Rosario se ha convertido en el campo de batalla principal de la guerra entre los argentinos de bien y los narcos. Su extensa capacidad portuaria, así como el hecho de ser de relativo fácil acceso para la droga que viene del Norte, han convertido a esta ciudad en un punto estratégico principal para el mercado de drogas ilegales.
Durante muchos años, los capos narcos siguieron organizando delitos y manejando sus bandas desde las cárceles. Hay que ponerlo con todas las letras: el kirchnerismo no hizo nada para cambiar esta realidad, tanto en el gobierno nacional como provincial, convirtiéndose en cómplice y alimentando al monstruo. Ahora, con las nuevas gestiones de Milei en la presidencia, Bullrich en seguridad nacional y Pullaro como gobernador de Santa Fe, las cosas han cambiado rotundamente.
Se han sancionado leyes para clasificar a los presos, separando a los de alta peligrosidad y perfil. Así, estos han pasado a estar aislados, sin acceso a comodidades, comunicaciones ni familiares (que, en general, son parte de las mismas bandas). Esto es lo que se hace en cualquier país serio, ya que no se les permite seguir dirigiendo sus organizaciones.
La reacción de las bandas narco ha sido tenebrosa. Se han unido para defender lo que ellos llaman sus “derechos” (es decir, seguir viendo a sus familiares para, a través de ellos, continuar dirigiendo sus organizaciones). Mientras tanto, han decidido salir a la calle a matar de forma aleatoria ciudadanos inocentes, como forma de presionar al gobierno para que ceda ante sus reclamos. Curiosa y ridícula concepción de los derechos humanos la de personas que son capaces de salir a matar inocentes al boleo para negociar beneficios. Un colectivero, dos taxistas y, recientemente, un joven playero de una estación de servicio, han pagado el precio máximo por esta práctica indescriptiblemente inhumana.
Los rosarinos saben que, aunque hagan las cosas bien, se cuiden, tomen precauciones, por el solo hecho de salir a trabajar o comprar algo, pueden ser blanco de la violencia narco, sin ningún motivo, ni siquiera para robarles. Es una clara acción de terrorismo urbano, que ataca sistemática y deliberadamente a civiles inocentes para crear un estado de conmoción, desconfianza y desesperación que les reditúe políticamente.
Dichas acciones constituyen un crimen de lesa humanidad, imprescriptible. Pero, además, son un acto de guerra contra la sociedad rosarina y argentina. Rosario es el campo de batalla principal de una guerra más amplia. Lo que suceda en esta ciudad servirá de ejemplo e inspiración para los grupos criminales de otras partes del país.
Está en juego la democracia y la libertad. Es decir, está en discusión si los argentinos vamos a poder decidir soberanamente sobre las reglas y valores de nuestra sociedad, o si quedaremos supeditados a la violencia y la voluntad caprichosa y enfermiza del crimen organizado. Es una segunda guerra de independencia, actualizada al siglo XXI, y quienes participan en ella del lado del pueblo son los próceres de nuestro tiempo.
En toda guerra hay y habrá, lamentablemente, muertes. Como han dicho las autoridades provinciales de Santa Fe, no se puede dar un paso atrás. Hacerlo significaría que todas las muertes acaecidas hasta el momento hayan sido en vano. Implicaría que los criminales tengan el poder de matar impunemente a quien se les ocurra de aquí en más. Solo podemos redoblar la apuesta, sin límite, hasta donde sea necesario.
Rosario está en guerra y necesita apoyo. Este enfrentamiento, como dijimos, no es solo de los rosarinos ni de los santafesinos. Es de todos los argentinos. Y no basta con el apoyo de la sociedad y del presidente. Urge el respaldo de todo el arco dirigente, incluidos los legisladores, gobernadores de otras provincias y jueces. No es razonable que pase un segundo más de esta guerra sin que se sancionen leyes contundentes y firmes para aplastar a las organizaciones criminales.
La mano dura no tiene por qué ser autoritaria. Sería un error establecer una dictadura o cuasi dictadura para enfrentar a los criminales. Podría dar un golpe de efecto en el corto plazo, pero, a la larga, los autoritarismos tienden a convertirse en mafias y organizaciones criminales al mando del Estado. A mayor concentración del poder, más espacios para la corrupción y la infiltración delictiva. El remedio termina siendo peor que la enfermedad.
A mediano y largo plazo, desde luego, precisamos una educación de calidad e integral, así como una economía libre y competitiva. Las nuevas generaciones deben crecer en entornos educativos de justicia, respeto y disciplina, mirando a un futuro de oportunidades.
Mientras tanto, en lo inmediato, urge más calidad democrática y representatividad que nunca, pero con leyes muy duras contra aquellos que nos declararon la guerra y nos matan como moscas. Hay muchas cosas de sentido común, aplicadas en otras partes del mundo, que cada día que pasa sin implementarlas es sangre derramada en las manos de quienes tienen el poder.
A saber, por ejemplo: declarar a las organizaciones narco que ejercen estas acciones como terroristas y habilitar la intervención y el apoyo del ejército, no solo en cuestiones logísticas; establecer a Rosario como campo de batalla de una guerra no convencional, con saturación extrema de fuerzas federales y del ejército; brindar pleno apoyo a las fuerzas de seguridad, con presunción de inocencia y derecho a disparar en caso de potencial peligro para su vida o la de un tercero; endurecer drásticamente las penas para líderes de organizaciones criminales, sicarios y quienes siguen delinquiendo desde la cárcel; establecer un significativo y automático endurecimiento de penas por reincidencia; habilitar la pena de prisión perpetua real, de por vida; sumar las penas por múltiples delitos de forma acumulativa; crear un régimen penal para menores, para desalentarlos de meterse en el mundo del crimen a edad temprana y quitarles a los narcos mano de obra fácil e impune; generar una fuerte asociación con democracias liberales que posean experiencia y capacidad demostrada en la lucha contra el crimen organizado, como Estados Unidos y Colombia.
Si los legisladores no poseen la entereza para tomar cartas en el asunto, entonces que este tipo de medidas urgentes sean sometidas a votación popular vinculante. El pueblo rosarino está demostrando una valentía admirable al elegir y apoyar a los dirigentes que se enfrentan en serio con los narcos. Estoy seguro de que todos los argentinos están dispuestos a lo mismo. Político que no lo esté, que se corra a un costado y deje actuar a la democracia de verdad.