En nombre de la solidaridad social, se destruye la economía con impuestos

Con mucha habilidad, buena parte de la dirigencia política ha convencido a la población que son ellos los que tienen el monopolio de la solidaridad. El resto de los seres humanos que no pertenecemos al mundo de la política no tenemos ese don divino de ser solidarios y preocuparnos por el prójimo. Solo unos pocos elegidos, ellos, tienen esa sensibilidad especial de querer ayudar a la población.

Vendido este argumento, el paso siguiente es que el Estado, es decir la dirigencia política, debe tener a su cargo lo que se conoce como ayuda social que se traduce en los llamados planes sociales. Ellos decidirán, gracias a la asistencia del “Espíritu Santo”, a quién corresponde “ayudar” y a quién no.

Se ha montado, de esta manera, un gran aparato estatal repleto de reparticiones públicas y planes sociales con nombres que reflejan la solidaridad de los iluminados dirigentes políticos que administran miles de millones de dólares.

Bajo este concepto, la democracia se ha transformado en una gran competencia populista en la cual los políticos se esfuerzan por formular la mayor cantidad de promesas de repartir dinero ajeno o de prometer medidas que luego no podrán aplicar.

La idea de trabajo, esfuerzo, iniciativa individual, desarrollar la capacidad de innovación y todo lo que tenga que ver con la superación personal no existe en el vocabulario de la competencia electoral. Lo que predomina es el discurso que la sociedad tiene derecho a que otro le pague la vivienda, le otorgue un subsidio, lo proteja de la competencia de otros productores y cosas por el estilo.

Obviamente, con esta oferta electoral y una demanda de populismo feroz por la pérdida de los valores que hicieron grande a la Argentina a fines del siglo XIX, la necesidad de un Estado cada vez más grande es inevitable. Como también es inevitable que un Estado cada vez más grande necesite de una creciente cantidad de recursos: impositivos y endeudamiento.

Ahora bien, la carrera populista tiene como contrapartida una carrera por recaudar cada vez más impuestos. El primer paso para generar más ingresos tributarios consiste en incrementar las alícuotas. Luego se procede a inventar nuevas gabelas.

En general esos nuevos tributos tienen la característica de poder aplicarse solo violando los más elementales derechos individuales. Es decir, para poder recaudar los cada vez más complejos impuestos que se establecen, se violan derechos elementales de los ciudadanos.

Por ejemplo, cualquiera que tenga una cuenta corriente bancaria podrá ver cómo el Estado mete mano para cobrar Ingresos Brutos, IVA, a los Débitos y Créditos Bancarios, lo que sea.

Inclusive se ha creado la nefasta figura del “agente de retención”, con lo cual el banco, sin la autorización del cliente, mete mano en las cuentas personales para transferirle el dinero al Estado.

Otro ejemplo. Hace rato que la AFIP exige que los contribuyentes independientes emitan facturas electrónicas, según el aplicativo del organismo y registrando desde ese sitio la facturación correspondiente.

Ahora bien, una factura es correspondencia privada. Una persona le emite a otra por la venta de algún producto o servicio. Son papeles privados. El artículo 18 de la Constitución Nacional establece lo siguiente: “El domicilio es inviolable, como también la correspondencia epistolar y los papeles privados”.

Es decir, siendo que las facturas que emite cada persona son papeles privados, el Estado no debería obligarla a gente a emitir facturas electrónicas usando el sitio de la AFIP, porque está prohibido por la Constitución Nacional.

Sin embargo, aún aquellos que son más moderados en sus propuestas populistas y dicen defender el sistema republicano, aceptan este tipo de violaciones a los derechos individuales en nombre de la “santa” recaudación.

Si por alguna razón una repartición del Estado tuviera que ver los papeles privados de alguien, debería ser con orden de un juez, y con causa fundada. Por tanto, se ha aceptado que el Estado, en nombre de la recaudación tributaria, pueda comportarse como un autócrata sin respetar la privacidad de las personas ni su propiedad.

El fascismo ha calado tan hondo en los valores de la sociedad argentina que hasta se ve como natural que el Estado tenga la potestad de violar la Constitución Nacional para poder recaudar y controlar más a la gente. Una obsesión autocrática que justifica cualquier disparate.

Insisto, hasta gente que uno considera bien intencionada, ve con toda normalidad que el Estado no tenga que recurrir a un juez para pedir los papeles privados de una persona y se sienta con derecho a controlarla online al más puro estilo nazi fascista o KGB. Incluso actualmente la AFIP tiene toda la información de qué compramos, dónde, cómo lo pagamos y demás detalles de la vida privada de la población.

No nos equivoquemos, el enemigo más peligroso de una persona no es el delincuente común, porque de ese delincuente una persona puede llegar a defenderse. El enemigo más peligroso para una persona y una sociedad que quiere ser libre, es el Estado, porque tiene el monopolio de la fuerza, el cual se le delegó para defender los derechos individuales.

No en vano Friedrich Hayek tituló su famoso libro Camino de Servidumbre. El veía que el Estado iba avanzando cada vez más sobre los derechos individuales hasta destruir una sociedad libre y transformar a los ciudadanos en siervos del gobierno.

En síntesis, en nombre de ese monopolio de la solidaridad que nos han vendido los políticos que solo ellos tienen, los derechos de las personas son violados por doble vía. Por un lado, se le dice a una parte de la sociedad que tiene la obligación de mantener a otra persona para que viva sin trabajar; o que solo puede comprarle un producto de mala calidad y a un precio alto a determinados sectores protegidos por el Estado. Y luego, para sostener ese aparato de redistribución y populismo, la Administración Central viola los derechos individuales instaurando un sistema autoritario de control de la vida de las personas en nombre de la “santa” recaudación necesaria para “cumplir” con parte de las promesas formuladas durante la competencia populista en que se ha convertido la democracia.

A muchos los podrá parecer normal y justificable que el Estado se meta así en nuestra vida. Personalmente creo que, en esta violación a los más elementales derechos individuales, es que puede encontrarse la decadencia económica argentina.