Desafiante realidad para el sector fintech

El pasado 15 de marzo fue promulgada la Ley Nro. 27.739 sobre Prevención de Lavado de Activos y Control del Financiamiento del Terrorismo (PLA/CFT), la cual introduce modificaciones sustanciales a nuestro Sistema de Prevención.

Entre muchas de las cuestiones que aborda, hoy nos detendremos solo en un aspecto central como es la actualización del universo de los sujetos obligados a cumplimentar las normas de la Unidad de Información Financiera (UIF), destacándose la de informar ante ese organismo Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS).

Cabe resaltar que, entre las nuevas incorporaciones se abarca a gran parte de los actores del ecosistema Fintech, en particular de la vertical de pagos digitales, organizado bajo diferentes figuras como, los Proveedores de Servicios de Pago (PSPs), las Billeteras Interoperables, los Proveedores no Financieros de Créditos y los Proveedores de Servicios de Activos Virtuales (PSAV).

Si tomamos algunas referencias estadísticas para mostrar la evolución de estos actores en los últimos años, podríamos resaltar algunos datos interesantes:

• Según la Cámara Argentina Fintech a diciembre de 2022, el ecosistema estaba integrado por 331 entidades de este tipo, destacándose las dedicadas a los pagos digitales.
• Conforme el registro publicado por el Banco Central de la República Argentina (BCRA), a marzo del 2024, existen 60 billeteras interoperables, 166 PSPs y 405 proveedores no financieros de crédito. Puede ocurrir que una única entidad esté replicada en distintos registros por tener varios roles simultáneos. No obstante, es una importante muestra del volumen alcanzado por dichos registros.

• En el año 2019 aproximadamente 26 millones de personas tenían una cuenta bancaria con clave bancaria uniforme (CBU), pasando a 14 millones en 2023. Si consideramos la evolución de la población con tenencia conjunta de cuentas, aquellas que cuentan con CBU adicionando las cuentas digitales con clave virtual uniforme (CVU), las mismas pasaron de casi 2 millones de personas en 2019 a 20 millones en 2023. Esto sumado a unos 1,6 millones que poseen solo cuentas de pago, de acuerdo con los datos de este último año, reflejan un auge importantísimo de utilización de cuentas con CVU.
• Todo ello permite deducir que aproximadamente 36 millones de personas posee algún tipo de cuenta en Argentina. Cuestión que, considerando las estimaciones del Informe de Inclusión Financiera del año 2022 del BCRA, que indican un promedio de cuatro cuentas por persona, permitiría afirmar que existe un total aproximado de 140 millones de cuentas de las cuales más del 55% son cuentas de pago con CVU.
• Asimismo, si tomamos la evolución de las transferencias, en virtud de lo informado por el BCRA, podemos ver que las realizadas con la intervención de una cuenta con CVU casi triplicaron a las efectuadas entre cuentas con CBU para fines de 2023.
• Por último y en relación con la evolución de los PSAV podemos ver que según la mencionada Cámara Fintech ya existían en nuestro país 30 entidades de este tipo para fines de 2022.

Ahora bien, desde la vigencia de la nueva ley y sus consecuentes reglamentaciones de la UIF, la gran mayoría de dichas entidades (excepto las ya registradas ante la UIF) deberán empezar a cumplimentar una serie de obligaciones muy rigurosas lo que las obligará, en muchos casos, a hacer un profundo rediseño de sus procesos y estructuras de control. Su incumplimiento traerá aparejado posibles sanciones, que van desde la recomendación de la UIF a los Organismos de Contralor respectivos para la revocación de la autorización para funcionar hasta la aplicación de multas económicas muy severas, ahora agravadas por la nueva legislación.

Se destacan entre dichas obligaciones: registro y designación de Oficiales de Cumplimiento ante la UIF, desarrollo de procesos de Autoevaluación de Riesgos de LA/FT, aplicación de una estricta política de identificación y conocimiento del cliente con la ejecución de mecanismos de asignación de niveles de riesgos y perfil transaccional, guarda de documentación, e implementación de un sistema de monitoreo para poder analizar las operaciones efectuadas y de corresponder realizar correctamente en tiempo y forma ROS ante la UIF, entre otras.

Por último, cabe resaltar que la ley, en forma complementaria e independiente a las cuestiones relacionadas con los temas de PLA/CFT, establece un marco normativo nuevo y específico para los PSAV, inexistente hasta el presente. En ese sentido, crea en el ámbito de la Comisión Nacional de Valores (CNV) un registro obligatorio especial y establece a dicho organismo para ser su autoridad de aplicación facultándolo para ejercer su “supervisión, regulación, inspección, fiscalización y sanción”.

La ley establece que la CNV, como complemento a las normas que les dictará la UIF, deberá regular los parámetros que deberán seguir dichas entidades para prestar sus servicios, debiendo observar indefectiblemente los siguientes principios: protección y defensa de los usuarios, seguridad de la información y protección de datos, seguridad operativa, criterios prudenciales para promover la estabilidad, solvencia y transparencia y también en temas de gobierno corporativo, enfoque basado en riesgos y protección del ahorro público.

En base a lo expuesto podemos concluir que, desde una perspectiva regulatoria, el sector fintech deberá afrontar un futuro muy desafiante. Será una responsabilidad conjunta, sector público y privado, que estas nuevas reglas de juego permitan seguir desarrollando nuevas formas de oferta de servicios financieros tan provechosas para nuestra economía y para la inclusión financiera. Asimismo, que estas nuevas reglas ayuden a generar una cultura de cumplimiento en los distintos agentes económicos para tener un entorno de negocios íntegro y transparente.

El autor es Professional Advisory de Fidesnet