Hoy 26 de marzo, en el Día Mundial del Clima, y ante una avanzada negacionista -también- del cambio climático, la realidad que nos atraviesa no solo nos lleva a tomar con seriedad las consecuencias de la crisis climática, de reconocimiento global, sino también a afirmar que los problemas ambientales profundizan las condiciones de desigualdad.
¿Qué tienen en común las intensas sequías que dañaron fuertemente la economía el año pasado y las tormentas torrenciales que vivimos en estas semanas? Además de ser eventos que hacen muchísimo daño a lxs argentinxs, comparten un origen: el cambio climático. Un fenómeno de causas y consecuencias profundamente desiguales.
Sabemos que el 10% de las personas más ricas en el mundo produce más del 50% de las emisiones de carbono, mientras que la mitad de la población mundial más pobre apenas el 7%. Sin embargo, las consecuencias de los desastres climáticos las sufren los sectores más vulnerables. Más allá de que esta concentración de la riqueza es escandalosa en sí misma, no hay forma de lograr la sustentabilidad del planeta con un esquema así de desigual. Diagnóstico, realidad, políticas públicas y la firme decisión de la distribución como solución, también, a las consecuencias del cambio climático.
Según el último reporte del Servicio Nacional Meteorológico, en varios distritos del Conurbano llovió entre 100 y 260 mm durante la última tormenta, cuando lo habitual es alrededor de entre 100 y 120 mm en un mes. Las lluvias fuertes, los vientos y la tormenta y actividad eléctrica generaron daños inmensos: familias que perdieron todo, personas heridas, destrozos. Ya habíamos tenido un episodio similar hace muy poco con consecuencias gravísimas, en especial en el municipio de Bahía Blanca.
La crisis ambiental es una realidad urgente y ya pasó un punto de inflexión, con eventos extremos cada vez más frecuentes e intensos. Aún avanzando hacia modelos de producción y consumo que eviten una mayor degradación del ambiente, lo cierto es que estos fenómenos llegaron para quedarse y tendremos que aprender también a lidiar con ellos.
Estas consecuencias parecen ni siquiera entrar en el radar del Presidente, que frente a toda evidencia científica y sólo guiado por su fundamentalismo de mercado, niega la misma existencia de los problemas ambientales. Sin ir más lejos, en su reciente visita a Estados Unidos para asistir a la Conferencia Política de Acción Conservadora (CPAC), volvió a calificar como “nocivo” al ambientalismo, distorsionándolo como si planteara la guerra entre el hombre y la naturaleza, negando la existencia del cambio climático y proponiendo como solución para el agotamiento de recursos “colonizar otros planetas”. Sí, así como leen.
Un discurso que va también a contramano del mundo y de lo que hacen las principales potencias, que a través del activo rol del Estado buscan protagonizar la transición energética, imprescindible para abordar la crisis ambiental. Estados Unidos, por ejemplo, no sólo regresó al Acuerdo de París, también aprobó ambiciosas leyes para generar estímulos fiscales e impulsar la inversión pública en la generación de energías renovables, convirtiéndose en el segundo mayor inversor en la transición energética. El primero es China, que estableció un plan quinquenal orientado a consolidar su liderazgo en energía renovable, con el objetivo de llegar a 2025 con la mitad de su generación de energía proveniente de fuentes limpias. De un lado a otro del globo, todos entienden la gravedad del problema, la urgencia y oportunidad de los cambios productivos necesarios con el Estado protagonista de ese proceso.
Frente a esta realidad cobra resonancia la capacidad y altura de los que sí la vieron y, antes que nadie, advirtieron la trascendencia de la agenda ambiental. Juan Domingo Perón fue uno de los primeros dirigentes en señalar la necesidad de cuidar los bienes comunes naturales con el Mensaje Ambiental a los Pueblos y Naciones del Mundo (bibliografía obligatoria para lxs ambientalistas) que dio en el marco de la Cumbre de Estocolmo de 1972, incluso unos meses antes de la creación del Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente, una de las primeras iniciativas internacionales sobre la problemática.
Fue Perón quien, hace 52 años, dilucidó con muchísimo atino dos conceptos inseparables: ambiente y soberanía. Llamó a los países del Tercer Mundo a la toma de conciencia y a “cuidar nuestros recursos naturales con uñas y dientes de la voracidad de los monopolios internacionales, que los buscan para alimentar un tipo absurdo de industrialización y desarrollo en los centros de alta tecnología”.
Ya por los ‘70, Perón veía un contexto devorador y extractivista: los países centrales habían asentado las sociedades de consumo de posguerra a costa del aprovechamiento de las economías primarizadas, protagonizando un salto productivo y tecnológico que no hubiera sido posible sin los recursos del Sur Global. Nada nuevo bajo el sol. Repitiendo la dinámica de la época colonial, donde la explotación de nuestro continente fue sostén para la expansión de los imperios del Norte Global, las economías más desarrolladas apelaron a mecanismos políticos y económicos para coartar el desarrollo de nuestros países y perpetuar las relaciones asimétricas de intercambio.
No es casualidad que, 50 años después, quienes más sufren las consecuencias de la crisis climática, como las inundaciones, las sequías, los temporales y la contaminación, sean las poblaciones más vulnerables. Como tampoco es casualidad -lo dijo Néstor Kirchner allá por el 2004- que los mapas de la pobreza global, el endeudamiento financiero y la presencia de bienes comunes naturales, coincidan.
Tenemos hoy un presidente que atenta contra leyes democráticas a través de intentos de instaurar decretos de “necesidad y urgencia” que pretenden ser una reforma constitucional a medida. Como alertó Cristina Fernández de Kirchner en la carta del 14 de febrero, están impulsando la extranjerización de las tierras a través del Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones y la derogación de la Ley de Tierras, porque “la crisis climática no existe” y “las empresas pueden contaminar los ríos todo lo que quieran”, como declaró Milei en múltiples oportunidades. Lejos de esta visión entre fundamentalista, entreguista e irresponsable, que cree en la teoría cuasi terraplanista de que el mercado puede ordenarse sólo, es necesario un enfoque responsable que propicie inversiones pero que estén en función del desarrollo del país. Proyectos que se rijan bajo fuertes estándares ambientales, se centren en el agregado de valor local e involucren transferencia de tecnología. Para esto, es posible pensar en enfoques prácticos e inteligentes, como la configuración de empresas mixtas (que menciona también Cristina en su carta) que incluyan capital privado y den protagonismo a las provincias generando asociaciones virtuosas que gestionen con responsabilidad nuestros recursos y logren impactos positivos en las comunidades.
Nuestro país tiene condiciones naturales privilegiadas, con reservas de gas, petróleo, minerales como el litio, glaciares, lagos, ríos, acuíferos y humedales. Son recursos sumamente valiosos y escasos a nivel mundial, que nos dan la potencialidad de transicionar hacia un modelo de producción e innovación tecnológica más justo, con el ambiente y con las personas. El rol que tome el Estado argentino respecto del uso y el cuidado de estos bienes va a marcar fuertemente el rumbo económico, productivo y las condiciones socioambientales del país.
Ambientalismo: ¿nocivo para quién?
El ambientalismo, ese que el presidente califica de “nocivo”, viene a ofrecernos una nueva perspectiva, que busca responder a los desafíos ambientales que implica la crisis climática, pero además se proyecta como un eje transversal para el desarrollo productivo y económico de nuestro país. Pero sobre todo, viene a proponernos otro escenario posible: uno en que el “Estado eficiente” no es aquel que baja salarios y sube tarifas, sino uno que promueve un desarrollo con mirada ambiental, con justicia social y económica.
Desde el Ministerio de Ambiente de la provincia, creado durante la gestión de Axel Kicillof, tenemos un programa específico de Adaptación y Mitigación del Cambio Climático que trabaja con cada intendente para asistir en políticas de adaptación específicas de cada territorio. Nuestra provincia es muy grande y heterogénea, y las necesidades de resiliencia de un municipio del Conurbano son muy distintas a las de un municipio costero. Entendiendo esto, desde el ministerio se asiste a cada territorio para que pueda tener cada vez más herramientas para hacerle frente a la crisis ambiental.
Hoy se nos presentan dos modelos. Por un lado, tenemos en el poder a un presidente negacionista que nos propone un modelo de flexibilización ambiental, como lo describió Máximo Kirchner: detrás de la excusa de incentivar las inversiones privadas, los agentes extranjeros explotan nuestros bienes comunes naturales, trasladan sus riquezas afuera y los argentinos y argentinas tenemos que sufrir las enormes consecuencias de habitar un ambiente devastado, casi sin ningún beneficio. Por el otro, estamos los que queremos un Estado inteligente que garantice la inversión pública en infraestructura adecuada, el fortalecimiento de las capacidades científicas y tecnológicas, la articulación y cooperación entre las distintas autoridades, y medidas integrales que protejan a los sectores más vulnerables y aseguren el bienestar de las futuras generaciones.
En la Provincia de Buenos Aires no hablamos sobre ambientalismo, hacemos ambientalismo popular. Trabajamos para que sea una realidad, porque sabemos que tenemos derecho al uso soberano de nuestros bienes comunes naturales. Y queremos aprovecharlos para ampliar derechos y que nuestro pueblo viva mejor.