y Adolfo Pérez Esquivel (de la Paz), César Milstein y Bernardo Houssay (de Medicina) y Luis Federico Leloir (de Química), y al mismo tiempo, de los veinticuatro presidentes constitucionales abogados que hubo en la Argentina, dieciséis egresaron de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires.

La obsesión que el presidente Milei demuestra tener con alcanzar el déficit cero en las cuentas públicas, es inversamente proporcional con el interés que demuestra tener por la educación pública. Efectivamente, un mandatario autoproclamado “anarco-capitalista”, que ve en el Estado a una organización mafiosa que pesa sobre las espaldas de los habitantes, no puede sino tener un profundo desdén por la educación pública, a la que descalifica por “adoctrinadora”.

La Universidad de Buenos Aires es la entidad académica más relevante dentro de ese universo denominado “educación pública estatal”, y si bien, como en toda organización humana seguramente habrá docentes que pueden no estar a la altura de las circunstancias, y tal vez puedan no hacer honor al cargo que ocupan, el contexto general de excelencia académica que caracteriza a esta emblemática Universidad, hace que las afirmaciones del Presidente sean tan escandalosas como temerarias. Seguramente provienen de alguien que ignora y que no tiene la menor idea del orgullo que se siente, de pertenecer a tan conspicuo ámbito académico. Además, esas perversas manifestaciones se agravan por la investidura de quien las emite, y se reflejan en su accionar, cual es el de poner a las universidades públicas —y a la UBA en particular— al alcance de esa desaforada “motosierra”, sin advertir que una “poda presupuestaria” irracional e indiscriminada, no hace más que demoler emblemas de la argentinidad, como lo son muchas de las universidades públicas estatales (la de Buenos Aires, Córdoba, La Plata, Rosario, Cuyo y tantas otras tantas).

Nadie niega la necesidad de poner las cuentas públicas en orden, porque venimos de un régimen populista que ha sobredimensionado el aparato estatal, y malversados recursos públicos vía corrupción y clientelismo político, pero cuando se advierte que en aras de alcanzar ese objetivo, se sacrifica o deteriora la prestación de los servicios esenciales que el Estado debe brindar, tales como defensa, justicia, seguridad, educación y salud, la solución al desatino populista termina siendo tan peligrosa como el problema que se pretende resolver.

La educación es como la lecha materna con la que se amamanta a los bebés. Así como la de esta última depende el desarrollo y bienestar del niño; de la educación depende el bienestar y desarrollo de los pueblos civilizados.

A menos de cinco meses de gestión, el gobierno sigue teniendo un apoyo popular considerable, pero ayer, la masiva movilización en defensa de la universidad pública ha sido una clamorosa advertencia: “con la educación no se juega”, “con la educación no se jode”, porque una cosa es auditar el manejo económico de los recursos por parte de la Auditoría General de la Nación, (lo cual es lógico y necesario), pero otra es asfixiar económicamente a las instituciones universitarias, porque de ese modo, el asfixiado muere.

Tal como se advirtió ayer, no pareciera que la gente esté dispuesta a que el Estado deje de “amamantar” a las universidades; no está dispuesta a permitir que la universidad pública perezca.