100 días de Milei: lo nuevo no siempre es mejor

En los primeros 100 días de gestión del presidente autodeclarado anarcocapitalista, se ha desatado un compás crítico que va más allá de las líneas ideológicas, exigiendo una evaluación objetiva de las políticas implementadas y sus impactos. En este contexto, debemos analizar las medidas adoptadas y sus consecuencias, incluyendo el necesario ordenamiento y ajuste fiscal que ha generado repercusiones significativas en sectores como asistencia social, infraestructura y la relación con el Congreso y las provincias. La audacia en la búsqueda de cambios no puede justificar la crueldad ni el abandono de los principios de sostenibilidad social, inclusividad y diálogo que son fundamentales para una verdadera transformación. Mucho menos la necesidad de introducir cambios justifica el abandono de los principios republicanos tantas veces reclamados por quienes hoy forman parte del gobierno.

El propio Presidente, el Jefe del Estado, enmarca al Estado como el problema y menosprecia los fundamentos de la democracia.

El discurso de la casta es relato o farsa, ya que desde la asunción de Milei “cada 100 pesos que se ajustaron, 35 los pusieron los jubilados”, tal como lo muestra el estudio del CEPA (Centro de Economía Política Argentina). Este informe revela una notoria caída en las pensiones no contributivas (-43%), las transferencias corrientes a provincias (-85%) y a universidades (-25%). Ese ajuste, aplicado con un despiadado criterio regresivo, también se refleja en el ámbito educativo, donde los fondos asignados a nivel nacional y provincial -totalmente paralizados- y el universitario permanecen a valores de marzo del 2023, a pesar de una inflación acumulada cercana al 300% hasta marzo de 2024. Hasta ahora, la quita de subsidios a la energía y al transporte se viene realizando discrecionalmente sin una debida protección de sectores vulnerables. Un ejemplo en el transporte: la quita de subsidios se realizó según el alineamiento político de los gobernadores, olvidando que los beneficiarios de tales programas son los usuarios que usan el servicio público.

Por otra parte, los “gastos de capital”, destinados a obra pública, se han visto diezmados en un 88%, equivalente casi a una paralización total de las obras. Ante las actuales inundaciones, surge claro que nuestro país necesita seguir invirtiendo en infraestructura productiva y social. ¿Cómo se hará esa infraestructura? ¿Un gobierno que por DNU deroga un régimen de promoción podrá generar las condiciones para que privados accedan a financiar la impostergable obra pública? ¿Las obras en infraestructura para la educación y salud pública cómo se realizarán? ¿O no se harán? Estas preguntas aún no tienen respuesta. Nuestro país ni siquiera discutió un Presupuesto para este año, sólo se prorrogó el del año anterior.

La asistencia social preocupa hasta al FMI. El ajuste no contempla los efectos sociales y por eso la portavoz del organismo, Julie Kozack, dijo: “Se están viendo resultados con la inflación empezando a bajar”. “¿Por qué es importante? Porque la inflación es un impuesto sobre los pobres. Dada la delicada situación social, junto con las ya altas tasas de pobreza en Argentina, será importante asegurar asistencia social adicional y preservar el valor real de las pensiones”.

El reciente informe titulado “Estimación de los efectos del impacto inflacionario posdevaluación. Escenario a diciembre 2023 y enero 2024″, elaborado por el Observatorio de la UCA, revela cifras alarmantes: la población indigente aumentó del 14,2% en diciembre al 15% en enero, mientras que la tasa de pobreza escaló del 44,7% en el tercer trimestre de 2023 al 57,4% en enero de 2024.

Este panorama desolador -responsabilidad de las pésimas gestiones que precedieron a la actual- está acompañado por una respuesta gubernamental que llega con retraso, o no llega, o no de manera correcta. Que el actual gobierno no sea responsable de la situación, no lo habilita para aplicar ajuste sobre los sectores de menores recursos de la sociedad. Si han de ajustarse las cuentas públicas, debería primar siempre un criterio progresivo. Hasta ahora, el camino elegido es el opuesto. Recién a fines del mes pasado se promulgó el Decreto 198/2024, que propone una reformulación de los programas sociales, luego de un prolongado período de declaraciones sobre los graves problemas que aquejan el área. Es crucial destacar que la intermediación, un mecanismo que implica la distribución de recursos a través de organizaciones sociales para luego llegar a los beneficiarios, ha sido una mala práctica arraigada desde la época del kirchnerismo y consolidada durante el mandato de Macri. Reconocer la necesidad de una profunda reformulación en este aspecto es un buen primer paso hacia la eficiencia y transparencia en la gestión de los recursos destinados a promover la llamada “economía popular”.

Es alentador que el PEN muestre preocupación por garantizar que los fondos se utilicen de manera adecuada. Sin embargo, es imperativo señalar que este objetivo no justifica el abrupto recorte de fondos destinados a asistencia alimentaria en comedores que funcionan adecuadamente.

En este contexto de creciente precariedad económica y social, es esencial que las políticas públicas estén en sintonía con las necesidades reales de la población más vulnerable. La transparencia, la eficiencia y el compromiso con el bienestar de todos los ciudadanos deben ser los pilares fundamentales sobre los que se construya la acción gubernamental. Es hora de escuchar y atender de manera efectiva las voces de quienes más sufren las consecuencias de la crisis. Que haya gerenciadores de la pobreza que obtuvieron beneficios personales no elimina el drama de quienes necesitan cierta contención social.

¿El Congreso es un estorbo? Milei no tiene el fortalecimiento de la democracia como meta. Las políticas institucionales del PEN muestran una compleja visión respecto a las principales bases del crecimiento económico, que implica un normal desenvolvimiento de la división de poderes y el respeto entre ellos. La estabilidad y la previsibilidad que requiere nuestro sistema económico deben comenzar siempre por un sistema institucional fuerte y arraigado en los principios de la Constitución Nacional. Sin instituciones no hay Democracia. Sin Democracia no hay Derechos ni Desarrollo.

El presidente Javier Milei llamó al Congreso “nido de ratas”. El Decreto 70/23 -principal medida del gobierno para abordar la crisis económica y social- es una manera de esquivar la intervención del Poder Legislativo en las definiciones de la política económica.

El proyecto de Ley Ómnibus, con una cantidad de temas diferentes, inabarcables, hicieron imposible una técnica legislativa ordenada, transparente, responsable, y productiva. Terminó aprobada en general y -léase bien- retirada por el propio gobierno, al no satisfacer todas sus pretensiones. El Presidente se resiste a reconocer al Congreso como parte de las decisiones del Gobierno y aceptar que las leyes se sancionan según el procedimiento que la Constitución establece.

Párrafo aparte, las relaciones que el Gobierno Central debe llevar adelante en el marco de un país federal con las provincias autónomas. No tiene sentido detallar la cantidad de epítetos que el Presidente lanzó contra los gobernadores en su conjunto, y la saña con la que habló de algunos de ellos. Lejísimo está de ser un líder nacional que acepta y comprende las reglas de juego, que reconoce la legitimidad popular y les brinda el mismo respeto que él merece. Su triunfo electoral no le permite desconocer el Estado de derecho y menos querer someter a los surgidos también del mandato popular. El discurso anti-estado tampoco se compadece con la intención explícita de obtener atribuciones extraordinarias para legislar, intervenir, eliminar, disponer. O sea, lo que no se admite es el funcionamiento del estado con las particularidades y limitaciones que establece el sistema constitucional.

Antes mencionaba la crueldad de las inundaciones, teniendo en cuenta la baja de las inversiones en infraestructura. Por supuesto, este gobierno no es responsable, pero un cambio significativo -como en todo gasto público- es direccionarlo hacia las necesidades más básicas de la sociedad, donde el Estado es irremplazable, como son las obras de infraestructura para evitar las inundaciones.

La incidencia del dengue, si bien es una enfermedad que puede afectar a personas de todas las condiciones sociales, suele ser más alta en áreas en situación socioeconómica desfavorable. Esto se debe a que está estrechamente relacionado con factores como la falta de acceso a agua potable, condiciones de vivienda precarias que facilitan la reproducción de mosquitos vectores y la falta de recursos para implementar medidas de control efectivas.

Observamos la coincidencia preocupante entre las inundaciones y el brote de dengue. En medio de esta crisis, las familias se encuentran desamparadas, enfrentando la necesidad de adquirir las dos dosis de vacunas contra el dengue, cuyos precios oscilan en los 70 mil pesos cada una. Esta situación es inaceptable y refleja una falta de atención a las personas afectadas, porque el acceso a la vacunación debe ser un derecho garantizado, especialmente en momentos de emergencia. La falta de políticas efectivas para abordar esta problemática pone en evidencia las carencias de la gestión y genera un profundo sentimiento de indignación en la población.

Los insólitos ataques hacia personas e instituciones vinculadas con la cultura, o la imagen del Presidente que en medio de su discurso en una escuela mira sin inmutarse cómo un niño se desmaya a su lado, el exceso de tiempo útil dedicado al manejo personal de redes sociales sin que ello implique la explicitación de propuesta alguna, son apenas algunas notas al pie de lo que hemos visto en estos meses.

La comunidad internacional no termina de asombrarse por la presentación impropia en el Foro de Davos para descalificar los progresos del mundo occidental. Mucho menos explicable una presencia calificada como “poco digna” para un presidente en acto de presencia militante en una convención partidaria del candidato Trump. No menos resulta para los argentinos la falta de presencia del Presidente que tanta expectativa genera en la sociedad y que no aparece en ninguna actividad pública: no visita una fábrica, un hospital, no recibe personas, no se reúne con organizaciones, no habla con la gente común.

Este gobierno es audaz. Los progresistas creemos en la audacia para producir cambios, ante un status quo que requiere reformas profundas. Sin embargo, este gobierno se para en la crueldad, y nosotros nos definimos en la humanidad, la sostenibilidad social, la inclusividad, la empatía, el diálogo. Nada bueno puede pasar si no emprendemos un camino solidario. La audacia para producir cambios no es sinónimo de ignorar al Estado de derecho. Ningún programa de reformas económicas puede sostenerse a mediano plazo sin institucionalidad.

Los primeros 100 días del gobierno de Javier Milei han evidenciado una gestión que, si bien busca audazmente implementar cambios, adolece de sentido humano y sensibilidad hacia los problemas más acuciantes de la sociedad. La reducción drástica en programas sociales, la paralización de obras públicas y la falta de respuestas efectivas ante emergencias, demuestran una desconexión preocupante con la realidad de los ciudadanos. La audacia sin empatía y diálogo inclusivo no puede conducir a una transformación genuina y sostenible.

Su crédito está vigente, pero con un alto costo para una sociedad que espera soluciones más que conflictos y más futuro que ninguna vuelta al pasado.