Dengue: ¡gestionen!

En Argentina la salud es un derecho constitucional; los medicamentos y las vacunas debe estar garantizados. En estos meses el acceso a este derecho ha empeorado y la responsabilidad es de esta administración

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Pico de contagios de dengue
Pico de contagios de dengue (Maximiliano Luna)

El sistema de salud de nuestro país tiene hace muchos años problemas estructurales (la falta de integración, el financiamiento, la inequidad), sumado a problemas actuales y autoinfligidos por este gobierno: como el aumento desmedido del costo de las prepagas, el precio de los medicamentos y, entre otros, la falta de control y la epidemia de dengue que estamos atravesando.

El dengue es una enfermedad producida por un virus, transmitida por la picadura del mosquito Aedes Aegypti. Hay cuatro cepas de este virus lo que hace que uno pueda sufrir la enfermedad varias veces. Su particular forma de transmisión hace que la distribución de la enfermedad dependa de la presencia de este mosquito. El “Aedes” vive en zonas tropicales y subtropicales, cálidas y húmedas. En nuestro país hasta el año 2009 los casos se limitaban a las zonas más meridionales, en general poblados de frontera con el Brasil, Paraguay y Bolivia. Los casos en otras provincias ocurrían sólo en viajeros que visitaban estos lugares, “casos importados”. El cambio climático y ambiental (que lamentablemente el gobierno niega), la presión epidemiológica desde los países vecinos y la adaptación del mosquito empezaron progresivamente a cambiar esta realidad sanitaria.

En el 2009 Argentina presentó la primera epidemia significativa de dengue. Tuvimos 27.681 casos con la llegada de “casos autóctonos” en provincias que no habían tenido casos anteriormente. Fue el año de la epidemia grave en Chaco y en Tucumán, en toda la Mesopotamia e incluso en provincias del centro del país, como Córdoba y Buenos Aires. Por primera vez en el país se hablaba del dengue, del Aedes y del “descacharreo” como técnica preventiva para luchar contra los criaderos del mismo.

Si bien no todos los años que siguieron fueron de circulación masiva, ésta se repitió con variada intensidad; en 2016, 41.276 casos; en 2020, 58.452; en 2022, 41.435 y este año con una epidemia descontrolada con más de 120.000 casos con una curva que aún no empieza a disminuir.

Las herramientas preventivas para este tipo de enfermedades son la lucha contra el vector, es decir contra el mosquito. Repelentes, telas mosquiteras, cuerpos cubiertos, la fumigación para las formas adultas del mosquito y la lucha más eficiente contra los criaderos con medidas de “descacharreo” y con larvicidas. Esas políticas requieren fuerte participación ciudadana para lo cual son necesarias fuertes campañas de información y un vínculo de confianza entre las autoridades sanitarias y la población.

Otras medidas innovadoras para luchar contra el mosquito que se han usado en forma experimental en algunos países han consistido en la utilización de mosquitos modificados genéticamente o contaminados con bacterias específicas que intentan prevenir la reproducción del mismo o la trasmisión del virus del dengue por los mismos.

Las vacunas son por supuesto una opción siempre buscada. La experiencia había sido frustrante hasta este año, las pocas registradas no habían sido seguras aumentando el riesgo de formas graves en algunos vacunados por lo que se retiraron del mercado. En 2023 eso cambió, una vacuna a virus vivo, con modificaciones genéticas, contra los cuatro serotipos de dengue, demostró en estudios serios y suficientes ser efectiva en disminuir los casos y sobre todo las hospitalizaciones por formas graves y las muertes por dengue. Esta vacuna fue registrada por ANMAT y está disponible en las farmacias del país, se administra en dos dosis y aun no se sabe si va a requerir refuerzos. La CONAIN en noviembre 2023 expresó que sería una vacuna a considerar para zonas endémicas sobre todo en pacientes con riesgo de formas graves, es decir jóvenes que ya hayan tenido dengue.

Frente a esta situación y con una epidemia muy grave, Brasil decidió empezar a utilizar la vacuna en algunas regiones. En Argentina, y sobre todo desde el cambio de gobierno, la campaña contra el dengue brillo por su ausencia. Sin reuniones con los responsables sanitarios de las provincias, sin financiamiento a las bases de vectores de todo el país, sin campañas de información pública, sin un Ministerio de Salud rector, la situación está descontrolada.

Algunas provincias, como Salta, Misiones y Corrientes, han comprado vacunas por su cuenta. Incluso algunos Municipios de Córdoba han realizado experiencias limitadas. Y varias provincias han emitido leyes para obligar al Estado a ocuparse de la temática. La ley nacional de vacunas es clara en definir la obligación del Ministerio de Salud de la Nación en adquirir las vacunas que estén incluidas en el esquema nacional, al no hacerlo han dejado a cada provincia a su buen saber y entender -y con sus presupuestos- a decidir qué hacer con esta vacuna. Mientras tanto, al estar en venta en farmacias, los que han podido pagarlas y han querido se han vacunado, constituyendo una absoluta irracionalidad sanitaria.

Ni los mosquitos, ni el virus son responsabilidad de un gobierno o de otro, lo que sí es responsabilidad de cada administración es resolver los problemas que le suceden sin echarle la culpa a los otros de las cosas que no se han hecho. En más de 100 días el Ministerio de Salud de la Nación no ha reunido ni una vez al Consejo Federal de Salud, con la presencia de los ministros provinciales, no ha encarado ni una mínima campaña de concientización por este tema, ni por otros, no ha podido resolver la compra de larvicidas e insecticidas, la comisión nacional de inmunizaciones (CONAIN) se ha reunido una sola vez este año y aun no pudimos leer el acta de esa reunión. Cien días en donde los argentinos no hemos tenido el gusto de escuchar la voz del “Ministro de salud”, y mucho menos de conocer qué políticas sanitarias va a encarar y cuáles va a suspender para que las provincias sepan a qué atenerse, la vacuna contra el dengue es un ejemplo más.

En nuestro país la salud es un derecho constitucional, el acceso a los medicamentos y a las vacunas debe ser garantizado. En estos meses el acceso a este derecho ha empeorado claramente y la responsabilidad es de esta administración. Hubo errores y ausencias anteriores pero la epidemia es ahora, los muertos mueren hoy por una enfermedad conocida, con tratamiento accesible, con una vacuna disponible. ¡Gestionen!

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