Por qué hay que regionalizar el país

Art. 124.- Las provincias podrán crear regiones para el desarrollo económico y social y establecer órganos con facultades para el cumplimiento de sus fines y podrán también celebrar convenios internacionales en tanto no sean incompatibles con la política exterior de la Nación y no afecten las facultades delegadas al Gobierno federal o el crédito público de la Nación; con conocimiento del Congreso Nacional (...). Corresponde a las provincias el dominio originario de los recursos naturales existentes en su territorio.

(Constitución Nacional)

Abierto ya un ámbito de diálogo con las provincias, sería auspicioso que el gobierno abandone el mero reparto de fondos como único tema de discusión o negociación con los gobernadores. En cambio, debería alentar el desarrollo regional para honrar la Constitución y generar nuevos acuerdos institucionales en ese marco.

No debe obviar el Ejecutivo nacional que las provincias tienen derecho a conformar regiones y ello no puede ser impedido por el Gobierno federal.

Un ejemplo lo vemos en las provincias patagónicas que quieren discutir las asimetrías de coparticipación en un “verdadero” pacto federal y promueven la creación incluso de una Agencia de Desarrollo Patagónico para potenciar sus recursos: hidrocarburos, energía, pesca, minería y otros.

Las recientes discusiones entre el Gobierno nacional y los gobernadores de las provincias llevan a preguntarse si sus protagonistas son conscientes del contexto internacional en el cual el país debe desarrollar sus potencialidades.

Una de las restricciones más notorias de la globalización es que la integración a escala mundial del mercado financiero establece severos condicionamientos al manejo de la política monetaria y fiscal y que, a la vez, sus criterios de evaluación de la salud macroeconómica de los países influyen grandemente en la orientación de los flujos de inversión internacional.

De manera que la evolución de las economías está sujeta a un conjunto de exigencias y fluctuaciones de difícil manejo para los gobiernos. Aun cumpliendo con estas exigencias un país puede sufrir fuertes fluctuaciones producto de que otros fallen en el intento de satisfacer los estándares macroeconómicos fijados por las instituciones que califican el riesgo de capital a escala mundial.

La globalización impone muchas restricciones a los gobiernos nacionales. Frente a ello, si alguna responsabilidad primaria puede asignársele a los gobiernos en esta materia es la de mantener la cohesión física, económica y social de su propio territorio.

Esta tarea es la que previene a los países de una consecuencia de la globalización: el riesgo de la fragmentación, ya sea física, económica o social, que puede hacer que en un mismo país una parte se integre con fluidez a la globalización y otras queden marginadas.

Por lo tanto, una de las tareas prioritarias de todo gobierno contemporáneo es procurar moderar el impacto de la mundialización a partir de políticas específicas que contribuyan a una mayor y mejor integración física, económica y social del territorio.

El gobierno debe potenciar cada porción de su territorio para que en su conjunto el país esté en condiciones de constituirse en un sólido nudo de la red mundial que teje la globalización. Y un instrumento político de primer orden en este contexto ha sido la regionalización de los países.

Hay países que se han desarrollado con fuertes desequilibrios internos y que, ante el desafío de abrir su economía, deben corregirlos para evitar la instalación del fenómeno de la sociedad de dos velocidades.

No es que la apertura de las economías genere desequilibrios sino que por sí misma no puede evitar la magnificación de los ya existentes al momento del inicio de su plena integración al mundo. La estrategia de la regionalización reconoce este problema y trata de superarlo a partir de la potenciación de las ventajas que aparecen bajo las nuevas condiciones globales de producción.

El rediseño y la ampliación de la infraestructura, la capacitación de la gente para nuevas actividades y la explotación de recursos naturales antes desaprovechados son algunas tareas que han sido emprendidas con éxito por numerosos gobiernos usando como unidad de referencia de sus políticas a las regiones.

Hay que cambiar el enfoque: el eje debe ser el desarrollo regional y en ese marco discutir la producción, el empleo, la explotación de los recursos naturales, la educación, la salud, etcétera.

Es la capacidad de respuesta de la comunidad ante el desafío de la apertura al mundo lo que será decisivo para tener éxito en el futuro. Son las virtudes sociales de la gente y las condiciones territoriales las que determinarán las chances de generar prosperidad a largo plazo, ya que, más tarde o más temprano, la uniformidad de criterios de política macroeconómica será prácticamente total.

El desarrollo de las actividades mencionadas necesita de un marco institucional que facilite su despliegue. Por ello la regionalización requiere su legitimación a nivel legal.

Argentina ya contempló en la reforma constitucional de 1994 esta temática y se hace necesario avanzar en la institucionalidad de lo regional a niveles normativos que le permitan alcanzar su cabal expresión.

La tarea de regionalización debe aportar el aumento de la competitividad para incrementar la atracción de inversiones y la multiplicación de exportaciones. La reducción de costos y el fortalecimiento de un perfil productivo apoyado en la calidad, la innovación tecnológica y la organización eficiente pondrá a las regiones en situación de competir más eficazmente a escala internacional.

Desde la óptica productiva, la integración regional facilitará:

• · Proteger con armonía los intereses de las provincias que integran la región.
• · Estar en mejor posición para determinar proyectos de desarrollo regional.
• · Contar con mayor capacidad para reconvertir los recursos humanos.
• · Captar directamente fondos para la producción.
• · Impulsar la reconversión regional, teniendo como objetivo los mercados internacionales y nacionales.

Si Nación y provincias no convergen en acuerdos que promuevan la regionalización para un desarrollo más equilibrado del país, esta política puede darse en contra de los intereses nacionales y facilitar, como hemos visto, conductas secesionistas.

Como dijo recientemente un joven gobernador del Sur, “denostar a la política está mal, algunos políticos son malos, esa es la casta, pero sin política es difícil hacer las transformaciones que necesita la Argentina”.

El Presidente, ¿la ve?