Disforia de género: en el mundo la tendencia es restringir el cambio de sexo en menores pero la Ley argentina sigue siendo ultrapermisiva

Los llamados inhibidores de pubertad son medicinas que bloquean las hormonas sexuales como la testosterona y el estrógeno, frenando de este modo la aparición de los cambios físicos característicos de esa etapa de transición a la adultez. Detienen la llegada de los períodos menstruales, el crecimiento de los senos o el engrosamiento de la voz y la aparición del vello facial, según el sexo del menor.

A partir de ahora, en Gran Bretaña, estos bloqueadores de pubertad solo se prescribirán en el marco de ensayos de investigaciones clínicas.

La revisión independiente en la cual se basó la decisión oficial, fue llevada adelante por un equipo dirigido por la doctora Hilary Cass que en febrero de 2022 informó de graves deficiencias en el Servicio de Desarrollo de Identidad y Género de la clínica de Tavistock, en Londres, luego de varias denuncias de afectados y empleados. Como resultado de ello, esa clínica, que era la única en el Reino Unido dedicada a atender a menores con presunta disforia de género, cerrará a finales de marzo.

La disforia de género es definida como el sentimiento que tienen ciertas personas de no pertenecer a su sexo de nacimiento y de identificarse con el género opuesto. Un malestar causado por la falta de concordancia entre el sexo biológico y la identidad de género de un individuo.

El NHS encargó el informe a la doctora Cass en septiembre de 2020, después de “detectar un marcado incremento del número de pacientes derivados” por los médicos de cabecera por presunta disforia de género, que pasaron de 250 en los años 2011-12 a más de 5.000 en 2021-22.

En sustitución de la clínica Tavistock, el NHS abrirá en abril dos nuevos servicios para menores, en Londres y en Liverpool, donde estos casos serán tratados por expertos en neurodiversidad, pediatría y salud mental, con la finalidad de ofrecer una “atención más holística”.

Hasta esta decisión los inhibidores de pubertad eran suministrados a “cualquiera que creyera necesitarlos”, según dijo el director nacional del área de transición de género del HNS, John Stewart.

El Reino Unido no es el único país que ha dado marcha atrás en esta materia; medidas similares fueron tomadas en Noruega, Suecia y Finlandia. El rasgo común es el haber sido pioneros en favorecer la transición de género, inclusive en niños y adolescentes.

Ahora, el fundamento de la marcha atrás es la insuficiente evidencia científica sobre la reversibilidad de estos procedimientos y pocos estudios sobre sus efectos a largo plazo, entre los cuales algunos expertos mencionan posible daño al desarrollo cerebral y a la fertilidad.

Por otra parte, es difícil que un menor pueda comprender cabalmente las implicancias de estos tratamientos. Algo que puede suceder también en el caso de un adulto si no se adoptan las suficientes salvaguardas: consulta psicológica, tiempo de espera, etcétera. Los países escandinavos e Inglaterra habían flexibilizado por completo los requisitos para acceder a la transición de género: bastaba la sola palabra de la persona.

Estudios recientes les han hecho revisar los protocolos. El documento del Servicio de Salud británico cita la falta de evidencia sobre la seguridad y la eficacia de los bloqueadores de la pubertad como fundamento de su llamado a la prudencia.

En junio pasado, las autoridades sanitarias de Noruega anunciaron la revisión de sus pautas y protocolos de “reasignación” o “afirmación” de género en menores de edad, citando también la falta de evidencia científica sobre los efectos de estos tratamientos a largo plazo.

Al igual que la Sanidad británica, también el Consejo Noruego de Investigación Sanitaria (NHIB/UKOM) llevó adelante un estudio cuyas conclusiones fueron que los bloqueadores de la pubertad, los tratamientos hormonales y la cirugía para modificar rasgos sexuales en niños y jóvenes no se basan en evidencia suficiente, por lo que las pautas fijadas para estos procesos deben ser revisadas. Hasta ese momento, la transición de género estaba a disposición de los jóvenes de un modo muy flexible, sin necesidad de evaluación psicológica alguna.

El informe a partir del cual Noruega cambiará estas políticas sostiene que, contra lo que dicen los promotores de la ideología de género, estas terapias son irreversibles y conllevan riesgos cuya extensión exacta se desconoce por no haber sido lo suficientemente estudiados. Criticaba que no se exigiera una evaluación de la necesidad médica de las terapias e intervenciones de “afirmación de género”.

Con el argumento de que hay que despatologizar la disforia de género, se rechaza toda intervención profesional en el proceso. Se parte de afirmaciones que contradicen la biología, es decir, la realidad. Se afirma que el sexo es autopercibido, que depende únicamente de la subjetividad de la persona y no de criterios objetivos. Es independiente de la biología. La realidad es que el sexo de nacimiento es inmodificable; sólo pueden cambiarse los caracteres sexuales externos -la apariencia- y ello al costo de tratamientos que son de por vida o de cirugías irreversibles que en muchos casos implican la esterilización de la persona.

En Argentina, se votó en 2012 una Ley de Identidad de Género (26743) extremadamente permisiva, inspirada en estas teorías, pues parte de la definición de identidad de género como “la vivencia interna e individual del género tal como cada persona la siente, la cual puede corresponder o no con el sexo asignado (sic) al momento del nacimiento, incluyendo la vivencia personal del cuerpo”.

El sexo no se asigna al nacer, desde ya, sino que es “de nacimiento”. Es inaudito que una ley utilice ese lenguaje acientífico.

La norma habilita el derecho de toda persona “al reconocimiento de su identidad de género” -así definida-, a poder desarrollarse y ser tratada como tal y “a ser identificada de ese modo en los instrumentos que acreditan su identidad respecto de el/los nombre/s de pila, imagen y sexo” que en ellos figuren. También aclara que “esto puede involucrar la modificación de la apariencia o la función corporal a través de medios farmacológicos, quirúrgicos o de otra índole, siempre que ello sea libremente escogido”.

En el artículo referido a los menores de edad, la ley establece que los trámites de cambio registral de sexo, deben realizarse a través de “sus representantes legales y con expresa conformidad del menor”.

Ahora bien, en caso de no consentimiento por parte del adulto a cargo, “se podrá recurrir a la vía sumarísima para que los/as jueces/zas correspondientes resuelvan”, considerando el “interés superior del niño/a de acuerdo con lo estipulado en la Convención sobre los Derechos del Niño y en la Ley 26.061 de protección integral de los derechos de niñas, niños y adolescentes”.

En concreto, se deja la puerta abierta para desconocer o contradecir la opinión de los padres.

Esto se completa con el artículo 12, que afirma que “deberá respetarse la identidad de género adoptada por las personas, en especial por niñas, niños y adolescentes, que utilicen un nombre de pila distinto al consignado en su documento nacional de identidad”. Y aclara: “A su solo requerimiento, el nombre de pila adoptado deberá ser utilizado para la citación, registro, legajo, llamado y cualquier otra gestión o servicio, tanto en los ámbitos públicos como privados”.

Esto es lo que se llama transición social de género. El deseo de un menor es elevado a la categoría de ley y a él deben someterse padres, docentes, profesionales, etc.

Por otra parte, pese a la voluntad manifiesta de “despatologizar” la disforia de género, la ley establece que todas las prestaciones médicas destinadas a la transición -bloqueadores, hormonización, cirugías- deben ser incluidas en el Plan Médico Obligatorio.

En Noruega, el Consejo de Investigación Sanitaria detectó varias tendencias que encendieron alarmas: el rápido aumento de casos de supuesta disforia de género en adolescentes (especialmente mujeres) y, a la vez, una alta presencia de enfermedades mentales (75%) y de afecciones neurocognitivas, tales como trastorno por déficit de atención e hiperactividad (TDAH), autismo o síndrome de Tourette, en los jóvenes que alegan estar o haber nacido “en el cuerpo equivocado”.

En consecuencia, recomendó que las transiciones de género estén sujetas a un escrutinio más rígido en lo concerniente a los criterios de elegibilidad de la persona para acceder a estos tratamientos. Y dispone que estos casos sean tratados en los centros de atención primaria por equipos multidisciplinarios y que las transiciones de género en los menores sean excepcionales, luego de una evaluación rigurosa.

También Suecia decidió suspender los tratamientos hormonales en menores, después de mucho tiempo de ser pionera en la materia. Como ahora Noruega, se afirma que estos pedidos de cambio de género suelen ir asociados a otros desórdenes, como déficit de atención, autismo, trastornos de la alimentación, etc. Las autoridades sanitarias suecas dicen que “el incierto estado de conocimiento en la materia incita a la prudencia”.

Un dato preocupante fue, como en Noruega, la verificación de un crecimiento exponencial del número de diagnósticos de disforia de género. También allí crece el número de niñas de entre 13 y 17 años que solicitan una “transición” al género masculino. Por este motivo, las autoridades suecas han restringido de modo severo la realización de mastectomías -extirpación de senos- en adolescentes.

Finlandia, por su parte, decidió, desde 2021, priorizar la psicoterapia antes que los tratamientos hormonales y desaconsejar las cirugías en menores. Además se dispuso que los bloqueadores de pubertad se usen sólo en aquellos menores que mostraron signos de disforia de género en la primera infancia y que no presenten trastornos mentales concurrentes. Con esto se espera evitar los casos de “contagio”.

Resta decir que todos los elementos que causaron preocupación en estos países y motivaron medidas restrictivas o reformas de las normas vigentes están presentes en Argentina. También aquí los casos de disforia de género se han disparado entre los menores -adolescentes en particular- y también aquí la inmensa mayoría de los casos -alrededor del 90 por ciento- atañe a mujeres, lo que habla a las claras de que se trataría de otros trastornos.

Lo que falta entre nosotros es la responsabilidad de las autoridades, en particular sanitarias, pero también legislativas, que no sólo no se abocan al tema sino que ni siquiera recaban información confiable.