El DNU de jubilaciones no resuelve la emergencia previsional

En la madrugada del lunes el Gobierno anunció lo que parecía una buena noticia respecto a las negociaciones que se mantenían con el Congreso sobre la fórmula de actualización jubilatoria: el Boletín Oficial comunicaba que, mediante la sanción de un Decreto de Necesidad y Urgencia de Milei, se cambiaría la nefasta fórmula previsional del kirchnerismo y se incluiría el ajuste por el Índice de Precios al Consumidor Nacional publicado por el INDEC. Pero no fue así. Nuevamente los jubilados son la variable de ajuste de los programas económicos.

En diciembre de 2019, el entonces Presidente Fernández suspendió la fórmula de movilidad aprobada por el gobierno de Cambiemos en 2017. Esta fórmula dispuso que las jubilaciones se actualizaran trimestralmente, según una fórmula que contemplaba el 70% del incremento de la inflación del trimestre y el 30% del aumento de los salarios privados de ese mismo período. El cálculo se realizaba con una diferencia de 6 meses, es decir que se basaba en cómo habían evolucionado estas variables dos trimestres antes.

Con la fórmula de Fernández y Massa durante 2020 la actualización de los haberes se volvió a dar de forma discrecional. Esto fue así hasta que se aprobó el índice de movilidad que rige hasta hoy y que comenzó a utilizarse a partir de la actualización de los haberes de marzo de 2021. Este sistema preveía que la fórmula surgía de la sumatoria del 50% del aumento trimestral en la recaudación de la ANSES y un 50% por la variación salarial del mismo período. En este último caso se utilizan los datos del INDEC o del Ministerio de Trabajo (RIPTE), dependiendo de cuál haya sido el más alto. El cálculo se realiza sobre el trimestre anterior.

Por ahora el decreto es muy confuso, eso por es que hay que interpretarlo con los dichos del ministro Luis Caputo y los voceros. Primero, nos enteramos por un comunicado de parte de la Oficina del Presidente que finalmente, y por presión del Congreso, el Gobierno había tomado la decisión de cambiar la fórmula para incluir la inflación. Luego, el domingo por la noche, el ministro Caputo anunció que “se terminó el jueguito político; tomamos el toro por las astas” (sic) y así, lo sacarían por DNU implementando un plan de “recomposición”. Pero al ver la letra chica nos encontramos con que el mecanismo de reajustes mensuales por inflación regirá de manera directa recién a partir de julio.

Lo que efectivamente efectiviza el decreto es que el aumento que se otorgará en abril, mayo y junio será a cuenta del porcentaje que la fórmula de movilidad actual determine para junio. Para abril, mientras tanto, se aplicará un ajuste del 12,5% decidido por el Gobierno, más adelantos todavía no precisados de la movilidad correspondiente a junio, que llevarán la mínima a 171.216 más un bono, quedando en $241.216.

Por esta razón, el “aumento” no significa una recomposición de lo perdido desde el mes de diciembre en términos de poder adquisitivo, que es lo que reclama el Congreso. En este panorama, se intuye que la idea del Gobierno es que los bonos se vayan absorbiendo en el haber, así la cifra del bono se irá diluyendo hasta llegar al empalme por inflación en julio. Es decir, aunque actualicen las jubilaciones por IPC desde abril, arribarán a un puerto similar al que los llevaría la vieja fórmula de los Fernández-Massa. Conclusión: los jubilados siguen pagando el ajuste.

Si bien es todo muy confuso, desde el fondo de tantos números, especulaciones, porcentajes y fórmulas, cada vez resuena más fuerte el eco de una pregunta central: ¿cómo piensa el Gobierno Nacional que pueden sobrevivir con esa miseria los adultos mayores? No estamos ni siquiera hablando de que ganen sino de que, al menos, no sigan perdiendo.

Hace poco menos de una semana se conoció una nueva Canasta Básica de los Adultos Mayores. Según la Asociación Civil “Gerontovida” la misma ascendía a $685 mil. Así los haberes mínimos cubren cerca de la tercera parte de los gastos en necesidades básicas que los adultos mayores tienen, y los números reflejan la terrible conclusión de que un 90% los beneficiarios previsionales son pobres.

Ahora, a la vista de estos anuncios, la realidad es que ser jubilado en Argentina significa encontrarse pobre, indefenso e ignorado. Los jubilados reclaman recomposición y mientras pasan los gobiernos ven como, mes a mes, pierden poder adquisitivo. Las cosas no pueden seguir así.

En 2022, nuestro país adhirió a la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, aprobada por los Estados miembros de la OEA y con jerarquía constitucional (Ley N° 27.360 y N° 27.700), la cual protege a las personas mayores promoviendo sus derechos y libertades, la no discriminación, el bienestar y la seguridad económica. Es decir, esta Convención le indica explícitamente al Estado que es responsabilidad suya proteger los derechos y la dignidad de las personas mayores. El “no hay plata” o el “superávit a toda costa” no exime al Gobierno Nacional de su obligación hacia los jubilados.

La vejez será el período de tiempo más largo de nuestra vida; el “ser jubilado” será un rol que posiblemente todos debamos desempeñar. Yo le he preguntado muchas veces al Presidente Milei y a sus funcionarios algo que me pregunto yo misma: ¿cómo queremos que nos traten cuando estemos en esa piel?

El respeto, y el fomento, de los derechos de las personas mayores debe ser prioritario para nuestra Nación, porque sobre sus aportes y su trabajo es sobre donde se construye nuestra sociedad. Déficit cero sí, pero no a costa de los jubilados, sino pensando en estrategias posibles que respeten su bienestar. Cada vez que escuchamos un logro fiscal de este gobierno, tenemos que pensar que es a costa de licuar el déficit previsional. Las cuentas no se pueden cerrar con los jubilados afuera y tratar sus ingresos como un gasto más.