Sostenibilidad del ajuste y crecimiento

El diagnóstico del Gobierno es que la corrupción está detrás de endémicos desequilibrios en el Presupuesto y estos son a su vez la causa última de la inflación, la pérdida de valor de la moneda y, sumado al aislacionismo intervencionista, la crónica decadencia económica argentina.

Un sistema sobrregulado y con un Estado ineficiente y oneroso inhibe la iniciativa privada y el funcionamiento del sistema de precios de mercado como determinante de la asignación de los recursos. Ello va en detrimento de la inversión, el crecimiento, la productividad y los salarios reales.

El Gobierno prioriza eliminar el déficit fiscal, sea mediante reformas estructurales o mediante una combinación de gestión de caja, licuación y recortes discrecionales. La estrategia de reforma estructural reflejada en la Ley de Bases fue transitoriamente retirada del Congreso por el gobierno ante la negativa de la oposición para aprobar algunos capítulos.

Ahora, con el incentivo de alivio fiscal a las provincias y el llamado Pacto del 25 de Mayo se abre una nueva instancia negociadora. El marco de negociación será crítico para iniciar un camino de reforma sin el cual el costo social del ajuste será más severo, la desinflación más gradual, y los incentivos para que el sector privado impulse el crecimiento económico más débil.

Las reformas planteadas en la nueva Ley Bases contribuirán al proceso de estabilización mejorando la eficiencia del Estado y la credibilidad al programa macroeconómico.

La sustitución de mecanismos de licuación indiscriminada del gasto público real por reformas del Estado que reduzcan el gasto socialmente improductivo en forma selectiva vuelve más sostenible social y políticamente el superávit fiscal.

La distribución de la carga del ajuste -como hizo Israel en su programa de estabilización de 1985- ayudaría a mejorar la credibilidad del programa al percibirse este más equitativo. Cuanto más creíble el programa del presidente Javier Milei y su ministro de Economía, Luis Caputo, menos remarcaciones preventivas de precios debido a menos expectativas de convalidación de aumentos de precios mediante emisión, y más rápida la convergencia a un menor nivel de inflación.

Para distribuir mejor la carga del ajuste el Gobierno debería: reducir el gasto tributario (en 2023 representó 2,5% del PBI, dentro del cual los regímenes de promoción absorbían 0,7% del PBI); reducir gastos improductivos mal auditados como los fondos fiduciarios, y una revisión del sistema de transferencias discrecionales a las provincias (donde más creció el gasto y el empleo durante los últimos 20 años). Los últimos dos puntos son propuestas de la nueva Ley de Bases y el Pacto de Mayo.

Asimismo, la equidad requiere el reconocimiento que algunos sectores como el previsional ya padecieron un ajuste desproporcionado (más del 40% interanual en términos reales).

Mientras que algunos sectores beneficiarios de regímenes de promoción mantienen un sesgo proteccionista sumamente costoso para el consumidor, como por ejemplo el de Tierra del Fuego donde una canasta de productos electrónicos es 40% más costosa que en EE.UU. El proteccionismo textil también implica precios al consumidor comparativamente elevados frente al exterior.

La estrategia de desregulación debe tomar en cuenta la estructura oligopólica en varios sectores. Los excesivos ajustes del precio de los servicios de salud no tienen en cuenta la limitada movilidad de los asegurados que hace que el beneficiario sea rehén de su prepaga.

Al no consumarse los mecanismos que garantizan una sana y profunda competencia, incluyendo el fortalecimiento y autonomía de la Comisión de Defensa de la Competencia, el mercado no logra alcanzar los estándares de eficiencia que ubiquen a la economía en su frontera de producción.

La mayor disponibilidad de dólares para importación (aunque sea en cuotas) debe tener en cuenta la existencia de la protección no arancelaria como los procesos de homologación en algunos sectores tales como medicamentos y metalurgia. La mera eliminación del cepo no asegura la competencia si las estructuras de distribución mantienen posiciones de mercado dominantes.

La Ley de Bases y el DNU 70 apuntan a una desregulación general de la economía ¿Como y porque crecería la economía bajo las reformas allí planteadas? El funcionamiento del sistema propuesto requiere que todas las piezas estén en su lugar. Un Estado más pequeño y eficiente implica menor carga tributaria y regulatoria para las empresas.

Los mayores incentivos al sector privado producto de la desregulación y la mayor flexibilidad laboral facilitarán la recuperación de la oferta, la inversión y el empleo privado. La menor demanda agregada del Estado se compensará con mayor inversión privada y externa y más exportaciones.

El menor déficit fiscal implica una reducción de la demanda estatal de fondos para su financiamiento lo cual redundará en mayor oferta de crédito y menor costo para las empresas privadas y el consumidor.

La restitución de la moneda como reserva de valor reducirá el costo transaccional del dinero y mejora la función de unidad de cuenta, reduciendo la incertidumbre de precios relativos.

La estrategia de apertura comercial está condicionada a la reducción del costo tributario y del costo laboral (impuestos al trabajo, rigidez y litigiosidad judicial). Los beneficios de la integración incluyen la reducción del poder de mercado de empresas cuyas utilidades crecieron al amparo del proteccionismo.

La apertura comercial requiere movilizar factores de producción a sectores y empresas comparativamente eficientes globalmente desde sectores y empresas menos eficientes. De ahí la importancia de la flexibilidad laboral y mercados financieros profundos.

La integración potencia las economías de escala en la producción doméstica, facilitando la especialización y el aprovechamiento pleno de las ventajas comparativas del país como por ejemplo en los sectores agropecuario, minero, energético, automotriz, metalúrgico, tecnológico y turístico. Las divisas que estos sectores generen aliviarán la restricción externa que limitó históricamente el crecimiento del resto del sector industrial al que a su vez se le abrirán oportunidades de especialización en un mercado global.

La simplificación tributaria es clave para bajar el costo de pagar impuestos y debería acompañarse con la eliminación de múltiples distorsiones que generan por ejemplo los impuestos en cascada, como Ingresos Brutos y sobre los Débitos y Créditos Bancarios), para que se amplíe la base imponible y reduzca la informalidad.

La desregulación en infraestructura bajará los costos de transporte, energía y comunicación, mejorando la integración del país y potenciando sectores de exportación y turismo.

Mas allá de la emergencia social, los planes sociales deben potenciar el capital humano mediante una profunda reforma educativa que permita reinsertar a la Argentina en la innovación -el principal factor de crecimiento en el siglo XXI-.

El autor es Economista