Innovación en la gestión pública: claves para un Estado eficiente

Cuando hablamos de innovación, usualmente se asocia a la implementación de tecnología, pero no necesariamente tiene que ser así: innovar implica incorporar algo nuevo u optimizar algún proceso dentro de la administración pública.

Desde que la tecnología juega un papel fundamental en nuestra vida, es difícil no pensar en ella si queremos optimizar procesos, sean en la administración pública o no. Pero aunque la tecnología termina siendo un denominador común en diferentes aristas de la vida, no necesariamente innovar implica su aplicación.

En ocasiones, incluso, innovar implica eliminar algo. Por ejemplo, si un trámite que constaba de diez pasos se pudo reducir a solamente tres, ahí hay innovación y en realidad no se incorporó ni tecnología ni algo nuevo en particular, sino que la incorporación, si se quiere, tiene que ver con el recurso de eliminar los pasos que estaban de más.

En cuanto a las leyes vinculadas a la modernización, si están bien planteadas y consensuadas entre diferentes fuerzas políticas y sociales, terminan siendo aquellas normas que no se discuten en mucho tiempo.

Por ejemplo, hace más 20 años que existe en el país ley de firma digital, sancionada en noviembre de 2001. Desde Fernando De La Rúa, los cinco presidentes post-crisis, el gobierno de Néstor Kirchner, el de Cristina Fernández, el de Mauricio Macri y el mandato de Alberto Fernández, hasta llegar al actual con Javier Milei en el Ejecutivo y la ley de firma digital sigue firme, es algo que no se discute, y eso es un éxito a nivel legislativo.

Hablar de modernización del Estado es una obviedad, en todo caso lo que tal vez permitiría dar un paso más es comenzar a hablar de innovación en el Estado.

Y en cuanto a la tecnología, es natural su aplicación en el sector productivo e industrial; sin embargo, cuando el Estado la implementa tiene la particularidad de generar un enorme impacto en nuestra vida cotidiana, logrando una gestión pública eficiente y transparente.

Por ejemplo, un expediente digital es 100% trazable y prácticamente inviolable: es extremadamente difícil y altamente improbable vulnerar la seguridad de la firma digital si está bien implementada, ya que se basan en algoritmos criptográficos sólidos que hacen que sea muy difícil de romper.

En contraposición a ello, el expediente en papel es completamente vulnerable, en cualquier ámbito de la gestión pública, ya sea nacional, provincial o municipal.

Innovar y ordenar la administración y los recursos del Estado dependen de una cuestión de voluntad y decisión política, pero también de conocimientos específicos. Conocimientos que deben ir más allá de aplicar tecnologías: tienen que estar también vinculados a la normativa vigente y a la optimización de procesos en las distintas organizaciones.

Además, es esencial considerar el factor humano dentro de cualquier proceso de innovación. La capacitación de los empleados se vuelve crucial para adaptarse a cambios tecnológicos y metodológicos; pero no solo se trata de atender su capacitación sino también su situación laboral y contextual: sería muy difícil que un empleado que trabaja en una oficina con condiciones insalubres colabore sin resquemores con cualquier innovación si no se atienden sus necesidades básicas.

Por último, el liderazgo juega un papel clave: la persona que se encuentre a cargo del proyecto de manera interna será la responsable de trasladar la visión, motivación y recursos necesarios para que el proyecto se convierta en realidad. Este papel es clave, porque aunque se contrate a un equipo externo para innovar, siempre debe haber un líder interno del proyecto.

Innovar en el Estado permite lograr una mayor transparencia, eficiencia en los procesos, ahorro de dinero y eso necesariamente con el tiempo significará que estamos construyendo mejores ciudades y mejorando la calidad de vida de las personas.

El autor es especialista en innovación y tecnología para gobiernos