Desafíos para la integración de la Corte Suprema

La Oficina del Presidente se ha instalado con visos de formalidad o de información oficial, sin que se conozca a cargo de quién está y si todo lo que de ahí surge cumple efectivamente con el origen sagrado y si llegará a cumplirse todo lo que anuncia.

Días pasados desde ese lugar se comunicó que el Presidente Milei enviará al Senado dos pliegos con postulantes para ocupar cargos en la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Incluso, reforma mediante del Decreto que en el año 2003 había dictado Kirchner para autolimitar sus facultades propias a esos fines, estableciendo un procedimiento muy razonable.

Además, la Oficina identifica a los candidatos del Poder Ejecutivo.

La primera rareza -y es por donde transita mi primera impugnación-, tiene que ver con la propuesta para ocupar un cargo que no se encuentra vacante. Entiendo que esta iniciativa no registra antecedentes. Tampoco eso es nuevo en esta administración.

Pero me surge entonces una primera pregunta: ¿por qué razón se postula a dos candidatos en simultáneo cuando resta saber si el lugar efectivamente estaría disponible el año próximo?

Hecha esa salvedad y dejando mi respuesta para más adelante, quiero ahora ir por la principal objeción y en la que, advierto, vienen coincidiendo una gran cantidad de instituciones y sectores académicos y abogadiles. Toda vacante de la Corte Suprema de Justicia de la Nación debería ser cubierta por una mujer. Sencillamente porque ese tribunal requiere con urgencia de una mirada que pueda equilibrar una composición exclusivamente masculina.

Argumentos sobran, tanto como mujeres en condiciones de idoneidad, trayectoria y reconocimiento.

Es urgente que la composición del máximo tribunal exprese la diversidad de nuestra sociedad, la integración de miradas que en cada conflicto sometido a la decisión judicial debe existir y la erradicación definitiva del sesgo discriminador que impide avanzar en la postulación de mujeres para la Corte.

Es el Poder Judicial el que está llamado a impartir solución a los conflictos aplicando el principio de igualdad, equidad y razón. Debe derramar igualdad en el ejemplo. Y mal podría cumplir con ello en una composición (a partir de los propuestos) deliberadamente masculina.

La participación de las mujeres en la esfera judicial sigue siendo desproporcionadamente baja, reflejando barreras estructurales arraigadas en nuestra sociedad. La reciente nominación propuesta por el Presidente Javier Milei para la Corte Suprema, sin considerar la paridad de género, es alarmante. Si se materializa, nuestra máxima instancia judicial continuaría compuesta exclusivamente por hombres, contradiciendo los principios de igualdad y diversidad consagrados en la Constitución.

Históricamente, las mujeres han enfrentado obstáculos como la segregación vertical y el techo de cristal, que limitan su acceso a posiciones de liderazgo y poder de decisión. La brecha de género en la judicatura refleja desigualdades más amplias en la sociedad, perpetuando estereotipos y roles de género obsoletos. Es fundamental reconocer y abordar estas barreras estructurales para garantizar una justicia verdaderamente inclusiva y representativa.

Tal vez sea éste el mayor desafío de nuestro tiempo para tener una Corte Suprema equitativa y que pudiera alcanzar un mayor grado de acompañamiento de la sociedad. En definitiva, como en otras instituciones, se trata de tomar esas decisiones que expresan cercanía y empatía.

“¡Justicia sin género no es justicia! Mujeres a la Corte!”. Son algunas de las consignas que ya se escuchan en las calles. Vivimos tiempos de una participación ciudadana que, sin dudas, fortalece de manera particular nuestra cuarentona democracia. Porque está en juego también lo más profundo de la lucha por la igualdad y la justicia.

El tercer aspecto que quiero abordar es el de las candidaturas anunciadas por la Oficina del Presidente.

Las instituciones se encuentran en un punto de inflexión frente a una sociedad que nos desafía a mostrar mayor comprensión de las problemáticas humanas, una mayor sensibilidad frente al sufrimiento, y una firmeza absoluta en el cumplimiento de las normas, en especial, la Constitución Nacional.

Desde hace años todos los estudios de opinión indican el alto nivel de desconfianza social en las instituciones. El Congreso, la política en general y el propio sistema de representación se encuentran en crisis de credibilidad. Y la Justicia de manera particular. Porque existe sobre sus miembros una demanda y una expectativa aún mayor: son ellos los responsables de garantizar a las personas el acceso y ejercicio efectivo a todos sus derechos. Parece lejano el objetivo.

Ocho de cada diez personas dice no confiar en el sistema de justicia. La demanda de austeridad, de transparencia, y sobre todo de eficacia en el cumplimiento de sus deberes, imponen entonces el extremo cuidado en la integración que se deba hacer de los lugares de ejercicio de la magistratura en todos sus niveles. Mucho más cuando hablamos de la Corte Nacional.

La exigencia de idoneidad no implica una mera formalidad de reunión de capacidades, antecedentes y expertiz. Mucho más que ello: lo que se demanda es el mayor nivel de excelencia ética y moral para el desempeño de un cargo al que pocos, excepcionales, pueden llegar.

Para alcanzar el objetivo de consagración de las mejores o las más indicadas personas para el cargo, también importan los procedimientos, eliminando discrecionalidad y trampas o desvíos.

He propuesto transferir al texto de una ley el mecanismo implementado por el Decreto 222/03 garantizando transparencia, equidad y participación. De manera particular, la inclusión de la perspectiva de género, también debe formar parte del proceso para que el tribunal quede conformado en paridad, o al menos, aspire a que así se pueda integrar de manera definitiva en algún momento.

La existencia de una norma legal que fije de manera permanente el procedimiento ayudará a la transparencia. Es importante incluir todas las acciones de prevención relacionadas con los conflictos de intereses, por lo que será fundamental profundizar en la búsqueda de las relaciones personales, profesionales, los estilos de vida, los patrimonios y antecedentes de todo tipo.

La pregunta podría ser: ¿meritocracia o amiguismo? ¿Cuáles son los elementos relevantes que se consideran para que el Presidente formule la postulación?

Podría abundar en esta instancia en las observaciones u objeciones que me merecen los hombres propuestos para integrar la Corte. Serán reservados para cuando corresponda formularlos. Pero lo que puedo adelantar y asegurar es que no cuentan ellos con la incuestionabilidad que podrían fomentar el camino del consenso para sus nominaciones. Venimos escuchando reproches de alto nivel, vínculos personales o profesionales que podrían afectar sus trayectorias.

Alcanzar el lugar de miembro de la Corte Suprema de Justicia de la Nación es, sin duda, una de las máximas aspiraciones que podría tener quien ha elegido las ciencias jurídicas como proyecto de trabajo y de vida.

El proceso de selección de candidatos para la Corte Suprema debe ser transparente y meritocrático, priorizando la idoneidad y la diversidad en la composición del tribunal. La nominación unilateral de candidatos sin consultar ni considerar la paridad de género socava la legitimidad y la representatividad de nuestra máxima instancia judicial. Es fundamental promover un proceso de selección que garantice la participación equitativa de mujeres y hombres, reflejando la diversidad de nuestra sociedad.

La nominaciones de un juez con antecedentes cuestionables (referido como miembro de la casta judicial o la garantía de impunidad), o de un académico con opiniones y relaciones que ponen en crisis la equidad de su mirada, plantean serias preocupaciones sobre la integridad y su imparcialidad en la Corte. La reciente modificación del procedimiento de nombramiento por decreto presidencial subraya la urgencia de una regulación legislativa que asegure independencia y transparencia en este proceso crucial. Es fundamental promover un debate legislativo amplio y plural para institucionalizar un mecanismo de elección de magistrados que garantice la legitimidad y la estabilidad de nuestra judicatura.

Volviendo entonces sobre mi primera impugnación y tratando de exponer una respuesta al interrogante sobre la doble postulación. Cuando falta tiempo para que se produzca la vacante, la existencia de ambos suena más a negociación espúrea que a inicio de un trayecto virtuoso. No hay explicación sobre el adelanto de una vacancia sin que se haya producido ninguna manifestación de renuncia adelantada. La propuesta bicéfala solo puede ser entendida en la búsqueda de los votos que el Presidente entiende logrará en acuerdo con el kirchnerismo. No importa entonces la calidad de los candidatos, ni la transparencia de los procedimientos. En el Sendo lo que importa es conseguir los votos. Y a eso se está apuntando.

Estamos en tiempos de crisis que se prolongan y se hacen permanentes, estructurales, en una Argentina afectada por la pobreza, la pérdida de empleos, inversiones y el deterioro de la educación. La cultura del secretismo, la opacidad de los pactos, la convalidación social hacia la corrupción y la impunidad como regla, junto a la polarización extrema y la pérdida de valores y méritos, han herido brutalmente el orgullo por nuestras raíces y la esperanza por nuestro futuro.

Recomponer la institucionalidad y la convivencia basada en Acuerdos con contenidos profundos y éticos podrá devolvernos al camino de crecimiento y desarrollo del que nunca debimos apartarnos.

Elegir a los miembros del máximo Tribunal de Justicia de la Nación es la mejor oportunidad para producir los cambios que ciertamente necesitamos. Renunciar a eso, repetir y seguir a los tumbos será nuevamente una oportunidad perdida con las mayores complicaciones que eso significa.

Las instituciones importan. Sin instituciones sólidas y confiables no hay Democracia. Y por ende, ni derechos ni desarrollo.

La Corte es, porque así lo indica nuestro estado de derecho, el gran ordenador de la convivencia política y social con reglas, normas expresadas a través de esas instituciones.

O sea, ese sillón no es para cualquiera.