Calificar al Estado como organización criminal por recaudar impuestos no lleva a la libertad sino a la anarquía

El país se ha visto envuelto en estos días en una insólita discusión sobre el pago o no de impuestos. Insólita no porque sea nuevo el debate sobre el tamaño de la carga impositiva, en relación con los servicios prestados por los diferentes niveles y ámbitos de la administración, sino porque un llamado a la rebelión fiscal en una provincia fue respaldado por la más alta autoridad del Poder Ejecutivo.

El trasfondo de esta polémica es el rol, tamaño y funciones del Estado. El mal desempeño -por acción u omisión- de tantos agentes públicos ha redundado en un comprensible desprestigio de la entidad Estado, pero posiciones extremas como la de proponer su abolición, además de carecer de todo realismo, son también ahistóricas.

Ya en la era precristiana, Aristóteles, uno de los padres de la filosofía occidental, explicó el porqué de la necesidad del Estado, a partir del concepto de la autosuficiencia. El hombre que no naciera en un entorno que lo cuidara y protegiera no podría sobrevivir, afirmó el pensador, que consideraba a la persona como ser social, necesitado de otros. A menos que fuera un Dios o una bestia.

Surgía así, una primera célula social, la familia. Ésta a su vez debía referenciarse e interactuar con otras familias. De esta necesidad de cooperación surge la Aldea; en lenguaje contemporáneo, el Municipio.

Concluye Aristóteles este razonamiento afirmando que hombre, familia y aldea no tienen la posibilidad de subsistir si no es en el marco de una instancia superior que sí sea autosuficiente. El Estado.

Esta autosuficiencia se sustenta en la construcción de un lenguaje normativo válido para todos. Cualquiera sea la posición o el interés particular de cada uno, el Estado establecerá qué está bien y qué está mal y las consecuencias de actuar de una u otra manera. Es así como todos conocerán sus derechos y obligaciones, lo que hará posible aspirar a una pacífica convivencia.

El Estado se reserva además el monopolio de la fuerza lícita. Más allá de alguna situación contemplada en la ley –la legítima defensa, por ejemplo- sólo la coerción o coacción que ejerce el Estado puede ser legitimada por la sociedad.

Por otra parte, la comunidad necesita de actividades y servicios que resultan esenciales para el desarrollo y bienestar general. La salud, la educación, la justicia, la defensa y la seguridad, entre otras materias, deben contar para desenvolverse con el respaldo jurídico institucional del Estado.

Más allá del mayor o menor grado de estatismo que promueva cada corriente ideológica, el Estado no surge de una elección sino de la necesidad antes expuesta. La salud, por caso, puede ser vista y encarada como un negocio, pero la vida de las personas es un valor que no puede subordinarse al interés –o desinterés- de algunos particulares.

En virtud de lo expresado, es de toda evidencia que los integrantes de la sociedad deben cumplir con el pago de impuestos para garantizar el funcionamiento del Estado y así contribuir a la convivencia social.

Calificar al Estado como organización criminal o asociación ilícita implica desconocer el origen y la vigencia de una institución presente en todas las Naciones del globo. Su ausencia o debilidad no redunda en libertad, sino en anarquía y violencia; baste el ejemplo trágico del devenir de Haití para comprobarlo.

Más allá de las ideologías, todos los países se constituyen como Estado con el fin de asegurar su autonomía en el concierto mundial y a la vez garantizar la paz interior.

No hay falla o incumplimiento que justifique la descalificación de la institución que, como tal, es imprescindible para el desarrollo pleno de la comunidad.

Es lamentable que el clima de profundo descontento causado por los desaciertos y los excesos de anteriores gestiones sea usado para vender la ilusión de una sociedad sin Estado.

Ningún “impuestazo” justifica que una administración nacional promueva la rebelión fiscal en un distrito, más aun cuando también busca incrementar impuestos -retenciones, restitución de la cuarta categoría de ganancias (cuya anulación respaldó en el llano), etc-.

El llamado a no pagar impuestos, ¿es solo para algunas provincias? ¿Por qué no una rebelión fiscal general? ¿Cómo se atenderían los servicios esenciales ya mencionados si no se perciben los impuestos?

Por otra parte, los impuestos que se aconseja no pagar, han sido dispuestos por ley de la Legislatura de la Provincia de Buenos Aires. La condición de República Federal de nuestro país obliga a respetar las decisiones legislativas de cada Provincia.

Es lamentable que el diálogo entre las partes sobre las necesarias reformas y recortes en una administración agigantada y poco eficiente sea sustituido por decisiones unilaterales que desembocan en un sálvese quien pueda presupuestario con despropósitos como los incrementos en los impuestos bonaerenses.

Pero el “consejo” de no pagar los impuestos no es un mero llamado a la rebeldía social, sino una incitación a cometer delitos, lo que está expresamente tipificado en el art. 209 del Código Penal.

El Presidente, ¿la ve?