Seis medidas para avanzar hacia el ordenamiento previsional

El sistema previsional se encuentra en una profunda crisis. La manifestación más visible y preocupante es el persistente y profundo deterioro en el poder de compra de las jubilaciones. En febrero, los haberes alcanzaron los valores más bajos en lo que va del siglo, incluso inferiores a las registrados en la crisis del 2002.

Frente a esta degradación, el debate desde hace mucho tiempo está concentrado en la fórmula de movilidad. Es un planteo simple, pero incorrecto. La movilidad es la punta del iceberg. Si nos sumergimos bajo la superficie, encontramos que el desorden es generalizado y las excepciones son la regla. Más de 240 regímenes especiales, 4 millones de jubilaciones otorgadas sin aportes mediante moratorias, alta y creciente duplicación de coberturas, masificación de la litigiosidad, acumulación de deudas con las provincias. La aceleración de la inflación llevó a una inédita licuación de las erogaciones, aliviando de manera espuria y transitoria las cuentas públicas. Pero es, desde varios puntos de vista, una situación insostenible.

Arreglar el problema llevará tiempo. Pero en él mientras tanto podemos y debemos tomar medidas que faciliten la transición. Con esta meta presenté, junto a Ricardo Lopez Murphy, el proyecto de Ley de “Transición hacia el ordenamiento previsional”. Aborda 6 puntos que resuelven los temas más urgentes y que son compatibles con el equilibrio fiscal.

El objetivo es contar con un mecanismo simple y transparente que les dé a los jubilados la tranquilidad de que el poder de compra de sus haberes se mantendrá en el tiempo. Para ello proponemos actualización mensual en base al Índice de Precios al Consumidor. La primera de estas actualizaciones se llevaría a cabo en abril, tomando en cuenta el índice de precios correspondiente a enero. Este método asegura una transición adecuada desde la fórmula actual, que hasta marzo incluyó ajustes correspondientes hasta diciembre. La experiencia alerta que no hacer un empalme correcto entre la vieja y la nueva fórmula tal como proponemos en el proyecto generará otro foco de litigiosidad.

Para recuperar al menos parte de las pérdidas acumuladas se prevé, además del bono focalizado en los haberes más bajos de hasta $70.000, un bono complementario del 20% para quienes accedieron a su jubilación sin hacer uso de la compra de aportes a través de las moratorias, que se incorporaron al sistema por el régimen general y que no reciben múltiples beneficios. Este segundo bono, que responde a estrictas razones de equidad, se mantendrá hasta la aprobación de la ley de ordenamiento integral.

La falta de claridad en las regulaciones y gestión del sistema ha provocado un aumento en los litigios. Se estima que existen 360.000 casos activos en la ANSES, además de 90.000 juicios con sentencias judiciales definitivas pendientes de pago. Asimismo, la ANSES mantiene deudas con las cajas provinciales no transferidas que data de más de 4 años. No pagar estas deudas no contribuye a la solvencia fiscal. Es un diferimiento en el tiempo del gasto que genera intereses, honorarios y en algunos casos embargos en las cuentas de la ANSES. Con el ordenamiento integral se deberían eliminar los focos generadores de litigiosidad, pero en el mientras tanto es pertinente que rápidamente la ANSES pague estas deudas.

Con la regulación de la PUAM se estableció un mecanismo para la cobertura de las personas que llegan a edad de retiro sin acumular suficientes años de servicio. En el ordenamiento integral será la instancia para perfeccionar este instrumento. Pero en el mientras tanto, por razones de equidad y financieras, corresponde no seguir otorgando beneficios a través de las moratorias.

Eliminar los artículos que regulan el régimen especial para el presidente y el vicepresidente tiene fundamentalmente un valor testimonial. Para que tenga más sustancia considero que hay que acompañarlo con modificaciones temporales en los regímenes especiales más relevantes hasta que se concrete el ordenamiento integral. Para ello se propone que el cálculo del haber en lugar de hacerlo sobre el salario bruto, sea sobre el neto. Ayuda en la transición porque permitirá ahorra recursos y una correlación más justa entre el monto de la jubilación y la remuneración en actividad. En la actualidad, se puede dar la paradoja que de bolsillo se cobre más como jubilado que como trabajador activo.

El FGS actualmente no cumple ninguna función. El proyecto de ley le asigna la función de financiar la transición hasta que se sancione la norma de ordenamiento integral del sistema. Apelando a esta fuente de financiamiento para pagar las deudas que acumula la ANSES y los bonos, las 6 medidas que se proponen en la ley de transición hacia el ordenamiento previsional son plenamente compatibles con el equilibrio fiscal.

Es prioridad abocarnos al ordenamiento integral del sistema previsional, tal como planteo el presidente en la agenda para el acuerdo del 25 de mayo. Se trata de un desafío tan importante como complejo. Estoy convencida que el camino será más fácil si previamente se sanciona la “Ley de transición hacia el ordenamiento previsional”.