La deuda es nuestra, la Vaca Muerta es ajena

El Fondo Monetario Internacional (FMI) juega un rol protagónico en la arquitectura financiera internacional, velando por la estabilidad macroeconómica y financiera de los países. Sin embargo, sus acotados objetivos y su estructura de toma de decisiones hace que sus políticas estén lejos de los objetivos de desarrollo y climáticos de los países.

Los recientes intentos por incorporar el clima a su trabajo son poco ambiciosos y riesgosos. Su estrategia climática no menciona el objetivo de 1.5°C y no propone una verdadera transformación del organismo y su forma de operar, siendo su objetivo lograr principalmente el repago de la deuda en el corto plazo.

En todo ello, Kristalina Georgieva se ha presentado como una figura con preocupación climática. Justamente, durante las próximas reuniones del Banco Mundial y el FMI se espera que sea reelecta y lidere el FMI por el próximo quinquenio, que es justamente el momento clave para actuar para que el clima se vuelva incontrolable. El FMI puede acelerar las transformaciones para evitar que la temperatura planetaria cruce el umbral de 1.5°C o ayudar a que el mundo se siga quemando. Este es el momento para tomar la decisión, pero no puede sostener una política que sólo quede en los discursos.

Esto es evidente en el caso de Argentina: la aceleración de la extracción de gas y petróleo no convencionales de Vaca Muerta para la exportación está en el centro de la estrategia de repago de la deuda. Una deuda que a febrero de 2024 dejaba a Argentina como el principal deudor del FMI, con el 28,8% del total de las deudas globales de la institución.

El FMI basa sus recomendaciones sobre política climática en los documentos del Banco Mundial, así como el Climate Public Investment Management Assessment (C-PIMA), este último con fecha de enero de 2022 pero que, sin embargo, no tiene estado público. Su propuesta se centra en reducir las emisiones a través de la reducción del consumo de los más vulnerables o a través de mecanismos de mercado, generando impactos distributivos negativos. El FMI ya ha hecho esto en países como Pakistán, Egipto y Ecuador (los otros principales deudores del organismo) con escasos (por no decir nulos) impactos positivos.

A pesar de que el FMI reconoce que Argentina está dentro de los 25 principales emisores de gases efecto invernadero a nivel global, sus propuestas vienen de la mano de la profundización en la economía de “sectores estratégicos” como el agronegocio, la minería y los hidrocarburos, con el fin de generar divisas a través de las exportaciones. Divisas para el pago de la deuda. En esta línea, el FMI recomienda a Argentina avanzar en las “vastas reservas de petróleo y gas” de Vaca Muerta.

Incrementar la extracción de gas y petróleo de Vaca Muerta llevaría a la Argentina a incrementar (como mínimo) un 50% del total de sus emisiones de gases de efecto invernadero, lo que se denomina una bomba de carbono.

Sin embargo, por otro lado, el propio FMI reconoce que las políticas actuales de la Argentina (como su contribución determinada a nivel nacional) no están alineadas con el Acuerdo de París.

Las medidas y condicionalidades exigidas a Argentina por parte del FMI no solo se alejan de la reducción de su huella de carbono, sino que, por el contrario, va de la mano del fomento de políticas basadas en el crecimiento económico basado en exportaciones y con un foco en Vaca Muerta. Esto, lejos está de la narrativa climática vinculada con una profundización de la extracción de fósiles cuyos principales beneficiarios serán las empresas involucradas en el sector, cuya modalidad de operación incluye el constante giro de divisas al exterior. Es decir que, lejos de ingresar divisas al país, las empresas hidrocarburíferas fomentan la salida de dólares al exterior.

La incursión en política climática del FMI ha fallado completamente hasta ahora: si no es capaz de señalar los riesgos a la estabilidad macroeconómica de la dependencia de la balanza exportadora de los fósiles en el marco de la transición, si sigue promoviendo la reducción de los subsidios energéticos sin importar el impacto en el acceso energético, lejos queda de la promoción de la justicia climática. La política climática debe estar asociada al concepto de justicia climática vinculada a una distribución equitativa de los ingresos y del acceso a la energía.