Resulta evidente que el gobierno del presidente Javier Milei se inició con un conjunto de gestos particulares que han buscado ofrecer un mensaje de alto impacto desde el primer día. Una muestra de ello fueron su discurso de asunción fuera del Congreso de la Nación, la presentación de un conjunto de reformas del orden institucional por vía de un decreto de necesidad y urgencia y el envío de una ley ómnibus con más de seiscientos artículos, algo que nunca antes había sucedido.
El nuevo gobierno parece intentar aprovechar al máximo el habitual período “de gracia” que la ciudadanía suele otorgar a los nuevos equipos gobernantes, intentado tomar las medidas que entienden con impacto más dolorosas y apostando a un optimismo de transformación sistémica en el mediano plazo (en términos argentinos). Por el momento se advierten unos primeros resultados negativos en términos de vida cotidiana para la mayoría de los argentinos, mientras que los niveles de imagen positiva todavía le son favorables, aún sus votantes dan muestra de optimismo en la propuesta de cambio profundo.
Si tuviéramos que destacar un efecto positivo de este comienzo, podemos observar que el efecto de la impronta beligerante del gobierno tiene como contracara la activación de los contrapesos de las instituciones republicanas, el desafío al status quo obliga a los espacios de oposición a generar reacciones que fuercen acuerdos y consensos. Este momento activa la necesidad de la política, tanto para el espacio oficialista y sus aliados como de los distintos grupos opositores.
Entre los aspectos más preocupantes se puede especular que las posturas combativas de la política muestren señales de desgaste del sistema democrático, es decir que la democracia comience a perder sentido para la ciudadanía y evidencien indicios de desgobierno. Si avanza la imposibilidad del cumplimiento de los pactos electorales, aún con este escenario coyuntural de un conjunto mayoritario de la población depositando expectativas positivas, la satisfacción o frustración dependerá de los resultados concretos en las condiciones materiales de la vida. Las personas votan con la esperanza de lograr estar mejor, aun aceptando un período de sufrimiento, todos quieren participar de las bonanzas prometidas, de no lograr revertir rápidamente los primeros resultados es probable que la conflictividad social empiece a tomar volumen y masa crítica.
La situación actual del país es muy delicada y necesita de acciones coordinadas del conjunto de la administración pública. La Argentina necesita salir del estancamiento y volver a crecer en términos económicos, pero ello no se agota aquí, el crecimiento es condición necesaria pero no suficiente, tiene que impactar positivamente en el conjunto de la estructura social del país. La Argentina tiene historia de períodos de crecimiento que no se han traducido en impactos positivos para las mayorías, si el crecimiento no ofrece un nuevo dinamismo en el mercado laboral, es decir, no genera empleo o sinergias de inclusión social y refuerza esquemas de precariedad y exclusión, continuará con la tendencia hacia una estructura social fragmentada que presentará nuevos problemas para la legitimación de los modos de organización social del país.
Los efectos de las políticas de ajuste estructural actual colisionan sobre el proceso de descomposición del tejido social que el país viene atravesando en la última década. La Argentina viene de un largo proceso de malos resultados económicos que han impactado en la mayoría de los indicadores sociales, la pérdida de poder adquisitivo de los ingresos no solo impacta en salarios y jubilaciones, también atenta contra la rentabilidad de pequeñas y medianas empresas, que en términos de estructura social actúan como la primera red de articulación. A esta década de resultados negativos, que empeoraron las condiciones de vida de la mayoría de los argentinos, se le suman medidas económicas de ajuste iniciadas con la devaluación del peso de casi un 120%, que hasta el momento agravó el proceso inflacionario y lleva al conjunto de la economía a una recesión con riesgo de depresión. El Observatorio de la Deuda Social Argentina de la Universidad Católica Argentina advierte sobre el aumento de la pobreza, no sólo se deteriora la base de la pirámide sino que se expande hacia los sectores sociales medios, que en este momento son los que cuentan con menos herramientas de protección social por parte del Estado. Cada crisis económica argentina excluye cada vez más hogares que la crisis anterior, y cuando se dan períodos de recuperación las posibilidades de inclusión social son cada vez más limitadas, la exclusión opera rápido mientras que la recuperación de la composición social es un proceso muy arduo y que suele tomar mucho tiempo.
Por otro lado, todo indica que el proceso de ajuste aún no ha culminado, se esperan subas en el precio de los servicios públicos de energía, lo que podría seguir presionando el proceso inflacionario, si esto le aporta continuidad al proceso de pérdida de poder adquisitivo a los ingresos y amplía el rango de vulnerabilidad de los hogares, es muy probable que la imagen positiva del gobierno se resienta y la “luna de miel” de los 100 días comience a ser cuestionada paulatinamente. Además de los ingresos, comienza un proceso en el que hay que analizar el movimiento de los indicadores del mercado laboral, si no se cumple con las expectativas de mejoramiento de las condiciones de vida se vuelve más difícil sostener la legitimidad del marco teórico ofrecido por el presidente a sus votantes.
(*) El autor es director de la carrera de Sociología USAL