La falsa ilusión de un régimen bimonetario

En las últimos días algunos medios han reflotado la idea de que para conseguir la tan ansiada estabilidad de precios en la Argentina es necesario implantar un régimen bimonetario con un sistema bancario en el que coexisten depósitos y préstamos denominados en dólares y moneda local, como el que existe en Perú y Uruguay.

Hace años que Domingo Cavallo y Horacio Liendo, por quienes tengo gran aprecio y enorme respeto intelectual, proponen esta idea, qué, además, fue parte de la plataforma de campaña de Patricia Bullrich.

Antes de entrar en más detalles, una cuestión no menor es si en el plano institucional se cumplen los requisitos mínimos como para que un régimen monetario y bancario como el peruano funcione bien en la Argentina.

La Constitución del Perú de 1993 (promulgada un año después del autogolpe de Fujimori) no sólo establece un banco central independiente en su artículo 84 (que además ya gozaba de autonomía por su carta orgánica), sino que además, en su artículo 78 obliga al Poder Ejecutivo a presentar al 30 de agosto de cada año presupuestos anuales equilibrados y completamente financiados para el año calendario siguiente (sin financiamiento del banco central o de bancos públicos).

No existen cláusulas semejantes en la Constitución argentina. Y si existieran, dada la anomia institucional existente, probablemente no serían respetadas, al igual que muchas otras.

Perú no ha logrado lo que ha logrado por casualidad sino porque a lo largo de las últimas dos décadas su sistema político ha tomado decisiones que el sistema político en la Argentina se resiste a tomar. Si mi perro tuviera un manubrio no sería mi perro sino mi bicicleta. Perú no necesita una dolarización. La Argentina sí.

Otro punto importante para destacar es que, desde enero de 1993, fecha en que se estableció por ley la independencia de su banco central, a Perú le tomó cinco años alcanzar una tasa de inflación promedio inferior a 0,5% mensual, algo que la Convertibilidad logró en menos de dos años.

Además, el régimen bimonetario no es panacea ni garantía de estabilidad. Venezuela también tiene un régimen bimonetario y, a pesar de ello compite con la Argentina por el podio en el ranking mundial de inflación (en 2023 la tasa de inflación anual ascendió a 189,8%). Además, su sistema bancario es muy vulnerable.

En cuanto a Uruguay, en los últimos 20 años ha experimentado una apreciación del tipo de cambio real (TCR) que en la Argentina sería considerada intolerable desde el punto de vista macroeconómico y político.

En términos reales el peso uruguayo vale el doble que en diciembre de 2002. Si se compara la evolución del TCR en la Argentina, Ecuador, Perú y Uruguay, resulta que los dos países donde tuvo mayor apreciación fueron el primero y el último.

Si no fuera por la devaluación al comienzo de la presidencia de Javier Milei el TCR de la Argentina y Uruguay se encontrarían en un nivel similar en relación con 2010. Teniendo en cuenta esta situación, es curioso que muchos críticos de la dolarización propongan a Uruguay como el ejemplo a seguir. Como se puede ver en el gráfico la apreciación del TCR fue mucho más fuerte en Uruguay que en Ecuador.

Se propone la “bimonetariedad” como una solución intermedia, aparentemente más razonable y supuestamente menos costosa y tan efectiva como una dolarización de jure. El problema es que no generaría resultados lo suficientemente rápido porque no generaría suficiente credibilidad.

En la Argentina, cualquier régimen monetario con un sistema bancario en el que coexistan (y compitan libremente) el peso y el dólar quedará siempre expuesto a la confiscación vía pesificación compulsiva, tal como ocurrió en 2002, y a un descalce cambiario que puede amenazar la estabilidad financiera. Sin credibilidad sería imposible bajar la tasa de inflación a niveles políticamente tolerables dentro de los plazos que impone la política.

Creo sería un grave error tratar de imponer una falsa “bimonetariedad” de jure sobre la ya firmemente establecida “bimonetariedad” de facto. En igualdad de condiciones, es decir, dándole curso legal a ambas monedas, y con plena libertad de movimientos de capitales (es decir, libre competencia), la gente optaría por el dólar y la demanda de pesos caería gradualmente a cero.

El peso sólo puede competir con el dólar si el Gobierno impone restricciones a la tenencia, circulación y/o transferencia internacional de dólares. Es decir, el peso sólo sobreviviría con competencia desleal. La evidencia es contundente. Los argentinos tienen entre cinco y seis veces más dólares billetes que pesos billete. Es decir, han elegido el dólar a pesar de todas las ventajas que le otorgan al peso el curso forzoso y las restricciones que imponen el cepo y las regulaciones del BCRA.

Además, aunque es obvio, es necesario enfatizar que la bimonetariedad de jure no es viable ni tiene sentido con cepo, Impuesto PAIS y tipos de cambios múltiples.

El único régimen bimonetario que puede ser creíble y funcionar bien en la Argentina a mediano y largo plazo es aquel que se limite a la libre circulación de billetes físicos, tal como lo planteaba nuestra propuesta de dolarización. Es decir, un régimen en el que el sistema bancario -tanto depósitos como préstamos- estaría 100% dolarizado. Es un sistema similar al establecido en El Salvador en diciembre de 2001.

Básicamente, se le daría curso legal al dólar fijando su paridad con el peso, se congelaría la circulación monetaria y se dolarizaría inmediata y completamente el sistema bancario. Los pesos billete en el bolsillo de la gente seguirían circulando durante un período de tiempo indefinido a la paridad fijada con el dólar. Ambas monedas tendrían curso legal. Los argentinos determinarían libremente la magnitud y la velocidad de la dolarización de las tenencias de pesos en sus bolsillos o billeteras.

La Argentina acumula más de una década de estanflación. La experiencia de 2016-2019 demuestra que las soluciones gradualistas no funcionan. El calendario electoral es implacable: exige soluciones rápidas (no más de 18 meses).

Además, dada la anomia institucional imperante, la probabilidad de contar con un banco central verdaderamente independiente en la Argentina es cercana a cero. Y aunque fuera cercana a uno, no tendría la efectividad que usualmente se le asigna.

La larga adicción al populismo ha llevado a una situación subóptima. Enfrentamos un menú muy limitado de opciones viables para estabilizar rápidamente la economía. Mientras que el peso sobreviva es poco probable que un presidente, por más decidido y bien intencionado que sea, pueda bajar la inflación dentro de los cortísimos plazos que imponen el calendario electoral y la dinámica de la política argentina.

En un escenario como el actual, la única manera de recomponer el capital político de un gobierno reformista es eliminando la inflación rápidamente sin provocar una profunda recesión. No es un objetivo imposible de lograr. Es exactamente lo que ocurrió con la Convertibilidad en 1991. La estabilidad creíble y duradera es reactivante y la reactivación mejora el equilibrio fiscal.

Por otro lado, el verdadero test que debe superar cualquier régimen alternativo a la dolarización es: ¿Qué pasaría si en 2027 (o en 2031) gana las elecciones un candidato kirchnerista? ¿Cuáles son las chances de que un régimen bimonetario sea revertido o pervertido? Proponer un sistema que solo funcionaría con “gobiernos buenos” es voluntarismo ingenuo y peligroso.

Por todo lo antedicho no es un esquema aconsejable para la Argentina actual. Sería básicamente insistir con el gradualismo. Mientras que en la Argentina predomine la anomia institucional (y la independencia de facto del banco central sea una quimera), la intersección de los planes de estabilización macroeconómicamente viables y los planes de estabilización políticamente viables será un conjunto vacío.

En tales circunstancias, la dolarización ofrece la alternativa con mayores chances de lograr rápidamente una estabilidad de precios duradera, condición necesaria para el crecimiento económico sostenido. Aunque una dolarización también impondría costos, nuestra historia sugiere que estos costos serían significativamente menores a aquellos que nos impone y no ha impuesto el régimen de políticas discrecionales que tenemos desde diciembre de 2001.

El autor es Economista e historiador. Esta columna fue publicada en el Blog del Libro Dolarización: Una solución para la Argentina